El rector reconoce "reiteradas llamadas" de la CAM para pedirle el acta de Cifuentes
Javier Ramo explicó que, tras ofrecer la correspondiente rueda de prensa en la universidad, el entonces consejero de Educación, Rafael van Grieken, le llamó para pedir documentación
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos López, compareció la tarde este viernes como testigo en el juicio por el llamado caso máster. La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para Cristina Cifuentes al considerarla inductora de la falsificación del acta con la que trató de acreditar un trabajo de fin de máster "que jamás se produjo", un documento que, como adelantó El Confidencial, contiene dos firmas falsificadas. Ramos se desentendió en todo momento de la fabricación del acta, pero reconoció "graves errores administrativos" y dijo que el entonces consejero de Educación, Rafael van Grieken, le llamó de forma "reiterada" para pedir documentación.
A preguntas de la Fiscalía, el rector explicó que, el día que elDiario.es publicó la noticia sobre el máster de Cifuentes, se encontró con la entonces asesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito frente a su despacho. "La señora Feito aportó información sobre la noticia que había sido publicada". "No puedo juzgar sus intenciones, pero me pareció que estaba intentando colaborar para defender el buen hacer de la universad". "En mi entender es lógico que fuera una persona que colaboraba para esclarecer los hechos". Feito había sido profesora de la URJC y, por su intermediación en pleno escándalo, la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para ella.
Ramos también confirmó una llamada de la exdirectora de gabinete de Cifuentes, Marisa González: "Nos informa de que ellos no van a dar ninguna rueda de prensa, por lo que entendemos que es nuestro deber explicar los hechos". Otro de los personajes clave ese día fue el entonces director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde. "Nos dijo que el acta del TFM obraba en su poder y lo puso por escrito", explicó. "Cuando intentamos esclarecer qué había ocurrido, yo me fui con una imagen de que la presidenta madrileña había defendido su trabajo con un traje claro. La lógica me lleva a pensar que lo diría Álvarez Conde".
Pero tras dar la correspondiente rueda de prensa, Ramos supuestamente empezó a detectar "inconsistencias". "Identificamos errores administrativos graves", reconoció. Entre ellos, destacó que el TFM se defendiera sin tener aprobadas todas las asignaturas, aspecto que no encajaba con que esa misma mañana le hubieran dicho que la entonces presidenta no había tenido suspenso alguno. "Otra deficencia es que la profesora que cambió las notas de CIfuentes en 2014, Amalia Calonge, no debería haber estado autorizada para ello ese año". "También recibimos la llamada del director de elDiario.es asegurándonos que podía demostrar que no habíamos contado la verdad".
A la vista de esos indicios, Ramos supuestamente pidió que se analizara de nuevo el caso, lo que no quita que fuera él mismo quien remitió el acta al equipo de Cifuentes. "Yo llamo a Álvarez Conde tras recibir reiteradas llamadas del consejero [Rafael van Grieken] y le pido el acta que ha declarado por la mañana que tiene. A los pocos minutos, a mi cuenta de correo personal llega un mensaje de Álvarez Conde". "En el mismo instante en el que la recibo, lo reenvío a mi secretaria para que proceda a su reenvío". Según afirmó, en esas llamadas Van Grieken le solicitaba documentación que habían mencionado en la rueda de prensa y, en concreto, el acta de Cifuentes.
En cuanto a este tipo de documentos que prueban las defensas de los TFM, reconoció que lo habitual es "que esté en formado papel en el archivo general de la universidad", pero, según aseguró, el acta sobre el TFM de Cifuentes "no estaba" en este lugar. Sobre por qué se dio esta irregularidad, Ramos no fue más allá en sus explicaciones. "Nadie me pidió que dijera cosas que no fueran verdad. Simplemente se me dio una información e intentamos reconstruir unos hechos", trató de justificarse el rector. "Después de la rueda de prensa, yo ya no hice más indagaciones porque en las universidades no las hace el rector, las hace la inspección de servicios".
