La ley de transparencia tumba todas las peticiones sobre la fuga del Emérito

La marcha del rey emérito Juan Carlos I es un acontecimiento del que todavía se desconoce mucha información. Más allá de los detalles revelados en prensa y los dos comunicados publicados por la Casa Real, todavía quedan muchas preguntas por responder. Desde con qué fondos se sufragó el viaje del exmonarca a Emiratos Árabes hasta detalles clave como las reuniones que mantuvieron Moncloa y Zarzuela sobre el asunto. Este puzle solo podrá ser resuelto con transparencia y rendición de cuentas; pero desafortunadamente en este frente no hay avances porque, más allá de la normalizada opacidad institucional, la ley de transparencia está obstaculizando las peticiones de información.

Según las últimas resoluciones del Consejo de Transparencia a las que ha accedido este medio, el organismo justifica las desestimaciones de las peticiones porque actualmente Juan Carlos I forma parte de la familia real y no de la Casa Real, que es la institución. Todos los expertos consultados sostienen que en este sentido la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene un error de base y es que deja en un limbo legal la transparencia de los miembros de la familia real.

Joaquin Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León, explica a este medio que las resoluciones no tienen tacha alguna, pero esto evidencia que la ley de transparencia necesita una profunda revisión que no debería demorarse demasiado en el tiempo. "Ciertamente la familia real no está dentro del ámbito de aplicación de la ley, pero tampoco lo están el Gobierno o su presidente, como algunas veces se ha puesto de manifiesto. El 'concepto' de Familia Real, como sabemos, se ha ido jibarizando en los últimos tiempos con la llegada del nuevo Rey, seguramente con la clara intención de preservar a la institución del impacto reputacional negativo que ha sufrido en los últimos tiempos motivado por la actuación de algunos de los miembros que lo fueron de la Casa Real", detalla el experto.

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Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, apunta que esta falta de concreción legal se encuentra en que cuando la ley se llevó al Congreso para ser aprobada, solo estaba pensada para ser aplicada en las administraciones públicas, y fue durante su tramitación cuando se incluyeron otras instituciones como la Casa Real, pero se incluyeron parcialmente, dando lugar a vacíos como este.

Precisamente, en conversación con este medio, Helen Darbishire, fundadora y presidenta de Access Info, junto con Patricia González, investigadora del área legal de la misma plataforma, apuntan que este vacío legal también existe a nivel europeo, tal y como demuestra el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales. El convenio deja a discreción de los legisladores nacionales incluir o no a las Casas y Familias Reales dentro de los sujetos obligados de las leyes de transparencia, el propio artículo citado lo dice:

"Los Estados interesados, a la hora de la firma o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante una declaración enviada al Secretario General del Consejo de Europa, pueden declarar que las comunicaciones oficiales con la Familia Real y su Casa Real o el Jefe de Estado también están incluidas entre las posibles limitaciones".

La Ley deja al margen a las Cortes

Meseguer detalla que es importante saber que este criterio de la ley alcanza también a otras instituciones como el Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial o, incluso, el Banco de España. "Creo que no hay otras instituciones que, por razón de la trascendencia de sus funciones y su financiación estrictamente pública, deban estar más sometidas a rendición de cuentas que estas. No se entiende bien que la ley las sitúe al margen del control del Consejo de Transparencia en cuestiones de acceso a información, a pesar de la independencia con la que actúan y que hay que preservar, más aún cuando algunas de ellas tienen esencialmente atribuidas a su vez funciones de control, como lo son el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo", crítica.

"En eso consiste la rendición de cuentas y eso mismo es lo que debe garantizar la ley de transparencia sin fisuras ni vías de escape. En relación con personas que hayan desempeñado alguna responsabilidad pública, como es el caso del Rey emérito, y cuando la cuestión que se suscite se refiera al periodo en el que ejerció una responsabilidad pública o tenga que ver con el desempeño de aquellas responsabilidades debería existir esa rendición de cuentas y garantizarse el derecho de todos a saber. En muchos casos, no se tratará de cuestiones meramente íntimas o referidas a su vida personal, sino a verdaderos asuntos de Estado".