Una reforma provocada por Garzón apartará a la fiscal general del 'procés'

La intervención de la futura fiscal general del Estado en asuntos como el 'procés' está en duda. Miembros de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han alertado en los últimos días de que en Dolores Delgado, exministra de Justicia, concurren causas de abstención reflejadas en la ley cuya interpretación provocaría que debiera apartarse del conocimiento de las causas judiciales vinculadas con el proceso independentista.

La clave se encuentra en dos de los puntos de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los que se prevé como motivo de inhibición el hecho de haber ocupado un cargo público "con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo". El conocimiento alcanzado desde la cartera de Justicia de la que depende, sin ir más lejos, la Abogacía del Estado, parte en los procedimientos vinculados con el 'procés', sería así motivo para que la nueva máxima responsable del Ministerio Público se viera obligada a renunciar a dar instrucciones en este terreno.

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Beatriz Parera

La previsión legal, según recuerdan fuentes jurídicas, se incluyó entre las causas de abstención tras el caso de un conocido juez, ahora inhabilitado, que recaló durante un corto espacio en la política: Baltasar Garzón. El exmagistrado dio en 1993 el salto a las listas electorales del PSOE, de la mano de José Bono. Se le incluyó en las últimas elecciones a las que se presentó Felipe González con el número dos por Madrid.

Sin embargo, el cambio de la toga por el escaño no salió como preveía el juez al que une una estrecha amistad con la exministra de Justicia propuesta para llevar las riendas de la Fiscalía en medio de fuertes críticas. La incursión venía acompañada de la promesa hecha al juez para que ocupara la cartera de Interior y nunca llegó a concretarse. La responsabilidad recayó en otros mientras a él se le nombraba delegado del Plan Nacional contra las Drogas. La decepción le condujo a regresar a su puesto en la Audiencia Nacional desde donde dirigió durante años el Juzgado Central de Instrucción 5.

El cambio de la toga por el escaño no salió como preveía el juez al que une una estrecha amistad con la exministra de Justicia

La vuelta coincidió con una reactivación del caso de la misma mano del hombre que había ocupado responsabilidades en el departamento de Interior socialista. El coste de los GAL para el PSOE fue indudable. La instrucción tras el regreso alcanzó hasta el exministro José Barrionuevo y el ex director general de Seguridad Rafael Vera que resultaron condenados a una pena de 10 años por el secuestro de Segundo Marey. Vera llevó incluso el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le dio la razón respecto a la falta de imparcialidad del magistrado instructor.

Como adelantó El Periódico de Cataluña, la necesaria abstención reflejada en la norma sería aplicable a Delgado si pretendiera dar una instrucción concreta a los fiscales del 'procés' en contra de su criterio. Los responsables podrían esgrimirla en discrepancia ante la Junta de Fiscales de Sala donde también se revisarían la oposición a órdenes que no consideraran ajustadas a la legalidad en aplicación del artículo 27 de Estatuto del Ministerio Fiscal.

En su reciente Pleno sobre la idoneidad de Delgado, esta cuestión fue una de las señaladas por los siete vocales que se pronunciaron en contra de la propuesta de Pedro Sánchez. En su voto particular destacaron como dificultad que su dirección se verá dificultada por el hecho de que tendrá que abstenerse de intervenir en aquellas cuestiones que haya conocido como ministra de Justicia.