La Audiencia abre juicio a los Pujol Ferrusola e impone una fianza de 7,5 M al primogénito

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley y sus siete hijos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda pública y frustración de la ejecución. En un auto fechado el 15 de junio, el juez Santiago Pedraz acuerda abrir juicio oral contra el clan y otras 11 personas, requiriendo además al primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, que deposite una fianza de 7,5 millones de euros en 10 días para cubrir las responsabilidades civiles que puedan derivarse del procedimiento. Su esposa, Mercé Gironés, tendrá que hacer lo propio con otros 400.000.

El 16 de junio de 2020, el anterior instructor ya propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas. Parte de los hechos investigados coincidieron con la etapa de Pujol como presidente catalán entre 1980 y 2003, tiempo en el que dirigió las actividades de la familia junto a su mujer, Marta Ferrusola. En el caso de ella se ha acordado el sobreseimiento por motivos de salud.

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La Fiscalía Anticorrupción pide para Jordi Pujol Ferrusola 29 años de cárcel y para su mujer 17. Por debajo queda su padre y expresidente de la Generalitat, para el que pide nueve. En cuanto a Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia, pide 14 años de cárcel para el primero y ocho para el resto. El escrito de la Fiscalía termina entonces apuntando a una serie empresarios a los que acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documento mercantil, con lo que pide cinco años de cárcel para ellos y multas que, en el caso más alto, rozan los 50 millones de euros.

"Jordi Pujol Soley acordó con su cónyuge, Marta Ferrusola, que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus hijos", sostiene Anticorrupción. "El acusado Jordi Pujol Soley aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol Soley y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC".

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A esto se añade que "el patrimonio ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo", labores en las que intervinieron otros miembros de la familia "de manera coordinada a lo largo de muchos años". Según explica Anticorrupción, los padres dirigían las operaciones; el primogénito, su mujer y su hermano Josep gestionaban la actividad, y el resto se beneficiaba "directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación". Todo ello mediante "paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo".

La Abogacía del Estado, sin embargo, no incluye en su escrito de acusación ninguna petición de cárcel para el expresidente catalán, limitándose a pedir años de prisión para dos de sus hijos: 25 años para el primogénito y cuatro para Josep. Los delitos que les imputa son los de falsificación en documento mercantil, contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y frustración a la ejecución. También solicita 17 años y medio para la mujer del primero y la cantidad de 7.768.127 euros a ambos en concepto de responsabilidad civil. El documento tan solo cita en dos ocasiones a Jordi Pujol, quien a lo largo de estos años tampoco llegó a ingresar en prisión provisional.

La herencia del abuelo

En junio de 2020, ante al argumento esgrimido por la familia de que la fortuna procede de la herencia de un abuelo, el entonces juez instructor, José de la Mata, ya destacó que no existen indicios sólidos para acreditar ese origen: “A lo largo de la investigación, no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular”.

La familia negaba conocer el lugar en el que estuvo el legado, los bancos por los que pasó, cómo llegó a Andorra o la cuenta y productos financieros en los que estuvo invertido, lo que llevaba al juez a descartar esta tesis: hasta que llegaron a los tribunales, los Pujol Ferrusola jamás se preocuparon por la supuesta herencia y, una vez investigados, pusieron supuestas excusas de todo tipo, “de modo que la confabulación y la organización se extiende hasta el día de hoy”.

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Frente a estas lagunas a la hora de explicar su fortuna, el magistrado explicaba que, al menos en ocasiones, el origen de los fondos se encuentra en los pagos millonarios realizados por terceras personas, en su mayor parte empresarios, que después se disimulaban bajo estructuras societarias y utilizando paraísos fiscales. A cambio, De la Mata sostiene que otorgaban todo tipo de favores a lo largo y ancho de Cataluña, desde adjudicaciones hasta cambios de calificación urbanística.

Su poder llegaba a tal punto que, según explicaba su auto, los empresarios a veces pagaban a la familia para "congraciarse", sin buscar más beneficio a corto plazo que el de tejer una buena relación con ellos.