Denuncian por estafa a Javier Botín por la venta millonaria de Vitaldent

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) investiga ya uno de los mayores pelotazos de la última década, la adquisición de Vitaldent por parte del financiero Javier Botín —hijo del fallecido banquero Emilio Botín y hermano de la actual presidenta del Santander, Ana Patricia Botín— en noviembre de 2016 y su posterior venta apenas unos meses después por 14 veces más. La magistrada Carolina González ha admitido a trámite la querella presentada por Javier Arteaga, que poseía el 20% de las clínicas y que, junto a Ernesto Colman, dueño del restante 80% y propietario de la marca, ingresaron en prisión en febrero de 2016 en el marco de la denominada operación Topolino, coordinada por la Audiencia Nacional, que investigaba unos supuestos delitos contra la Hacienda Pública que la propia Agencia Tributaria a día de hoy aún no ha localizado.

Arteaga, que se ratificó en su querella el pasado 4 de mayo, sostiene que Botín y sus socios urdieron un plan a través de empresas interpuestas para adquirir sus franquicias a un precio muy por debajo del que estaban valoradas en el mercado aprovechando la situación de desventaja en la que se encontraba el propietario, que en ese momento se encontraba en prisión provisional. El querellante alega que Botín incurrió en un delito de estafa, en otro de extorsión, en un tercero de alteración del precio de las cosas y en un cuarto de evasión de impuestos en la operativa que planificó para comprarle los establecimientos que Arteaga tenía, sobre todo en Canarias, y que operaban bajo la marca Vitaldent.

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El dueño del fondo de inversión JB Capital Markets adquirió la firma y todas las franquicias que poseía Colman por 18,5 millones de euros justo después de que la mercantil fuera intervenida por la Audiencia Nacional. Tras esta compra, quiso hacerse también con la veintena de clínicas que poseía Arteaga con el fin de evitar que estas siguieran funcionando bajo la marca Vitaldent pero sin su control. Por eso, ofreció al propietario un acuerdo con un precio de compra fijo y otro sujeto al devenir de los resultados que tuviera la compañía en los meses siguientes. Según el grupo liderado por Botín, la sociedad que aglutinaba a los locales de Arteaga —que habían sido los más rentables del grupo hasta ese momento— comenzó a dar pérdidas, lo que forzaba una considerable rebaja del precio que el financiero tenía que pagar.

La historia, sin embargo, según ha puesto sobre la mesa del juzgado el querellante, fue bien diferente. El empresario argumenta que Botín y sus socios crearon un grupo de empresas instrumentales para sustituir a las que utilizaba el dueño de las clínicas canarias para cobrar el dinero que prestan los bancos a los clientes de Vitaldent para financiar los tratamientos dentales, pues un porcentaje muy alto de los servicios es habitualmente abonado por los usuarios por medio de un crédito. A través de este sistema de sociedades interpuestas, sostiene el querellante, los compradores desviaron los ingresos que teóricamente tenían que ser para Arteaga.

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Según el propietario de las franquicias adquiridas, Botín —gracias a su capacidad de influencia en el sector crediticio— presionó a las financieras para que no concedieran préstamos a las empresas de Arteaga y derivaran a los clientes a esas sociedades creadas por el propietario de JB Capital Markets. Los profesionales trabajaban, los clientes recibían los tratamientos, las financieras prestaban el dinero, pero quien lo recibía no era Arteaga, sino los nuevos dueños de Vitaldent, según argumenta el querellante, que sostiene que de este modo Botín podía esgrimir que las sociedades adquiridas no tenían beneficios, lo que automáticamente rebaja el precio de compra, que estaba sujeto a los resultados en virtud del pacto que ambas partes habían suscrito.

De esta forma, insiste el denunciante, JB Capital Markets lograba mantener las cuentas finales de la compañía matriz, pues el dinero se ingresaba a través de estas nuevas sociedades, lo que le permitió mostrar a sus potenciales compradores que el grupo seguía funcionando como un tiro. Arteaga alega que el proceso que llevó a esta situación duró varios meses, durante los que no se percató de lo que a su entender era una operativa perfectamente planificada. Primero, explica el querellante, él asistió a reuniones con otros franquiciados en los que los representantes de la compañía compradora explicaban que estaban negociando con Bankinter, Bankia y otras entidades de primer nivel para articular mecanismos de financiación que facilitaran continuar con el modelo de negocio.

