Puigdemont tendrá libertad de movimientos en Europa al menos seis meses más
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Tras la iniciativa de Llarena

Puigdemont tendrá libertad de movimientos en Europa al menos seis meses más

El 'expresident' disfrutará de un tiempo de prórroga que se extenderá todo lo que decida alargarlo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

placeholder Foto: El 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont. (EFE)
El 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont. (EFE)

Cuando el 10 de enero de 2020, hace ya más de un año, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió dirigirse al Parlamento Europeo para reclamar que levantara la inmunidad de Carles Puigdemont, comenzó para el 'expresident' un paréntesis, un periodo de suspensión de esa euroorden casi perpetua de la que no ha podido librarse desde el momento en que decidió eludir la acción de la Justicia española para refugiarse en Bruselas. Ahora, Puigdemont disfrutará de un tiempo de prórroga, unos meses más de libertad de movimientos pero también de incertidumbre, que se extenderán todo lo que decida alargarlos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Gracias al escudo de la especial protección de los parlamentarios, hasta este martes el 'expresident' de Cataluña podía desplazarse, y así lo hizo en la medida en que se lo permitieron las restricciones de la pandemia y su agenda. Ha viajado en este plazo entre las dos sedes de la Eurocámara e incluso ha dado un mitin en Perpiñán. Desde el martes ya no es inmune, pero podrá continuar comportándose como si lo fuera.

Esa situación se prolongará al menos seis meses —muy probablemente, más tiempo— después de que el juez instructor del 'procés' haya decidido dejar en manos del TJUE las dificultades para la entrega que ha sufrido el Supremo en varias ocasiones. Seis meses es el plazo mínimo para que este tribunal se pronuncie. Durante ese periodo podrá circular por cualquier territorio salvo España, donde continúa vigente una orden de detención en su contra.

Desde el Supremo se espera que, incluso si el juez instructor del 'procés' comunica a su colega belga que la suspensión que impuso ha quedado levantada a consecuencia del resultado de la votación del suplicatorio, el magistrado decida esperar al TJUE, a la vista de que España pregunta directamente a este como debe proceder. Solo un movimiento de Bélgica obviando la cuestión prejudicial alteraría este escenario.

Foto: Los tres eurodiputados afectados por el suplicatorio ante la Eurocámara en febrero de 2020. (Reuters)

El último de estos escollos de Bélgica colmó el vaso de la creencia de Llarena en que la cooperación entre Estados, la confianza, que suele darse por supuesta, no es tal en el caso de Bélgica. Vio en la decisión de la Justicia belga de denegar la entrega de un 'conseller' en principio menor, Lluís Puig, un aviso de lo que estaba por venir. Y se ha decidido por mover ficha. A efectos prácticos, su decisión de plantear una cuestión prejudicial supone que la euroorden de hace un año que esperaba dormida no se reactiva. No hay ninguna OEDE en vigor contra el 'expresident' y no la habrá, según concreta el auto de la prejudicial.

En realidad, lo que Llarena busca es que sea el TJUE el que le diga lo que debe hacer una vez vistos los motivos para denegar la entrega. Los tribunales belgas cuestionaron su competencia para reclamar a Lluís Puig, no aforado, y también destacaron el riesgo de que se vulneraran sus derechos fundamentales si quedaba en manos de la Justicia belga. Las siete preguntas formuladas por el juez giran básicamente sobre estas dos cuestiones.

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Por ello, ha reclamado conocer si Bélgica está acatando la regla que regula las euroórdenes, la Decisión Marco 2002/584/JAI, y, con base en lo que responda el TJUE, decidirá si procede mantener la euroorden que ya dictó, retirarla o plantear otra nueva. El magistrado desliza que aclarar estos extremos no es solo importante para España, también para otros países de la Unión. Fuentes jurídicas consultadas no dudan de que, como la cuestión prejudicial puede afectar a cualquier país, varios Estados participen en el debate.

Las dudas del juez Llarena

La forma de abordar las solicitudes de entrega demuestra, en opinión del magistrado, que Bélgica ha intercambiado lo que debe ser un principio de confianza en un principio "de desconfianza". "Mal se confía en el sistema penal y procesal de otro Estado, si lo primero que se pretende por el Estado de ejecución es poner en duda su competencia para emitir un instrumento de cooperación basado, precisamente, en la confianza y cooperación recíproca", dice en su auto.

Foto: Carles Puigdemont. (EFE)

Otro de los puntos en los que pone más énfasis es el modo en que Bélgica ha apreciado la posible vulneración de derechos. Ha basado este criterio en lo que Llarena considera simples "opiniones" del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias. Para el juez, eso no es asumible y para explicarlo indica que cuando los Estados miembros aplican el derecho de la Unión -como es el caso- deberían estar obligados, en virtud de ese mismo derecho, "a suponer que los demás Estados miembros respetan los derechos fundamentales", lanza.

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