Madrid arma su petición de zona catastrófica para sortear las reticencias del Gobierno

El Ayuntamiento de Madrid está recopilando en tiempo récord toda la información de daños provocados por Filomena, que ha dejado paralizada la ciudad, igual que el resto de la región, desde el viernes por la tarde. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya avanzó su intención de solicitar que se declare la emergencia de protección civil (comúnmente conocida como zona catastrófica), que permitiría poner en marcha una línea de ayudas para combatir los agravios personales y materiales.

Según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, son las administraciones afectadas (ayuntamientos o gobiernos autonómicos) las que deben solicitar esa declaración a través de un informe detallado que, después, se eleva al Consejo de Ministros a petición de los ministros de Hacienda e Interior y otros miembros del gabinete cuyas carteras estén afectadas. La presencia de la primera, María Jesús Montero, es obvia porque debe ser Hacienda quien dé luz verde a ese aumento del gasto público.

Por eso, el Ayuntamiento de Madrid tiene efectivos municipales trabajando a pleno rendimiento en la revisión de daños en toda la ciudad. Por ahora, los distritos están dando cuenta de las instalaciones afectadas y después los delegados de áreas de gobierno harán sus contribuciones. Según explican fuentes municipales a este diario, la clave es armar muy bien la solicitud al Gobierno central. Dicho de otra manera: hace falta justificar con claridad los daños que hacen necesaria la declaración de zona afectada gravemente por esa emergencia.

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En el ayuntamiento, están convencidos de que los requisitos se cumplen y ven difícil que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda negarse a la petición. Con la ley en la mano, se considera una emergencia de protección civil aquella “situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión para atenderlas y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe”. En ese mismo artículo 2 de la citada ley, se define catástrofe como un acontecimiento “que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad”.

De ahí que en el consistorio gobernado por PP y Ciudadanos entiendan que se cumple a la perfección con las definiciones, encajando incluso la de catástrofe en muchos casos. En ese sentido, recuerdan que la borrasca no solo generó una situación de riesgo colectivo, sino que provocó un bloqueo absoluto de la capital, desde sus principales vías de comunicación a la prestación de los servicios más esenciales. El transporte, la asistencia a personas con necesidades e incluso la paralización de Mercamadrid son algunos ejemplos, que se unen a los daños que ya se están evaluando.

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El consistorio está haciendo acopio de los perjuicios sufridos en colegios, centros culturales, polideportivos, zonas verdes, jardines, autobuses de la EMT y cubiertas de edificios a través de todas las intervenciones realizadas por el cuerpo de bomberos y las notificaciones de ciudadanos. Ya tienen recopilados daños que afectan a todas estas instalaciones.

La cuestión, insisten, es que el informe que se presente desde la Administración afectada (y que deberá acompañarse de un segundo elaborado por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, que ya avanzó el apoyo al alcalde de la capital) debe justificar con detalle que se ha producido la paralización de una parte importante de los servicios públicos esenciales y demostrar que ha habido daños personales y materiales de gravedad. La ley habla de distintos supuestos que incluso recogen la suspensión de contratos o cotizaciones a causa del acontecimiento.

De ahí que en el consistorio cuenten con que habrá que exponer cada detalle de los daños, aunque creen que la ciudad “tiene todas las papeletas” para contar con esa declaración. La coordinación con la comunidad madrileña es esencial y, por eso, mientras Almeida avanzaba su intención de solicitarlo, la presidenta ya confirmaba que todos los ayuntamientos que quieran lanzar la petición al Gobierno central tendrán su respaldo.

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El consistorio se está dando prisa en la recopilación, pero recuerda que la petición formal no es inmediata debido a la precisión en la información requerida. La declaración de la zona como emergencia de protección civil conllevaría ayudas económicas a particulares con daños en su vivienda, compensaciones a corporaciones locales, ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes (como ha ocurrido, por ejemplo, con el uso de 4x4 para desplazar a sanitarios o personas con necesidades), subvenciones por daños en infraestructuras municipales o red viaria provincial, apertura de préstamos por el ICO e incluso exenciones fiscales de distinto tipo en IBI o IAE.

Dirigentes madrileños como Almeida, Ayuso o la vicealcaldesa, Begoña Villacís, mostraron este lunes su malestar por el pronunciamiento del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando en la noche del domingo aseguró tajantemente que no se cumplían las condiciones para declarar Madrid zona catastrófica. El alcalde mostró su sorpresa ante el pronunciamiento del ministro, teniendo en cuenta que la solicitud no se ha efectuado todavía. Es cierto que el propio Marlaska matizaba después sus palabras, igual que José Luis Ábalos, ministro de Transportes, explicando que por ahora continuaba la fase de restablecer la normalidad lo antes posible y que después “se evaluarían los daños” y “todas las opciones”.

Aun así, Madrid quiso dejar clara su intención y su postura, avanzando a Moncloa que no dará su brazo a torcer y pedirá esa declaración si los datos de daños, como todo parece indicar, lo avalan por escrito.