El CGPJ aprueba cuatro nombramientos frente al cerrojazo que busca el Gobierno

El Consejo General del Poder Judicial no está dispuesto a seguir el calendario que quiere imponer el Gobierno. Después de que este martes el Ejecutivo consiguiera con desahogo sacar adelante la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que prevé limitar precisamente la capacidad del órgano de gobierno de los jueces para designar cargos estando en funciones, el Consejo ha aprobado en el último pleno del año, que se celebra este jueves, ha aprobado cuatro nombramientos.

La reforma que pretende el Gobierno no está aprobada, pese a que se le quiere dar prioridad y un visto bueno de urgencia. La coalición contó en el primer paso parlamentario con el respaldo de sus socios de investidura. La renovación más atascada de la democracia no parece tener un horizonte claro. La llamada telefónica de Pedro Sánchez a Pablo Casado no ha despejado las dudas del PP, que se mantiene remiso al pacto, con el horizonte de las elecciones catalanas como freno.

Desde que se efectuó el anuncio, los 20 vocales del CGPJ comenzaron a trabajar en amplios consensos para continuar con los nombramientos. Han cerrado con gran apoyo la cobertura de cuatro de las vacantes que se encuentran pendientes del total de 30 que deben aprobarse próximamente. En concreto se han cubierto los nombramientos correspondientes a la presidencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional, la presidencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la presidencia de la Sala Contenciosa de Asturias y la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres. Todos los puestos se han aprobado con gran apoyo, con un mínimo de 17 votos.

En concreto el puesto de la Audiencia Nacional ha sido para José Pablo Aramendi Sánchez, hasta ahora titular del Juzgado de lo Social número 33 de Madrid (17 votos). La plaza de Castilla ha correspondido a María José Renedo, la de Asturias a David Ordóñez Solís y la de Cáceres a Joaquín González Casso todos con 18 apoyos. Los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en blanco.

A nadie se le escapa que el gesto es un desafío, tanto por el momento en que se produce como por las permanentes críticas lanzadas desde el Ejecutivo a los nombramientos de los dos últimos meses. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces reconocen un profundo malestar generalizado por las iniciativas legislativas del Gobierno, que consideran un ataque directo. Además de ocuparse de los nombramientos, el pleno decidirá sobre la mejor manera de simbolizar y evidenciar de forma pública ese malestar.

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La respuesta

Estudiará dos escritos relativos a la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial referida a las atribuciones del Consejo en materia de nombramientos discrecionales. El primero de ellos, firmado por los vocales Wenceslao Olea, Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías y Rafael Fernández Valverde, propone que el CGPJ solicite del Congreso que recabe informes del órgano de gobierno de los jueces y de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la proposición de ley. El segundo, firmado por los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán, propone que el CGPJ examine la proposición de ley sin dar más detalle.

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Las fuentes consultadas indican que se buscará en la reunión un punto de acuerdo común. Mientras el primero de los grupos plantea una propuesta para pedir informes, el segundo parece ir en la línea de decir ya algo sobre el fondo, a través de un comunicado oficial que suscriba el máximo de vocales posible. Será la segunda vez que el Consejo reacciona a iniciativas legislativas del Gobierno.

En aquella ocasión, y en respuesta a la proposición de la coalición gubernamental de plantear una reforma del CGPJ que reducía las mayorías necesarias para la elección de los vocales, el pleno extraordinario convocado se celebró y tuvo como resultado una declaración en la que el órgano expresaba su preocupación ante la primera de las iniciativas lanzada por el Ejecutivo que, al menos de momento, se mantiene activa de forma paralela a la nueva.