Las CCAA endurecen medidas por la tercera ola y dejan al Gobierno ante otro cierre total

España se encamina hacia una fase dura de la pandemia del coronavirus en el arranque del año 2021. La movilidad social de las fiestas navideñas, el desplome de las temperaturas y cierta sensación de relajación que ha coincidido con el inicio de las primeras vacunaciones han vuelto a situar los índices de transmisión, hospitalizaciones y fallecimientos en niveles de alerta roja en muchas autonomías. Territorios como Castilla y León se preparan abiertamente para solicitar al Gobierno central que autorice un confinamiento completo "corto y eficaz", de 14 días, similar al que se produjo entre marzo y junio del año pasado, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez decretó por primera vez el estado de alarma para atajar la proliferación de positivos y la saturación del sistema sanitario.

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En la Comunidad Valenciana, cuyo presidente, el socialista Ximo Puig, ha avanzado este martes el toque de queda a las 22:00, ha confinado 25 municipios y ha adelantado el cierre de la hostelería a las cinco de la tarde, las medidas son insuficientes para una parte del Ejecutivo autonómico, el que representa a Compromís, que reclama más dureza como un confinamiento completo de dos semanas o, en su defecto, la clausura de centros comerciales los fines de semana y de la hostelería durante 15 días con un plan de ayudas para el sector. En ese clima de división, la 'consellera' de Sanidad, Ana Barceló, admitió que la transmisión se ha disparado en las últimas jornadas, con un incremento de los fallecimientos y de los ingresos hospitalarios, si bien dijo que el sistema todavía tiene capacidad de absorción. Unas horas después, Sanidad arrojaba datos diarios aterradores: 3.939 nuevos contagios en un solo día y 85 fallecidos, récord total en una única jornada en la Comunidad Valenciana.

Otras autonomías como Extremadura o La Rioja también han elevado el listón de la medida de control social con la esperanza de frenar la curva de positivos. Andalucía decidirá el viernes si endurece también sus medidas. "Si tenemos que tomar las medidas con mayor prontitud, lo haremos", señaló el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre. Una opinión compartida por Juan Marín, el vicepresidente de la Junta que preside Juan Manuel Moreno. "Si los informes indican que hay una posibilidad de aumentar de forma importante los contagios y el número de camas hospitalarias, habrá que tomar otro tipo de decisiones más restrictivas de las que hay ahora".

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Todo esto se producen un contexto de retraso en la aplicación de las vacunas en los segmentos de población con niveles más altos de riesgo. La coincidencia en la llegada de las primeras remesas de Pzifer con los festivos navideños explica esta demora. Responsables autonómicos de los territorios más rezagados admiten en privado que han evitado abrir un nuevo frente con el personal sanitario, muy presionado en la atención de enfermos o sospechosos tanto en centros de primaria como en hospitales, exigiendo turnos extra para acelerar las vacunaciones. La consecuencia de esto es que se percibe como crecen los enfermos mientras las vacunas han pasado varios días en las neveras sin usarse, como ha pasado en Madrid o la Comunidad Valenciana.

En esta situación de engorde de lo que para muchos ya es una tercera ola de la pandemia, la pelota sobre cómo afrontarla se acerca de nuevo a los jardines de la Moncloa. La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, quien ha explicado este martes que, ante la tendencia al empeoramiento de los datos registrados desde el domingo, se pidió un informe al grupo de expertos en el que se insistía en el que el confinamiento domiciliario sería lo más efectivo. "Ellos plantean el confinamiento domiciliario estricto durante dos semanas", aseveró Casado, quien insistió en que su comunidad no tiene "ni competencia ni capacidad" para acometer esta medida, ya que el estado de alarma aprobado por el Gobierno solo contempla la posibilidad de que las autonomías establezcan el toque de queda, limitación de reuniones, cierres perimetrales y control de aforos.

La propuesta es similar a la que expresó la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, en la reunión interdepartamental celebrada en el Palau de la Generalitat en Valencia. Compromís defiende cerrar toda actividad que no sea la laboral y la educativa durante 14 días. La autonomía está en niveles de hospitalizaciones similar a las del pico de mayores ingresos de marzo del año pasado.

El barón socialista, Ximo Puig, se resiste por ahora a aplicar un confinamiento completo. Pero la Generalitat también ha trasladado en otras ocasiones que los confinamientos completos deben armarse jurídicamente desde el Gobierno central aunque se produzcan a solicitud de una comunidad autónoma. Una opinión extendida entre muchos dirigentes autonómicos. Si tiene que haber otra clausura, aunque sea por territorios, será Sánchez quien tomé la decisión. Quizás para entonces Salvador Illa ya no será ministro de Sanidad y corresponderá a su sucesor o sucesora realizar el anuncio.