"Con más información de los clientes, el crédito fluiría más y a mejores precios"

Los ficheros negativos permiten a las entidades de crédito conocer las deudas impagadas de sus posibles clientes, alertándoles del riesgo que puede suponer la concesión de préstamos a estos deudores para ellas mismas y para la estabilidad del sistema. En la actualidad, este tipo de ficheros circula con facilidad entre los bancos y, en la práctica, a las personas que han dejado alguna deuda impagada se les impide el acceso al mercado de crédito. Bancos y expertos reclaman poder acceder con la misma fluidez a los ficheros positivos, es decir, a aquellos que informan sobre el buen comportamiento de pago de los ciudadanos. De este modo, dicen, habría más competencia entre entidades y los buenos pagadores podrían acceder a créditos con mejores condiciones.

De esta demanda y de la importancia de la concesión de crédito responsable han debatido los asistentes a la mesa redonda ‘Sistemas de información crediticia y concesión de crédito responsable en España’, organizada por El Confidencial. Moderada por Alberto Artero, director general del diario, a ella han asistido Miguel San Pablo, director de Desarrollo de Negocio de ING España; Manuel Pardos, presidente de Adicae; Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidenta de la fundación Hay Derecho, y Carlos Alonso, director del Departamento Legal de Equifax Ibérica.

Miguel San Pablo realizó un resumen de la situación que vive la banca y el mercado de crédito. “Actualmente, el debate se centra en la protección del consumidor. La regulación pretende que no pueda endeudarse más de lo que en realidad puede permitirse”. El directivo de ING aseguró que tras la crisis, el crédito al consumo y el hipotecario están volviendo a crecer, y reconoce las voces de alarma que consideran que se está alimentando, de nuevo, una burbuja inmobiliaria. “Las entidades nos encontramos entre la necesidad de proteger al consumidor y las demandas de que el crédito debe crecer para alimentar la economía. Por ello es importante que podamos tomar las decisiones crediticias con toda la información posible, premiando a los buenos clientes y no solo castigando a los que se han portado mal históricamente”.

Matilde Cuena se mostró rotunda a la hora de evaluar quién puede y quién no acceder al mercado de crédito. "Dado que las entidades financieras prestan dinero de los depositantes, es esencial que lo concedan a personas que tengan capacidad para devolverlo. De lo contrario puede comprometerse la solvencia de la entidad", declaró.

“El crédito responsable es una tendencia que nos viene marcada por la regulación comunitaria”, recordó Carlos Alonso. Pero para que sea una realidad en España, “el sistema debe estar dotado de las herramientas necesarias para medir la capacidad de pago”, y en este sentido, según el directivo de Equifax Ibérica, el acceso a los ficheros de información positiva se vuelve imprescindible. Cuena apoyó este requerimiento, ya que, a su entender, el consumidor cuenta actualmente con más información que el prestamista. Además, defendió que el acceso a la información positiva del ciudadano conllevaría permitir “ajustar el crédito a la prima de riesgo y unos tipos de interés mas baratos”. Alonso añadió que, de este modo, los ciudadanos con ingresos ajustados tendrían más fácil acceder al mercado de crédito. “Una persona con una nómina alta siempre va a poder conseguir un crédito, pero si se tienen unos ingresos más limitados la tarea se complica, a no ser que podamos demostrar que nuestro historial crediticio es bueno”.

Sin embargo, desde Adicae rechazaron que las entidades puedan acceder a este tipo de información. “Se da por hecho que el ciudadano es un profesional del engaño que va a querer mentir a las entidades. Actualmente, ya existe un sistema para evaluar si una persona debe acceder al mercado de crédito. Estamos de acuerdo en que solo deben acceder los que sean capaces de pagarlo, pero sin socavar los derechos y la intimidad de los consumidores”, sentenció Manuel Pardos.

