Cifuentes se presenta como una víctima de la URJC ante el juez: "Alguien falsificó mi firma"

Cristina Cifuentes se desentendió este viernes de la falsificación del acta con la que intentó acreditar su trabajo de fin de máster en 2018. "Actué de buena fe, dando por bueno un documento que me había entregado la universidad", trató de justificarse ante el juez. La idea de responsabilizar a la Universidad Rey Juan Carlos de cualquier irregularidad se repitió a lo largo de su declaración, hasta el punto de presentarse como una víctima y asegurar que también se había falsificado su firma en la matrícula del TFM: "Esta firma no es la mía. Es una falsificación por parte de alguien...", afirmó en la recta final de su comparecencia, cuando se le mostró el documento.

La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para ella al considerarla inductora de la falsificación del acta, un documento que, como adelantó El Confidencial, fue fabricado horas después de que estallara la polémica. Tras las sesiones celebradas este lunes y viernes, las irregularidades en el máster que cursó la expresidenta madrileña han quedado patentes, pero el Ministerio Público tiene que ir más allá para lograr una condena: a Cifuentes no se la juzga por la validez de sus estudios de posgrado, sino por ser la presunta artífice de la falsificación. Situar a la expresidenta madrileña como cerebro de esta maniobra es el principal reto al que se enfrenta ahora la acusación.

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Por el momento, las declaraciones han servido para mostrar los pasos que se siguieron en la universidad a la hora de fabricar el documento en cuestión. El pistoletazo de salida se produjo el lunes, cuando la directora del máster, Cecilia Rosado, también imputada, reconoció ser la autora de la falsificación del acta. Según explicó, ella preparó el documento, lo firmó y llamó a otras dos profesoras para que le mostraran sus rúbricas por videollamada y poder así copiarlas en el mismo: Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Ambas confirmaron esta versión en sus testificales del viernes, pero aseguraron que Rosado no les explicó por qué necesitaba sus firmas en un primer momento.

Más allá de este matiz, las tres profesoras señalaron que en ningún momento hablaron con Cifuentes de manera directa, por lo que sus declaraciones se muestran insuficientes para la Fiscalía. Uno de los hombres clave en este sentido sería el catedrático que supuestamente ordenó fabricar el acta, el exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, pero este falleció en abril de 2019. La propia expresidenta madrileña declaró este viernes ante el juez que él era su principal contacto a la hora de cursar el máster: "Los trabajos se los hacía llegar a través de algún familiar que trabajaba en la universidad o a través de alguna persona de mi equipo", explicó.

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Para probar que la expresidenta de la Comunidad de Madrid fue la inductora de la falsificación, la Fiscalía se centra entonces en la tercera acusada: la antigua profesora de la URJC y asesora de la Consejería de Educación cuando se produjeron los hechos, María Teresa Feito. El Ministerio Público también pide para ella tres años de cárcel al considerar que hizo de intermediaria entre Cifuentes y la universidad cuando comenzaron a conocerse las irregularidades en torno al máster, tesis que la propia exdirigente popular trató de tumbar durante su declaración: "Yo con la señora Feito no he tenido nunca relación de ningún tipo", respondió tajante a la Fiscalía.

Su tesis, sin embargo, choca con la de la directora del máster, que el lunes aseguró que recibió presiones por parte de Feito para que le enviara el acta en cuestión. Según explicó Rosado, cuando en un primer momento se negó a facilitársela, su respuesta llegó en forma de amenaza: "Si no me la envías, Cifuentes os va a matar". Feito negó esta frase y argumentó que todas las llamadas que tuvo con la profesora ese día "fueron con un tono muy bueno", subrayando en todo momento que al principio pensaba que el TFM existía. "Esa frase de que 'Cifuentes os va a matar' nunca la dije. Y aquí puedo parecer osada, pero Cifuentes no me puede matar, yo tengo dos oposiciones".

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Con ambas versiones sobre la mesa, este viernes llegó el turno del rector de la universidad, Javier Ramos López, que declaró como testigo. Además de confirmar que en el máster se produjeron "graves errores administrativos", él también abordó el papel que jugó Feito durante el escándalo. Según explicó, la exasesora de Educación apareció en la puerta de su despacho el mismo día que elDiario.es publicó la noticia sobre los estudios de posgrado de la entonces presidenta madrileña: "La señora Feito aportó información sobre la noticia que había sido publicada". "No puedo juzgar sus intenciones, pero me pareció que colaboraba para defender el buen hacer de la universidad".

Sus referencias al interés que mostró la Comunidad de Madrid en plena polémica no se limitaron a Feito. También dijo que el entonces consejero de Educación, Rafael van Grieken, le llamó de forma "reiterada" para pedirle documentación y poder acreditar el máster de la presidenta ante los medios: "Yo llamo a Álvarez Conde tras recibir reiteradas llamadas del consejero y le pido el acta que ha declarado por la mañana que tiene. A los pocos minutos, a mi cuenta de correo personal llega un mensaje de Álvarez Conde". "En el mismo instante en el que lo recibo, lo reenvío a mi secretaria para que proceda a su reenvío", explicó el rector de la universidad.

Con estas declaraciones y las dos sesiones que quedan por celebrar, la Fiscalía confía en poder demostrar que Cifuentes promovió la falsificación del acta, acusación que ella niega. Más allá de reconocer que "realmente" nunca defendió el TFM —"expliqué las líneas generales y me sorprendió porque fue un acto muy informal"—, la que fuera presidenta de Madrid descarga así toda responsabilidad en la propia URJC: "Yo no necesitaba el acta. Tenía mi título, que acreditaba que yo había cursado ese máster", se defendió ante el juez. En la Audiencia Provincial de Madrid, el escándalo en torno a sus estudios es lo de menos. Ahora ya solo importa la falsificación del documento.