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Delgado se apartará de las querellas al Gobierno pero sin consultar a la cúpula fiscal
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Delgado se apartará de las querellas al Gobierno pero sin consultar a la cúpula fiscal

La fiscal general "no tocará un papel" relacionado con denuncias contra sus antiguos compañeros de Ejecutivo, pero rechaza consensuar el criterio en la Junta de Fiscales de Sala

Foto: La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (EFE)
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (EFE)
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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no intervendrá en la decisión respecto a qué criterio debe defender el Ministerio Público ante las distintas denuncias y querellas presentadas contra el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo por su gestión de la crisis del covid-19 y que centraliza el Tribunal Supremo. Fuentes de su departamento aseguran que la que fuera ministra de Justicia "no tocará un papel" relacionado con las acciones penales dirigidas contra sus anteriores compañeros, al considerar que concurren en este caso causas de abstención.

Los motivos para inhibirse se encuentran reflejados en la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se prevé, como motivo para apartarse de determinados asuntos, el hecho de haber ocupado un cargo público "con ocasión del cual haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo". En este caso, y durante su etapa como ministra, Delgado no intervino en nada relacionado con la crisis sanitaria —posterior a su mandato—, pero su simple cercanía a los miembros del Ejecutivo se considera ya motivo suficiente para que no sea consultada sobre el criterio a adoptar.

Foto: La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (EFE)

No obstante, la fiscal general no se plantea solicitar su opinión a la cúpula fiscal y serán los fiscales a los que se designe para llevar los asuntos los que abordarán cada uno de ellos siguiendo su criterio particular. En el Tribunal Supremo, el reparto de los procedimientos no sigue un orden predeterminado. Es decir, no se asigna a cada miembro de la Fiscalía un caso u otro por azar, por ejemplo, siguiendo el número de diligencias, como ocurre en otros tribunales, sino que se atribuyen valorando las cargas de trabajo o la especialidad de cada fiscal de entre la treintena que integran el departamento. Pesa en la decisión la opinión del teniente fiscal, Luis Navajas, y de los actuales tres jefes de Penal.

Un sector de la Fiscalía considera que este sistema tiene agujeros. Propicia, aseguran, que se ponga en duda la independencia de las decisiones y que sean personas más afines a una determinada postura las que se hagan cargo de las causas. Este es uno de los motivos por los que algunos fiscales defienden que, en un asunto de esta trascendencia, debe ser la Junta de Fiscales de Sala quien siente el criterio por mayoría. Con esta unificación, explican, se establecería la opción tras oír a los especialistas, para que la respuesta ofrecida sea "rigurosa y técnica".

placeholder La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (EFE)
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (EFE)

Fuentes de la Fiscalía General no comparten, sin embargo, esta opinión. Recuerdan que en otros asuntos de especial relevancia, como la causa del 'procés', no se recabó la opinión de todos los fiscales de Sala. "Unificar criterios no significa colectivizar decisiones, ni que la Fiscalía tenga una visión democrática de los asuntos", dicen y añaden que la propuesta de consultar a la cúpula es minoritaria entre los miembros de la carrera.

Mientras tanto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo continúa acumulando denuncias y querellas. Desde que se inició la crisis sanitaria, ya superan el medio centenar las acciones penales reclamadas por colectivos, partidos, familiares de víctimas o particulares contra cargos políticos por la gestión estatal frente a la pandemia. No van solo contra el Gobierno de la nación sino también contra gobiernos autonómicos como el de Madrid.

División por el fondo

Las numerosas querellas pueden dividirse por los hechos denunciados. Algunas de ellas se presentaron por la manifestación del Día Internacional de la Mujer y la decisión de no prohibirla solo unos días antes de la alarma, otras, por la ocultación de información y sus consecuencias: contagios generados por falta de datos. También se han denunciado el retraso en la compra y distribución de material de protección, la opacidad en las compras del mismo o de test y respiradores. Las muertes en las residencias de ancianos por la 'selección' de pacientes en las UCI y el rechazo de los ancianos con patologías previas o edades avanzadas también se han denunciado de forma masiva.

Hasta el momento, la Sala de lo Penal del alto tribunal no se ha pronunciado sobre estas decenas de denuncias y querellas, y tampoco ha solicitado al Ministerio Público que le informe sobre su postura frente a las mismas. Es previsible que ese trámite se lleve a cabo en las próximas semanas.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no intervendrá en la decisión respecto a qué criterio debe defender el Ministerio Público ante las distintas denuncias y querellas presentadas contra el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo por su gestión de la crisis del covid-19 y que centraliza el Tribunal Supremo. Fuentes de su departamento aseguran que la que fuera ministra de Justicia "no tocará un papel" relacionado con las acciones penales dirigidas contra sus anteriores compañeros, al considerar que concurren en este caso causas de abstención.

Fiscalía General del Estado Dolores Delgado
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