“En España se analiza la unidad familiar en sentido corto a la hora de conceder un crédito, pero en la práctica hemos visto que cuando por sí misma una persona no ha sido capaz de pagar, hermanos y padres han acudido en su ayuda. Con el acceso a la información positiva de los clientes podríamos comprobar su capacidad de pago real”, afirmó Miguel San Pablo. “Además, hay que ser conscientes de que en España el riesgo de exclusión es ínfimo para aquellos que cuentan con una nómina. Pero los tres millones de autónomos y pymes no corren la misma suerte. A estos ciudadanos se les cerró el grifo cuando empezó la crisis. Con el sistema actual, nadie tiene garantías de que vayan a pagar, pero con mayor información los bancos podremos realizar nuestro trabajo, que no es otro que analizar riesgos”, demandó el responsable de ING. “El crédito responsable nos permite rescatar a gente que no tiene crédito ahora, genera más competencia entre entidades, mejorando las condiciones del consumidor. Pero para poder ponerlo en marcha, el acceso a la información positiva es imprescindible”, resumió.

Estados Unidos y Europa cuentan con sistemas de acceso a la información positiva, pero en España solo se pueden conocer los datos de las operaciones cuyo riesgo acumulado en una entidad sea superior a los 9.000 euros a través de Cirbe. Aunque en la práctica, según denunció la catedrática de la UCM, ni siquiera es del todo real. “El crédito concedido por las nuevas plataformas de 'crowdlending' crece un 60% y estas empresas no reportan datos de morosidad. Podemos tener un crédito de 100.000 euros con este tipo de plataformas, y que el banco no sea consciente de ello”, aclaró.

Por otra parte, Cuena rechazó las prácticas de evaluación de riesgo de estas 'fintech'. “La evaluación del riesgo de crédito a través de técnicas de inteligencia artificial es problemática cuando los datos que se utilizan no son adecuados. Las correlaciones pueden ser inadecuadas por la falta de fiabilidadd de los datos. Se utilizan datos de redes sociales que poca información dan acerca de la solvencia. Que hayamos viajado a Costa Rica no significa que tengamos más dinero que una persona que no viaje; que tengamos una mayoría de contactos con nóminas bajas no tendría que verse como algo negativo, o que tengamos muchos contactos en LinkedIn no tiene que suponer que vayamos a encontrar pronto trabajo si lo perdemos”, acusó la catedrática

Ante estas prácticas, el responsable de ING es contundente. “Las reglas de acceso a la información deben estar reguladas, que protejan en todo momento la privacidad de las personas. Pero con unas reglas de acceso claras, es indudable que el crédito fluiría más y a mejores precios”, garantizó. “En España falta cultura. Entre las entidades reina el sentimiento de que la información es un bien que no debe ser compartido con los demás. Si queremos que exista un crédito responsable, es necesario un sistema colaborativo que obligue a todos a compartir información, porque de otro modo no se podrá cumplir. Pero este sistema debe estar regulado”, sentenció Carlos Alonso.

El debate en torno a cómo ha de articularse ese intercambio de información entre entidades financieras se ha situado este año en el Congreso. Primero, con la Ley Orgánica de Protección de Datos y, recientemente, con la regulación del crédito responsable. Pero la realidad es que es en la primera de esas normas donde se halla el principal obstáculo para que puedan compartirse los datos positivos con la misma facilidad que los negativos. Mientras que para utilizar los primeros se requiere el consentimiento expreso de su titular, no ocurre así para los negativos, al entender que su consulta es necesaria para el buen funcionamiento del sistema financiero. “El legislador ha perdido la oportunidad de equiparar el acceso a los datos negativos y positivos, pero todavía puede hacer que la regulación de crédito responsable sea el pilar de un sistema que utilice los ficheros positivos”, animó Cuena. “Se debe regular quién accede, cómo accede y el régimen sancionador para que aquellos que accedan a la información sin una necesidad legítima sean penalizados”.