Llarena pide al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de Puigdemont

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue propagando sus efectos y, en este caso, llega hasta Puigdemont. El juez del Supremo Pablo Llarena ha pedido a Bélgica que deje sin efecto los plazos para resolver las órdenes europeas de detención cursadas en su contra y en contra de Toni Comín, que mantiene, y ha reclamado al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del 'expresident' al considerar que los hechos que le imputa son muy anteriores al momento en el que obtuvo la condición de eurodiputado.

Ratifica, además, la orden de detención en el territorio español donde, si son arrestados, no les alcanzaría la inmunidad al estar ya procesados y no se requeriría suplicatorio. El magistrado preguntó a las partes cómo debía proceder tras la resolución del TJUE, que considera inmunes a los eurodiputados desde su proclamación tras las elecciones. Ratifica la orden de detención en el territorio español donde, si son arrestados, no les alcanzaría la inmunidad al estar ya procesados y no se requeriría suplicatorio. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron que se mantuviera la detención europea e internacional en su contra y se reclamara la suspensión de la especial protección aparejada al cargo.

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El Ministerio Público aseguraba, por su parte, que no es necesario dirigirse a la Eurocámara para reclamar autorización para proceder contra ambos. Rechazaba así una "protección ilimitada" de los parlamentarios y pedía recordar que la inmunidad está concebida para proteger contra la apertura de procesos destinados a alterar el normal funcionamiento de las cámaras, "no para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador ya ha sido procesado y la investigación está concluída".

Tanto Puigdemont como Comin han sido ya reconocidos como eurodiputados por la cámara que preside David Sassoli y tienen previsto acudir el próximo lunes a Estrasburgo a la primer sesión del año. La decisión de Llarena les permitiría libertad de movimientos en el extranjero, aunque no en España: "Ratifica también la orden de detención en territorio español, donde si son arrestados no les alcanzaría la inmunidad al estar ya procesados y no se requeriría suplicatorio", explican desde el Tribunal Supremo.

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La Justicia española ya ha emitido tres contra el expresidente catalán. La primera solicitud la firmó en noviembre de 2017 la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero el propio Llarena decidió retirarla tras asumir la instrucción de la causa en diciembre: temía que Bélgica se negara a entregar al político por rebelión, situación que cerraba la puerta a juzgarle por ese delito en España. Este miedo terminó por confirmarse con la segunda euroorden, que propició que Puigdemont fuera detenido en Alemania en marzo de 2018. Llarena consideró que era el país más propicio para solicitar la extradición del expresidente catalán por rebelión, pero la Justicia alemana solo aceptó extraditarle por malversación, lo que llevó al magistrado a retirar su solicitud y a mantenerla suspendida hasta el pasado octubre.

Tras estos dos intentos fallidos, el Tribunal Supremo confió en que la tercera euroorden terminara con Puigdemont en el banquillo. A diferencia de las anteriores, en esta ocasión no se solicitaba su entrega por rebelión, por lo que Llarena no tenía que entrar a explicar el uso de la violencia en el proyecto independentista. Pese a ello, la sentencia del TJUE del pasado 19 de diciembre cayó como un jarro de agua fría sobre el alto tribunal: “Una persona que resulta elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución por el hecho y desde el momento de la proclamación de los resultados electorales, de modo que goza de las inmunidades reconocidas por el artículo 9 del Protocolo”, sostiene la misma. Con este pronunciamiento sobre la mesa, la Justicia belga ya suspendió la tramitación de la tercera euroorden contra Puigdemont el pasado 2 de enero.