Una 'guerra abierta' entre Puerto Banús y sus tiendas frena la actividad más allá del covid
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AMENAZA DE DESAHUCIOS

Una 'guerra abierta' entre Puerto Banús y sus tiendas frena la actividad más allá del covid

La Justicia admite una querella de los propietarios de los locales de Puerto Banús contra el primer teniente de alcalde de Marbella por prevaricación por no asumir las terrazas de la instalación como municipales

placeholder Foto: Puerto Banús (Marbella). (Reuters)
Puerto Banús (Marbella). (Reuters)

Puerto Banús vive una de las mayores crisis internas de su historia. Los efectos provocados por la pandemia están haciendo mella en los intereses de algunos comercios, como ocurre en el resto del país. Aunque no es la situación sanitaria mundial la principal causa de este trance por el que atraviesa la zona. Gran parte de las tiendas de lujo siguen recibiendo visitas privadas de millonarios que están más a gusto con ese trato exclusivo, lo que ha provocado que en estos casos las firmas incluso hayan incrementado su facturación hasta un 10%, según varias fuentes conocedoras de la evolución económica. Lo que está causando el mencionado aprieto por el que pasa la instalación que aglutina la mayor concentración de marcas exclusivas del país por metro cuadrado tiene que ver con un conflicto que enfrenta a la concesionaria con los propietarios de los establecimientos situados en el interior del puerto y que salpica incluso al Ayuntamiento de Marbella.

El choque tiene su origen justo antes de la pandemia, cuando a finales de 2019 Puerto Banús decidió incrementar la tarifa que pagan mensualmente los dueños de los locales por el alquiler de las terrazas, el espacio que va desde la puerta de las tiendas hasta poco antes del mar. La subida, además, no es un ligero incremento del precio que hasta el momento abonaban religiosamente los empresarios. En ocasiones, representa hasta ocho o nueve veces lo que venían pagando los dueños de los establecimientos, lo que provoca un sonado malestar entre quienes tienen que hacer frente a ese gasto mensual. Así, de hecho, se lo hacen saber los afectados a la concesionaria, que sin embargo adopta una actitud inmovilista, según explican algunos implicados en la disputa. Puerto Banús no está dispuesta a ceder ni un ápice en su pretensión de suavizar esta subida tarifaria.

Foto: La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP). (EFE)

Fuentes del sector argumentan que la concesionaria quiere vender la instalación desde hace cinco años, como contó El Confidencial en 2016, y que, al no haber conseguido aún comprador, está tratando de ampliar su margen de beneficio con el fin de hacer ver a los interesados que el producto es rentable. Desde Puerto Banús, rechazan hacer declaraciones al respecto y se limitan a señalar que no responderán a cuestión alguna relacionada con este conflicto porque "está todo en los tribunales". Y así es. El empeño de la concesionaria en mantener esas elevadas subidas y el rechazo de los comerciantes a abonarlas incrementaron la tensión hasta el punto de que ambas partes decidieron acudir al poder judicial, que tiene ahora la patata caliente, y lanzarse demandas cruzadas.

Antes de llegar a la lucha de togas, tanto Puerto Banús como los dueños de los locales trataron de acercar posturas de forma amistosa, pero siempre sin éxito. La concesionaria estaba dispuesta a iniciar procedimientos de desahucio contra aquellos que no hicieran frente al pago de las nuevas tarifas, con lo que los propietarios no quedaban con demasiado margen de maniobra. O pagaban o pedían a la Justicia que tomara partido. Fue entonces cuando un grupo de estos empresarios decidió acudir al despacho de abogados Balms para que estudiara el asunto. Los letrados de este bufete comenzaron a indagar y descubrieron que la modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Marbella estableció en 1998 que los viales sobre los que se asientan las terrazas de Puerto Banús objeto del conflicto eran de titularidad municipal.

Foto: Comisaría de Policía Nacional en Marbella (Málaga) - CNP

Destaparon asimismo que el propio consistorio llegó a un acuerdo el 11 de julio de 1995 en el que declaró que los viales en cuestión eran públicos. Así se lo trasladaron entonces a la concesionaria de la instalación, que tampoco con esa información sobre la mesa quiso dar marcha atrás a su pretensión de elevar las tarifas y de acudir a los tribunales para iniciar los desahucios. Fue entonces cuando ambas partes comenzaron a cruzarse demandas. Los propietarios de los locales denunciaron por la vía civil que los contratos de alquiler eran nulos porque se circunscribían a un suelo que en realidad no era de Puerto Banús, sino del ayuntamiento. Los empresarios (casi una veintena en total) interpusieron, en concreto, tres demandas, una por cada zona del emplazamiento portuario (Muelle Benabola, Muelle Rivera y Calle X), para reclamar esta pretensión.

Una veintena de establecimientos se venden o se alquilan. Hay interés de marcas internacionales, pero esperan a que el conflicto se resuelva

En paralelo, Puerto Banús interpuso escritos de petición de desahucio por la misma vía civil con el fin de expulsar a quienes habían decidido no asumir el abono que consideraban obligatorio por el concepto del alquiler de las terrazas. Una demanda por cada local que no pagaba. Los juzgados iniciaron entonces los procesos de desalojo, pero los paralizaron inmediatamente en su mayoría en cuanto conocieron el conflicto que había a cuenta de la propiedad de los viales y de la nulidad que habían reclamado los empresarios en los primeros procedimientos. Entendieron que había que resolver sobre la validez del contrato antes de desahuciar. Puerto Banús, sin embargo, recurrió estas suspensiones ante la Audiencia Provincial de Málaga, que está pendiente de pronunciarse en la mayoría de casos. Solo en uno, de momento, ha fallado a favor de la concesionaria, lo que conlleva el inicio del procedimiento de desalojo sobre el establecimiento afectado.

