PSOE y Podemos imponen la reforma exprés del CGPJ y el PP exige a la Mesa que lo revise

La Mesa del Congreso aceptó este miércoles en su primera reunión de 2021 tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado. Lo hizo con los votos de PSOE y Unidas Podemos, rechazando también recabar informes consultivos sobre esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial como había pedido el PP. Fuentes de la oposición recuerdan que precisamente socialistas y morados impulsaron la reforma a través de los grupos parlamentarios y no como proyecto de ley del Gobierno para sortear la petición de informes preceptivos (un paso obligatorio en la iniciativa legislativa del Ejecutivo y que no es necesaria si lo hacen los grupos en el Congreso).

PSOE y Unidas Podemos, autores de la proposición de ley, ya habían recabado el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para reunir la mayoría absoluta necesaria para forzar que se habilitase el mes de enero para poder avanzar con la reforma.

Pero los partidos de la oposición no se quedarán de brazos cruzados e intentarán poner freno a la iniciativa. Según ha confirmado este diario, el Grupo Popular presentará escrito de reconsideración al acuerdo de hoy en base al artículo 31.2 del Reglamento del Congreso, que establece la posibilidad de que si un diputado o grupo parlamentario "discrepa de una decisión adoptada por la Mesa" podrá solicitar su revisión, para que el órgano de gobierno que dirige Metitxell Batet decida definitivamente, oída la Junta de Portavoces, mediante resolución motivada. Aunque la nueva decisión está clara, el PP busca la manera de parar o ralentizar la iniciativa. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, insiste en que la urgencia no está en ningún caso justificada, y recuerda los avisos desde la Unión Europea el comisario de Justicia sobre las reformas que atañan al poder judicial de los países miembros.

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"Plazo brevísimo" para enmiendas

Aprobada la tramitación por la vía de urgencia, se ha fijado un primer plazo de ocho días hábiles para la presentación de enmiendas a la proposición de ley, un trámite que estaba pendiente desde que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 15 de diciembre. Un plazo, que según fuentes parlamentarias de Ciudadanos, es "brevísimo". Según el grupo naranja el procedimiento "es absolutamente indignante", un "atropello" a los derechos de la oposición al ser "una reforma que se opone a todos los criterios nacionales e internacionales". Recuerdan que "no hay motivo alguno de tramitar urgentemente porque el órgano en funciones tiene sus competencias para que el poder judicial pueda seguir funcionando".

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En todo caso, los grupos que se oponen a la reforma tendrán ahora una segunda oportunidad para intentar frenarla pidiendo prórrogas o presentando una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar un nuevo debate en el Pleno, ya en febrero.

En la reunión de la Mesa del Congreso también se han rechazado, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, los escritos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del PP para que la Cámara pidiera informes consultivos sobre la reforma. Y es que, si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe al Consejo de Estado y también al propio CGPJ, pero ese trámite no es legalmente necesario si se utiliza la vía de la proposición de ley.

El pasado 17 de diciembre, el propio CGPJ, con el voto de 16 de sus 21 vocales ―todos ellos pendientes de renovación desde hace dos años―, pidió al Congreso emitir una opinión sobre la reforma por afectar "al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial".

El CGPJ pidió ser oído

El CGPJ reconoce que la petición de un informe de este tipo es "potestativa" en el caso de las proposiciones de ley, pero incide en que no puede obviarse su opinión porque cualquier iniciativa que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros de su órgano de Gobierno debe tramitarse "dando audiencia a todos los sectores implicados".

Por eso solicitó al Congreso que recabe la opinión no solo del CGPJ, sino también de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la Comisión de Venecia del Consejo de Europa), así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas.

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Tras el acuerdo del CGPJ, el Grupo Popular registró una solicitud similar ante la Mesa alegando que la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos es "manifiestamente inconstitucional" y que la "maniobra" de tramitarla como proposición de ley y no como proyecto de ley, evitando así los informes preceptivos del CGPJ y el Consejo de Estado, "evidencia claramente que se trata de imponer un Gobierno de los jueces ideológico, no profesional e independiente, formado por personas con tendencia ideológica de izquierdas".

Ambos escritos han sido estudiados este miércoles en la Mesa del Congreso, así como un informe de los servicios jurídicos confirmando que la decisión de pedir o no informes corresponde al órgano de Gobierno de la Cámara y que hay precedentes en uno u otro sentido. Con ese margen de maniobra, el PSOE y Unidas Podemos, de nuevo con el voto en contra de PP y Vox, han impuesto su criterio de no recabar informes a ningún órgano.