La Fiscalía se opone a las salidas de Bárcenas al no devolver el dinero "adecuadamente"

La Fiscalía anticorrupción se posiciona en contra de que el extesorero del PP disfrute de permisos ordinarios de salida como viene haciendo desde el pasado abril. Hasta ahora ya ha salido dos veces de la cárcel de Soto del Real y la Audiencia Nacional le ha concedido esta semana otros tres permisos de un total de 12 días. Eso a pesar del informe en contra del ministerio público que, entre otros motivos, dice que el preso “no está satisfaciendo la responsabilidad civil adecuadamente”.

“La propia Junta de Tratamiento lo recoge”, dice el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Confidencial. En abril, Bárcenas autorizó a que su patrimonio se destinase al pago de sus responsabilidades civiles, decomisos y multas “y solo después se satisfagan las cantidades adeudadas a la AEAT (Agencia Tributaria)”. Sin embargo, “frente a ello -responde la Fiscalía- que su patrimonio se destinara a los pagos en el orden legalmente previsto, sin que sea posible eludir los pagos a la Agencia Tributaria dado que es la perjudicada en los delitos contra la Hacienda Pública”.

Según las cuentas de los fiscales, “la responsabilidad civil que debe satisfacer asciende a 5.634.058,92 euros. La cuantía total del decomiso acordado es de 1.263.527 euros y las multas a 29.364.397,99 euros”. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico precisan que lo que se tiene en cuenta a la hora de valorar la concesión de un permiso penitenciario es lo que afecta a la responsabilidad.

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B. Parera A. Requeijo P. Gabilondo J. M. Olmo

Otro de los argumentos de la Fiscalía para oponerse es la larga duración de la condena. El Supremo le impuso en octubre 29 años de prisión, pero la Audiencia Nacional fijó en 12 años el máximo de tiempo que tendrá que permanecer en prisión. Es algo que se hace con todos los internos que acumulan un amplio catálogo de delitos y se calcula multiplicando por tres la condena impuesta por el más grave cometido. En el caso de Bárcenas, fue el de blanqueo de capitales, por el que le impusieron cuatro años de prisión.

La Fiscalía recuerda también que Bárcenas tiene todavía causas pendientes con la Justicia. La más inmediata es la que le ha sentado este año de nuevo en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por la caja B del PP y el pago de las obras de la sede del partido con dinero negro. El Ministerio Público pide cinco años de cárcel para Bárcenas pero en caso de ser condenado a esa pena, no le supondría un año más de cárcel porque ninguno de los delitos suma más años por si solo el de blanqueo de capitales.

Bárcenas está cumpliendo condena en la cárcel de Soto del Real en régimen de segundo grado, el más común en las prisiones españolas. El pasado octubre alcanzó el cuarto de la condena cumplida gracias al tiempo que pasó de forma preventiva antes de ser condenado en firme por el Tribunal Supremo por su papel en la primera época de la trama Gürtel. La legislación penitenciaria le permite por tanto solicitar hasta 36 días al año fuera de la cárcel. Pero la Fiscalía apela a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para decir que “la concurrencia de los requisitos legales no comporta una concesión automática como si de una operación matemática se tratara”.

El pasado octubre alcanzó el cuarto de la condena cumplida gracias al tiempo que pasó de forma preventiva antes de la sentencia en firme

El extesorero del PP pidió su última salida el pasado 12 de abril y la cárcel dio el visto bueno teniendo en cuenta que, frente a la tesis de la Fiscalía, “se encuentra abonando la responsabilidad civil”. El Juzgado de Vigilancia Penitenciario de la Audiencia Nacional lo aprobó definitivamente el juez en una resolución avanzada por este periódico. Valoró su buena conducta en prisión, que no hay riesgo de fuga pese a sus causas todavía pendientes y su arraigo familiar en el exterior. También el hecho de haber salido ya dos veces sin incidentes.

La Fiscalía se opuso inicialmente a esas salidas alegando motivos similares a los actuales. Sin embargo, cuando el Juzgado le concedió los permisos, el Ministerio público declinó la opción de agotar la posibilidad de recurso ante la Sala de lo Penal para impedir la salida del extesorero.