La arquitecta del hangar de la URJC diseñaba ya los planos un año antes de ganar el concurso

En marzo de 2016, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) adjudicó el proyecto básico de su hangar aeronáutico a la arquitecta Concepción Aguado. A la licitación, negociada sin publicidad y con un presupuesto base de 70.180 euros, se presentaron otros cuatro arquitectos, pero ella se llevó el contrato al ofrecer 66.308 euros y una reducción de 15 días en el plazo de ejecución. Lo que sus competidores no sabían es que Aguado jugaba con ventaja: un año antes de ganar la licitación, ella ya estaba trabajando en los planos del hangar. También tenía contacto directo con responsables de la universidad, hasta el punto de acordar con el actual rector, Javier Ramos, que rebajaría sus honorarios para poder ofertar el proyecto sin concurso público.

El desarrollo arquitectónico del hangar se refleja en una serie de planos a los que ha tenido acceso El Confidencial. El primero de ellos se remonta a marzo de 2015 y se titula 'Anteproyecto de nave para aviones'. A partir de ahí, el proyecto se va puliendo a lo largo de ese mismo año con nuevos diseños fechados en abril, mayo, junio, agosto, diciembre... En ellos, aparece el nombre de Aguado y algunos contienen su propia firma. En total, más de una veintena de planos en los que se abordan opciones como "con sótano" o "sin sótano" y distintos presupuestos sin que la licitación se hubiera anunciado todavía.

Pese a ello, la URJC se desentiende de la elaboración de estos diseños de 2015 e insiste en que la denuncia sobre el hangar fue archivada por la Fiscalía. "Hasta que a dicha arquitecta no se le adjudicó el proyecto por concurso, no se le encarga ningún trabajo desde la universidad", aseguran. Según defienden, su elaboración responde a que Aguado trabajaba con European Airlines Training Centre 2005 SL (EATC), empresa que iba a establecerse en el hangar de la URJC para ofrecer cursos privados: "Para poder construir dicho hangar, se firmó un convenio en 2015 con la empresa EATC y ella era la arquitecta que trabajaba con dicha empresa".

Este razonamiento pasa por alto que el actual rector era uno de los socios fundadores de la EATC y que el convenio no se firmó hasta finales de 2015, ocho meses después de que Aguado comenzara a desarrollar el proyecto.

En 2018, 'El País' destapó además una serie de correos electrónicos en los que se reflejaban las maniobras del actual rector para adjudicarle el contrato a Aguado. Entre ellos, destaca uno que envió el 26 de octubre de 2015 a sus socios de EATC: “La arquitecta ha accedido a rebajar sus honorarios de forma que podemos adjudicar el proyecto sin concurso público. Esto acelera los plazos de ejecución en dos meses”, sostenía Ramos en el mismo.

Por aquel entonces, él era el director de la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la universidad. "La negociación de dicho proceso se llevó a cabo en la mesa de contratación, legalmente constituida y en la que el entonces director de la escuela no intervino", afirman desde la URJC, tratando así de diferenciar el papel de Ramos en la EATC del que desempeñaba en la URJC.

También llaman la atención los mensajes que la propia arquitecta envió a los socios de esta empresa antes de la licitación, como cuando el 17 diciembre de 2015 les mandó los “planos nuevos del hangar”: “Si podéis mandarlos para que los revisen, podríamos ir avanzando”, les decía en el mismo. La licitacióntodavía no se había publicado, pero ella ya estaba puliendo todos los flecos de su oferta, lo que le permitió reducir los plazos de ejecución y ganar a los otros cuatro arquitectos con los que compitió.

La URJC, sin embargo, enmarca de nuevo estas comunicaciones en la relación de la arquitecta con la EATC: "La empresa con la que la universidad iba a firmar el convenio de colaboración, para que los estudiantes de cuatro grados realizasen sus prácticas, contrató a dicha arquitecta para establecer las necesidades técnicas que debía cumplir el hangar. Estas debían conocerse, por las partes, previo a la firma del convenio que universidad y empresa firmarían y donde estas especificaciones debían figurar".

Con esta respuesta, la URJC se desmarca de cualquier relación con la arquitecta antes de marzo de 2016, pero una vez finalizado el hangar, Aguado fue contratada por la universidad como parte del colectivo de Personal y Servicios con sueldo de alta dirección. Mantuvo el puesto hasta 2018, con Ramos ya como rector, cuando la polémica en torno al hangar llegó a los medios de comunicación: "Dicha contratación la realizó la anterior gerente general, a la que cesó Javier Ramos. A los pocos meses de la incorporación del nuevo gerente, este resolvió el contrato con la arquitecta. En ese momento, el gerente estimó que no era adecuado un contrato de alta dirección para ese trabajo", argumentan desde el centro. El Confidencial se ha puesto en contacto con el estudio de arquitectura de Aguado para recoger su postura, pero no ha obtenido respuesta.

Un hangar marcado por la polémica

En abril de 2018, El Confidencial adelantó que la Universidad Rey Juan Carlos había construido y financiado un hangar aeronáutico con dinero público para después cederlo durante 25 años a una empresa privada que impartiría cursos no universitarios. En concreto, a la mencionada EATC, creada e impulsada por Ramos junto a otros seis socios con el fin de poder firmar después un convenio con la universidad a la que él mismo pertenecía. El documento en cuestión se cerró el 16 de diciembre de 2015 entre el entonces rector, Fernando Suárez, y la EATC para "desarrollar los objetivos" del Instituto Europeo de Formación y Acreditación (Eiata), que en 2015 dirigía el propio Ramos.

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Ante las informaciones que fueron saliendo a la luz sobre este proyecto, la Fiscalía de Móstoles abrió diligencias para investigar el negocio aeronáutico privado en junio de 2018. La decisión llegó después de una denuncia presentada por Eduardo Fernández Rubiño, entonces diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y ahora de Más Madrid, que, entre otros aspectos, pidió al Ministerio Público que investigara si el actual rector había “cometido un delito de cohecho en concurso con el de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionario público, malversación y violación de secretos”.

El 3 de agosto de ese mismo año, la Fiscalía archivó las diligencias al considerar que la denuncia se apoyaba "únicamente en informaciones periodísticas, sin que acompañen datos objetivos relativos a la participación de la persona denunciada". Según defendía, el escrito de Podemos se había limitado a "resumir y copiar" las noticias de los medios y, en cuanto al papel de Ramos, apuntó a la "inexistencia del delito de prevaricación y tráfico de influencias, ni de cualquier otra infracción penal".