Dolores Delgado tendrá que abstenerse en la decisión sobre si recurrir los indultos

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no podrá participar en la toma de decisión sobre el posicionamiento que adopte la Fiscalía respecto a los indultos que el Gobierno concederá a los presos del 'procés'. El Ministerio Público es una de las partes del procedimiento legitimada para impugnar la decisión ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y, de la mano de los fiscales del caso, mostró un rechazo contundente a su concesión. Ahora, el departamento debe decidir si recurre en consonancia con ese criterio o no lo hace. La máxima responsable de la institución deberá inhibirse, al darse en su caso una doble causa de abstención.

En primer lugar, Delgado no podrá opinar debido a que, en su etapa como ministra de Justicia, formó parte del Ejecutivo del que ahora depende de forma exclusiva la decisión. La Ley Orgánica del Poder Judicial indica que aquellos jueces y magistrados o funcionarios de otros cuerpos como el fiscal tendrán que apartarse en todos los asuntos en que sean parte "partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público". En segundo lugar, la misma norma indica que tendrán que abstenerse si hubieran "participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito". Es el caso de Delgado, que dirigía el departamento de Justicia durante el juicio oral en el que la Abogacía del Estado, dependiente de su ministerio, acusaba por sedición.

TE PUEDE INTERESAR

Dudas en el Supremo sobre la legitimación del PP y Vox para recurrir los indultos

Beatriz Parera

La decisión sobre el recurso recaerá así en el departamento de lo Contencioso de la Fiscalía del Tribunal Supremo. En este caso, no son los cuatro fiscales del 'procés', del orden penal, los que analizarán un hipotético recurso. Este se presentaría ante la Sala Tercera y, por ello, depende de otra especialidad. El área estaba dirigida hasta hace solo unas semanas por el fiscal Pedro Crespo, que ha abandonado su plaza tras ser designado jefe del Ministerio Público en el Tribunal Constitucional. Delgado tiene pendiente cubrir esta vacante, cuyo futuro ocupante será designado a propuesta de ella, oído el consejo fiscal.

No es la primera vez que Delgado se abstiene respecto a asuntos vinculados con el 'procés'. La fiscal general no participó en la decisión de recurrir, en dos ocasiones, la concesión del tercer grado anticipado para los políticos catalanes presos. Se encontró con el mismo conflicto de intereses en el caso de las querellas del covid y, en aquella ocasión, no intervino en la decisión respecto a qué criterio debía defender el Ministerio Público ante las distintas denuncias y querellas presentadas contra el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo por su gestión de la crisis sanitaria.

TE PUEDE INTERESAR

Una reforma provocada por Garzón apartará a la fiscal general del 'procés'

Beatriz Parera

Fuentes fiscales consultadas por El Confidencial aseguran que es prematuro pronunciarse en este momento sobre la postura de la Fiscalía. Aunque recuerdan que el Ministerio Público no ha recurrido nunca la concesión de un indulto, señalan que hasta que sean aprobados por el Consejo de Ministros y queden publicados los argumentos empleados en cada caso, no es posible anticipar una decisión.

¿Unidad de actuación?

Otras fuentes destacan que entre los principios de actuación de la Fiscalía se encuentra la unidad de actuación, ideada para mantener una actuación unificada tanto en todo el territorio nacional como entre las distintas especialidades. En su informe, los cuatro fiscales del 'procés' no se limitaron a oponerse a la concesión del indulto, sino que concluyeron que no existen para concederlo motivos de justicia, equidad y utilidad pública.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía se opone al indulto a los presos del 'procés' y avisa ante acuerdos "políticos"

Beatriz Parera

En opinión de Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, un indulto a los políticos encarcelados iría en contra de la Constitución, que prohíbe que un Gobierno se autoindulte ante delitos de traición o contra la seguridad del Estado. Apuntaban que la concesión del mismo puede responder a parámetros no de justicia, sino de "moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios".

Los fiscales, que acusaban por un delito de rebelión, señalaban la gravedad de los hechos y no dudaban de la proporcionalidad de las condenas. "Extinguir total o parcialmente las penas que mereció la gravedad del delito cometido equivaldría a banalizar una grave, por intensa y extensa, sedición que afectó a la democracia representada por la Constitución, a los cauces democráticos de expresión colectiva y a la unidad del Estado", indicaban.