Las demandas cruzadas

Las tres demandas de los propietarios, por su parte, también están aún sin resolver. En dos de ellas, los tribunales cursaron la petición de los denunciantes de reclamar a los técnicos del consistorio un informe sobre la titularidad de los terrenos. Estos especialistas respondieron con un documento que ponía en evidencia que las terrazas son "en parte" viarios públicos. Algunos, añadía, son de la Junta de Andalucía. Otros, de dominio público. Esta última conclusión también la ratificaron, de hecho, instancias judiciales superiores. Tras el recurso que interpuso Puerto Banús contra el citado acuerdo municipal, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó el 5 de marzo de 1998 la propiedad del consistorio sobre las terrazas, extremo que volvió a corroborar incluso el Tribunal Supremo cinco años después, cuando rechazó la última apelación que le quedaba a la concesionaria.

No es este, sin embargo, el único enfrentamiento judicial que existe en los tribunales en relación al conflicto de las terrazas. El Juzgado de Instrucción 1 de Marbella admitió a trámite el pasado 21 de enero una querella presentada por un grupo de propietarios de locales de Puerto Banús representados por los abogados del despacho Dikei Javier Moreno y José María Mohedano contra el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Administración Pública, Comercio, Industria y Vía Pública del ayuntamiento, Félix Romero, por malversación y prevaricación. El edil está citado para comparecer en calidad de investigado el próximo 2 de marzo con el fin de dar explicaciones sobre por qué el ayuntamiento no asumió su derecho a cobrar los viales públicos.

Foto: marbella-puerto-banus-andalucia-wanda

Los propietarios de las tiendas ya se habían dirigido al consistorio en 2019, tras conocer que las terrazas eran de titularidad municipal, para que este se pronunciara. El ayuntamiento, sin embargo, les comunicó entonces que el asunto no tenía nada que ver con él. En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, respondió con base en un informe de Patrimonio y en otro del Inventario General que "los viarios situados en Puerto Banús en controversia no forman parte del patrimonio municipal". El consistorio añadió que carecía "de título de adquisición", por lo que no estaba facultado para ordenar a Puerto Banús que se abstuviera de hacer actuación alguna sobre los mencionados terrenos, como reclamaban los dueños de los locales.

"El ayuntamiento no puede incorporarlos al patrimonio municipal porque pertenecen a la Junta de Andalucía, al ser dominio público marítimo terrestre, y están delegados a una concesionaria", explican desde el consistorio. "Una de las partes del conflicto entre particulares de manera insólita pretende involucrar al ayuntamiento para dar solución", valoran las mismas fuentes, que consideran que "el ayuntamiento no tiene interés ni competencias para intervenir, ni ahora ni antes, en ese conflicto puramente económico". La querella presentada por los comerciantes, sin embargo, diferencia claramente entre la zona de dominio público marítimo que pertenece a la Junta de Andalucía y la que a su entender, con base en el mencionado acuerdo de 1995 y en las citadas sentencias, sería de propiedad municipal.

Foto: La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, en una imagen de 2019. (EFE)

"Por un lado, existe una zona de dominio público marítimo terrestre, respecto a la que se extiende la concesión primitivamente otorgada por el Estado a Puerto José Banús y cuyos derechos y obligaciones se rigen por el título concesional; por otro, hay un área que queda fuera del perímetro de los terrenos que configuran la concesión, que se encuentra en la zona contigua a los locales propiedad de los querellantes, donde se encuentran instaladas parte de las terrazas, y que constituyen viales públicos", explican los querellantes. "Es esta segunda, la que no está comprendida por la concesión, la que constituye vial público y a la que se refiere la querella", defienden los empresarios, que acusan al ayuntamiento de renunciar a su derecho a cobrar las tarifas de alquiler correspondientes a ese suelo, con la consiguiente pérdida de riqueza que esto supone. "Ha optado por mantener una posición de inactividad y de pasividad en detrimiento del patrimonio municipal, que está siendo indebidamente sometido a explotación privada, cuando lo obligado era, a todas luces, que hubiera procedido a dictar resoluciones para ordenar y hacer efectivo el pago de la correspondiente tasa a los comerciantes que explotan y hacen uso de la vía pública", argumentan los comerciantes en su escrito, que detalla pormenorizadamente el territorio en disputa.

El conflicto, según ha podido saber este periódico, está frenando la actividad del recinto, no tanto para las mencionadas firmas de gran lujo que operan en la instalación, que sí siguen haciendo ventas por la vía privada, sino para aquellas que ocupan espacios de nivel intermedio. Hay más de una veintena de establecimientos que en estos momentos se venden o se alquilan, según confirman varias fuentes, que aseguran también que hay marcas internacionales que no se deciden a entrar en Puerto Banús precisamente hasta que no se resuelva esta polémica.

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