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Más tarde, sin embargo, se percató de que estas nuevas entidades le denegaban los créditos a sus clientes, lo que le llevó a protestar ante sus nuevos dueños, que le explicaron que las financieras no confiaban en él por todo el asunto de la intervención judicial, por lo que se tornaba necesario crear otras sociedades. Su sorpresa llegó, según alega, cuando el dinero no acababa en sus bolsillos, pues estas nuevas mercantiles no trasladaban los fondos a quien los había ganado mediante la prestación de tratamientos dentales. Botín finalmente desembolsó algo más de siete millones de euros por las clínicas de Arteaga, una cifra que, sumada a los 18,5 millones que el financiero pagó a Colman por su parte, arrojaba un total de unos 25,5 millones. Dos años y medio después, el dueño del fondo de capital riesgo vendió el imperio Vitaldent por 350 millones de euros, 14 veces lo que había abonado.

Sin embargo, no es este "engaño" el único ilícito que el denunciante atribuye a Botín y a sus socios, los directivos Rafael Garabito —administrador de Odontos Holding, la sociedad creada 'ad hoc' en 2016 para llevar a cabo la compra de Vitaldent—, Javier Martín, CEO de la compañía, y Ernesto Canudo, director financiero. La querella, presentada por el despacho Valerio Abogados, acusa a todos estos empresarios de haber incurrido en un delito fiscal por posible evasión de los impuestos derivados de las plusvalías que se embolsó Botín en la operativa. El escrito, de hecho, pide al juzgado que investigue a la mercantil Nueva Azil, una de las sociedades patrimoniales que a su entender podría haber recibido los fondos derivados de la venta.

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Esta empresa tiene como administrador único a Christian Young Myoung Snin, que está vinculado a la sociedad afincada en Malta Yodta Lata Limited, creada en diciembre de 2011, que aparece en los Papeles de Panamá, los documentos analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y publicados por El Confidencial y otros 109 medios de comunicación de todo el mundo en 2016. Estos documentos ponían en evidencia los datos sobre sociedades ubicadas en paraísos fiscales que manejaba la firma de abogados Mossack Fonseca, especializada en la creación de entramados empresariales con la finalidad de ocultar la identidad de los propietarios últimos de compañías para sortear al fisco de sus respectivos países.

El propio Botín, según publicó El Confidencial precisamente con base en la investigación de los Papeles de Panamá, controló durante más de una década una sociedad ubicada en las Islas Vírgenes británicas —país considerado por España como paraíso fiscal— a través de la cual gestionó una cuenta suiza en el banco de inversión y gestión de patrimonios Pictet. El hijo del fallecido presidente del Santander aparecía, en concreto, como beneficiario final de Galbane Financial Investment Corp, compañía constituida en las mencionadas islas en marzo de 2005, justo en el mismo año en el que se aprobó la Directiva Europea del Ahorro, que obligaba a los bancos suizos a informar de todas las cuentas de sus clientes extranjeros que fueran personas físicas. Las entidades financieras helvéticas permitieron entonces la constitución de sociedades pantalla que ocultaban el titular real de las cuentas y sortear de este modo la posible intervención de las autoridades fiscales de cada país.

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Con el fin de averiguar qué ha pasado con los 350 millones de euros y los impuestos derivados de las plusvalías obtenidas por Botín y sus socios en la compra y venta de Vitaldent, el querellante reclama al juzgado que ordene a las autoridades policiales que rastreen quién está detrás de la mencionada Nueva Azil, sus balances y los de sus participadas. También reclama que la Oficina Nacional de Investigación sobre el Fraude (ONIF) emita un informe en relación con la tributación de la mencionada plusvalía. Desde JB Capital, a través de un portavoz autorizado, se limitan a señalar a El Confidencial que ni la mercantil como figura jurídica ni su presidente (Javier Botín) han recibido "notificación de denuncia alguna en torno a Vitaldent".

El escrito pone en entredicho incluso el papel del administrador judicial colocado por la Audiencia Nacional, Senen Touza, de Deloitte, quien propuso vender la compañía a Botín para primar la continuidad del negocio ante la amenaza de concurso de acreedores que se ceñía sobre el mismo, una decisión que garantizaba los puestos de trabajo de las decenas de clínicas que operaban bajo la marca Vitaldent. La nueva propiedad de la firma, que se vendió meses después por 350 millones de euros, destaca la querella, fichó a Deloitte para auditar sus cuentas de los siguientes ejercicios. El administrador judicial, además, sostiene el escrito, "debía haber advertido de que JB Capital no iba a cumplir cuando se enteró de que la compra la haría una empresa recién creada (Odontos Holding de Inversiones Odontológicas 2016) en la que no estaban ni Botín ni su mano derecha, Garabito".