Fin al gran pelotazo de Pontevedra: de recibir a Norman Foster a perder 40 M en 5 meses

El 30 de mayo de 2005, el avión privado de Norman Foster aterrizaba en Vigo procedente de Mánchester. El prestigioso arquitecto y cuatro colaboradores conocían sobre el terreno una zona portuaria de Cangas en la que debía diseñar lo que entonces se calificó de “hito urbanístico mundial”: la transformación de la antigua fábrica de conservas y factoría ballenera de Massó en un complejo de lujo con puerto deportivo, gran hotel, viviendas y el futuro museo de la ballena. Eran los años de la burbuja inmobiliaria, y también —como se confirmaría después— de los negocios dudosos de las cajas gallegas. Los detalles del presunto pelotazo aparecen relatados en una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en la que se detalla cómo provocó en la entidad de ahorro unas pérdidas de 40 millones de euros en apenas cinco meses.

Caixanova no entró oficialmente en el supuesto negocio hasta enero de 2006, pero aquel mayo de 2005 ya ejercía de anfitrión en la visita a Vigo del arquitecto británico, que fue agasajado en el pazo de San Roque, propiedad de la caja. En aquellos días, el proyecto estaba impulsado oficialmente por una empresa llamada Atlántico Construcciones y Promociones, propiedad de Ubaldino Rodríguez, empresario afín al personaje que mandó en la institución viguesa desde 1965 hasta su disolución en 2010: Julio Fernández Gayoso. El matrimonio empresarial de Atlántico Construcciones y Caixanova arrancaría unos meses más tarde, cuando constituyen al 50% Complejo Residencial Marina Atlántica, con el único objetivo de desarrollar el deslumbrante proyecto.

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De 19 a 53 millones de euros

Tal y como recoge la sentencia de la Audiencia provincial —que desestima las pretensiones de la empresa respecto a lo que hoy es Abanca, el banco heredero de las cajas gallegas—, la sociedad que Ubaldino Rodríguez compartía con su mujer compró los terrenos de la antigua conservera en abril de 2006 por 19,3 millones de euros, para vendérselos en octubre a la sociedad creada con Caixanova por 53 millones. Esta, además, era perfectamente conocedora del precio pagado por Atlántico Promociones, ya que financió con generosidad la operación con un préstamo inicial de 10 millones en 2006 y otros dos de 15 y 5,8 millones el año siguiente. En noviembre de 2010, le renovaría la póliza de crédito.

Los promotores hicieron todo lo posible por presentar un proyecto deslumbrante, aunque el compromiso de Foster nunca pasó de aquella visita a la zona, convenientemente difundida. Con una inversión de 151 millones de euros, ocupaba una superficie de 28.000 metros cuadrados, otros 90.000 de lámina de agua y 27.000 más de rellenos portuarios. Allí se construirían una marina con 450 plazas de amarre y un hotel de cinco estrellas que pretendía ser una referencia arquitectónica mundial. Las instalaciones se complementarían con una gran urbanización de 750 viviendas y un centro comercial en la antigua nave conservera. Al lado del hotel, estaba prevista la construcción de un museo de la ballena, en homenaje a la antaño pujante industria de la ballena en Galicia.

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La idea contó con toda la simpatía del Ministerio de Medio Ambiente, de la Xunta y, muy especialmente, de la Autoridad Portuaria de Vigo, que dio su visto bueno al gran puerto deportivo. Pero la Justicia acabaría declarando la ilegalidad de la concesión administrativa. Fue en abril de 2013, tras ocho años de protestas de vecinos y pescadores, que lograron que el Tribunal Supremo anulara en casación una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que en 2009 no solo daba la razón al puerto de Vigo, sino que incluso criticaba la actitud “harto contumaz litigante” de la cofradía de pescadores. El permiso no se debía haber aprobado porque el terreno afectado es un área de uso industrial, argumentó el TS, que zanjaba: “No cabe otorgar la concesión para construir un puerto deportivo de las características que constan en el acuerdo impugnado”.

Abandono total de la zona

El presunto pelotazo se desinfló, y ahora será la Audiencia pontevedresa la que juzgará el fondo del asunto, después de que la Audiencia Nacional se inhibiera en su favor en octubre de 2020, ya que “los hechos objeto de acusación se habrían cometido, íntegra e indiscutiblemente, en Pontevedra”. Pero en su paso por la AN, el juez José de la Mata ya apuntó que la antigua cúpula de Caixanova y Ubaldino Rodríguez diseñaron la operación “específica y deliberadamente” para que el coste financiero fuera asumido por la caja, de forma que Atlántico de Construcciones se limitaba a inyectar en el proyecto las cantidades que recibía de la institución que dirigía Gayoso.

De ese modo, "todo el riesgo de la operación (altísimo ante la situación urbanística de los terrenos, que imposibilitaba el desarrollo pretendido) y las consiguientes pérdidas, que superaron los 43 millones de euros", corría "a cargo de Caixanova". De la Mata calificó los hechos de delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social y de apropiación indebida.

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El fallo de la Audiencia provincial ahora conocido revela que el 31 de diciembre de 2012, cuando las cajas fusionadas habían dado lugar a Nova Caixa Galicia, Marina Atlántica SL adeudaba 25 millones de euros a esa entidad. El proyecto se frustró definitivamente unos meses más tarde, cuando el Tribunal Supremo anuló la concesión administrativa. El fallo del TS provocó una fuerte caída en el valor de los terrenos, que en diciembre de 2014 quedaban tasados en 2,5 millones de euros. Así, a 31 de diciembre de 2014, el balance de la entidad que habían liderado Gayoso y su amigo Ubaldino Rodríguez arrojaba un pasivo de más de 40 millones de euros, al incrementarse el montante de la deuda por los intereses moratorios y disminuir el valor teórico asignado a los activos.

Esa empresa, Atlántico Construcciones y Promociones, vendió en 2015 sus acciones por un euro a Abanca, heredera de Nova Caixa Galicia, que saldaría las deudas con la inyección de liquidez, lo que en la práctica supuso una pérdida contable de 40 millones de euros, según señala la sentencia de la Audiencia Provincial.

Los avatares del supuesto intento de pelotazo han provocado el abandono de la pieza fundamental de la zona, la fábrica de Massó, uno de los ejemplos más espectaculares de arquitectura industrial del siglo XX en Galicia y con notables valores estéticos e históricos. Su estado actual es de abandono total, lo que ha motivado su inclusión en la lista roja del patrimonio, una iniciativa de la asociación Hispania Nostra en la que se incluyen los bienes de toda España que se encuentran en peligro de desaparición o destrucción.