a la espera del escrito sobre junqueras

Los abogados del Estado rechazan "presiones y amenazas" para influir en su informe

"Ante las recientes informaciones publicadas", dice el comunicado, la Asociación "rechaza cualquier intento de presión y especialmente de amenaza"

Foto: La Abogacía del Estado dispone de hasta el día 2 de enero para presentar su escrito. (Foto: Reuters)
La Abogacía del Estado dispone de hasta el día 2 de enero para presentar su escrito. (Foto: Reuters)

La Abogacía del Estado mantiene en vilo la actualidad política española a la espera del informe requerido por el Tribunal Supremo tras la decisión de Luxemburgo sobre la inmunidad de Junqueras. Y en medio del huracán político, la Asociación de Abogados del Estado, que representa a la práctica totalidad de los abogados del Estado españoles, ha dado un paso adelante para defender su autonomía y ha emitido un comunicado en el que aseguran que "rechazan cualquier intento de injerencia o presión" que tenga por intención desvirtuar el ejercicio de sus funciones. Es la primera vez que este cuerpo se pronuncia sobre posibles presiones por parte del Gobierno.

"Ante las recientes informaciones publicadas", dice el comunicado, la Asociación "rechaza cualquier intento de presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado". En un comunicado sin precedentes, los Abogados del Estado niegan así las injerencias de las que se ha acusado al Gobierno para que el informe que tiene que emitir favorezca la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE y ERC siguen enfrascados en las negociaciones para que los republicanos faciliten que el líder socialista sea de nuevo presidente del Gobierno. Aún no hay fecha para la investidura—aunque el Ejecutivo en funciones no descarta que se logre antes de Reyes— pero depende en gran medida de este escrito, una decisión en la que ERC espera ver "un gesto" que facilite el diálogo y, por tanto, el sentido de su voto.

"Somos profesionales"

En el texto que se ha publicado este domingo, los miembros del cuerpo público aseguran ser "profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición", una labor que hacen para "garantizar el sometimiento a la Ley" que, explican, "es lo que nos une". Por eso, han querido dejar claro que actúan en los escritos procesales e informes "con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos".

Este comunicado responde al malestar que ha generado entre los Abogados del Estado las declaraciones políticas de los últimos días, entre ellas la de la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, quien solicitó el viernes al Ministerio de Justicia, la Abogacía del Estado y el Ministerio de Presidencia que aporta formalmente los borradores de trabajo y el informe final. Es más, los diputados de Vox quieren que se les detalle expresamente "en relación con cada borrador, el nombre y cargo de la persona remitente, el nombre y el cargo de la persona receptora, el día y hora de remisión y el día y hora de recepción".

El pasado 19 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo del pasado mes de mayo y gozar "desde ese mismo momento" de inmunidad para poder asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) el 2 de julio. La corte con sede en Luxemburgo deja no obstante en manos del Tribunal Supremo español "apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza" Junqueras por el artículo 9 del protocolo sobre privilegios e inmunidades de la UE, de acuerdo al derecho europeo, ahora que el exvicrepresidente del Govern ha sido condenado por el Supremo a 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta por el delito de sedición.

La Fiscalía tardó apenas unas horas en reaccionar al fallo del tribunal europeo, oponiéndose a la excarcelación del líder de ERC y solicitando a la Sala que lo juzgó la ejecución inmediata de su pena de inhabilitación como europarlamentario. La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, señaló este viernes que las alegaciones de la Abogacía "no determinan a punto final la decisión del Tribunal Supremo", cuyos servicios jurídicos estarán estudiando también cómo aplicar el fallo del tribunal de Luxemburgo. Celaá explicó que el retraso del pronunciamiento de la Abogacía -l resto de las partes personadas en el juicio del 'procés' ya se han manifestado- responde al "estudio profundo" que este órgano está haciendo respecto de una sentencia "novedosa" del Tribunal de Luxemburgo que "cambia la doctrina" que había hasta el momento, según la cual cada Estado miembro de la UE decidía en qué momento sus nacionales elegidos en los comicios al Parlamento Europeo obtenían la condición de eurodiputados.

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