Las firmas falsificadas
La mañana de este viernes también se celebraron las testificales de las dos profesoras cuyas firmas fueron falsificadas en el acta del TFM de la expresidenta madrileña. "No pregunté para qué era", dijo Clara Souto sobre cómo la convencieron para incluir su rúbrica. "Pensé que necesitaban ver si yo era profesora de alguna de las clases", añadió Alicia López de los Mozos. La segunda profesora hizo además referencia a las supuestas presiones que recibió del exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde: "Me amenazaba en el sentido de que me mantuviese tranquila, de no salir de esta versión... Me sentí amenazada".
El lunes declaró a su vez como imputada la tercera profesora que firmaba el acta, la directora del máster Cecilia Rosado, que reconoció ser la autora de la falsificación del documento y denunció haber recibido amenazas de Feito. Según explicó, ella preparó el acta, la firmó y llamó a las otras dos profesoras que debían hacer lo propio para que le mostraran sus rúbricas por teléfono, versión que Souto y López de los Mozos matizaron durante sus comparecencias: confirmaron que sus firmas fueron falsificadas, pero insistieron en que su compañera en ningún momento llegó a explicarles para qué era. "Con Cecilia, que compartía despacho conmigo, con certificados por ejemplo nos ayudábamos [firmando una por la otra]", declaró Souto.
La profesora no supo que su firma era para el TFM de Cifuentes hasta que el escándalo saltó a los medios de comunicación. El propio Álvarez Conde, fallecido en abril de 2019 en medio del proceso judicial, le dijo entonces que estaba recibiendo “presiones” de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y del “ámbito político” para solventar la polémica en torno al máster. "Era muy difícil decirle que no. Había que intentar buscar la manera de no decirle un no tajante. Era un hombre muy complicado, te imponía lo que debías hacer". También sostuvo que fue él quien le pidió ayuda de forma directa: "Ha habido un problema, ¿puedo contar contigo?".
Pérez de los Mozos aseguró por su parte que en un primer momento se negó a darle la firma a Rosado, pero tras la correspondiente conversación con Álvarez Conde y pensando "que estaban haciendo comprobaciones y demás", sí le enseñó su rúbrica por videollamada. A continuación describió al entonces director del Instituto de Derecho Público de forma similar a su compañera y, tras ver que su firma aparecía en los periódicos, le llamó para pedirle "explicaciones": "Yo ya le venía manifestando que no voy a sostener ningún tipo de mentira y le digo que tiene que asumir su responsabilidad". "Creo que en una semana perdí seis kilos y pedí la baja por ansiedad".
A medida que se conocían diversas irregularidades en los estudios de Cifuentes, la relación de ambas con Álvarez Conde se fue tensando, como se reflejó en un encuentro que mantuvieron con él: "Hubo una reunión en su domicilio. Nos encontramos con que teníamos que decir que formábamos parte de ese tribunal. Fue complicado. Estaba en 'shock' porque no entendía por qué nos llevaban por esa vía", explicó Souto. “Le pedí, por favor, que solucionase el problema, que me veía incapaz de salir públicamente y llevarle la contraria a él", aseguró durante los interrogatorios. "Le dije: 'Me estás arruinando la vida'. Y él en todo momento nos tranquilizaba”.
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos López, compareció la tarde este viernes como testigo en el juicio por el llamado caso máster. La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para Cristina Cifuentes al considerarla inductora de la falsificación del acta con la que trató de acreditar un trabajo de fin de máster "que jamás se produjo", un documento que, como adelantó El Confidencial, contiene dos firmas falsificadas. Ramos se desentendió en todo momento de la fabricación del acta, pero reconoció "graves errores administrativos" y dijo que el entonces consejero de Educación, Rafael van Grieken, le llamó de forma "reiterada" para pedir documentación.