El aval de Sánchez y el 'procés' dan alas a la abogada del Estado para repetir en el cargo

El éxito de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, en el 'procés' le ha valido el aval de Pedro Sánchez. Tanto, que fuentes del sector dan por segura su continuidad ante el alud de cambios previstos en el Ministerio de Justicia con la llegada de Juan Carlos Campo para reemplazar a Dolores Delgado. Castro ha sido muy atacada por Vox, que incluso le ha presentado una querella, lo que también respalda su continuidad. Con Delgado en la Fiscalía General del Estado y Castro al frente de la Abogacía, la sintonía sería total en la cúpula de los dos cuerpos.

La relación entre Juan Carlos Campo y Dolores Delgado no es la mejor, y por eso en el sector jurídico se anticipa un relevo importante de altos cargos en el ministerio después de que Delgado haya sido nombrada fiscal general. Pero hay un puesto que sigue como fijo en las quinielas: el de Consuelo Castro. La abogada general del Estado ha tenido una abrupta legislatura, especialmente con el 'procés' y con la salida del antiguo abogado del Estado jefe de lo Penal, Edmundo Bal, que se negó a retirar las alusiones a la violencia, como le pedía la superioridad. El papel de la Abogacía, y no el de la Fiscalía, siempre fue la baza del Ejecutivo para negociar con el independentismo.

Sus críticos señalan que se ha plegado a los deseos del Gobierno. Sus defensores, que ha tenido una dura oposición interna en el cuerpo

Castro tiene enfrente a parte del cuerpo de abogados del Estado, tradicionalmente muy conservador. Pero tras las críticas de Vox, que anunciaba querellas contra la Abogacía por el escrito sobre el posible permiso a Oriol Junqueras, pidió y logró un comunicado de la Asociación de Abogados del Estado pidiendo acabar con las intromisiones en su trabajo. Sus críticos señalan que se ha plegado a la ministra y sus defensores, que ha sufrido una brutal oposición interna, con abogados del Estado en la oposición como Bal, en Ciudadanos, y Macarena Olona, en Vox.

La abogacía se ha visto sacudida por el 'procés' en toda la legislatura. Castro relevó a Bal y firmó el escrito de acusación del 'procés', en el que descartaba la rebelión y acusó por sedición. Al final, la sentencia del Supremo asumió ese criterio y dejó un respaldo expreso al trabajo de la Abogacía al tratar el tema de las costas. "En cuanto al contenido, las costas de la acusación particular [Abogacía del Estado] han de ser incluidas en la condena en la proporción indicada. Su intervención en el proceso, lejos de ser perturbadora, ha sido correcta, coadyuvando al ejercicio de la acción penal, guardando además la condena homogeneidad con sus pretensiones".

Además del 'procés', ha tenido otros sobresaltos internos, como la fallida personación en el caso del Ivima que anunció Pedro Sánchez, el cambio de postura sobre el mantenimiento de la papelera de Ence en Pontevedra o un vaivén de opiniones sobre si Hacienda podía dar la financiación a las comunidades con el Gobierno en funciones. Pero fue la postura de la Abogacía sobre si Junqueras podría acudir a recoger su acta de eurodiputado lo que más ruido generó en un cuerpo hasta hace poco en un segundo plano. Pero la acusación del 'procés' y su validación en la sentencia del Supremo le ha valido el apoyo de Sánchez que, según fuentes del sector, ha pedido a Campo que la mantenga en su puesto.

Vox ha presentado una querella por prevaricación, obstrucción a la Justicia y deslealtad contra Castro y otros abogados del Estado que participaron en la posición de la Abogacía sobre Junqueras. La querella no tiene ningún viso de prosperar y además supone otro puntal a favor de la continuidad de Castro. En el cuerpo, ha sentado mal esa querella por estar impulsada por Macarena Olona, abogada del Estado en excedencia.