Los contratistas de la sede de Podemos desvelan al juez que fueron elegidos a dedo

La investigación sobre las finanzas de Podemos ha detectado graves deficiencias en el proceso de licitación de las obras de reforma de su nueva sede. Los empresarios que se llevaron el contrato admitieron el pasado 22 de noviembre, durante su declaración como testigos ante el instructor de la causa, el juez Juan José Escalonilla, que un arquitecto del partido les contactó para ofrecerles el proyecto, les facilitó información técnica que no estaba a disposición de otros proveedores y algunos ni siquiera llegaron a presentar sus respectivas ofertas en el perfil del contratante que habilitó la formación para elegir a los ganadores, según se desprende de sus testimonios, a los que ha tenido acceso El Confidencial.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid analiza desde julio las obras de Podemos junto a otras presuntas irregularidades cometidas por sus dirigentes en la gestión de fondos de origen público, como la contratación de la agencia Neurona para la realización de servicios de carácter electoral que no han sido acreditados por la formación. En el caso de la reforma de la sede, la normativa interna de Podemos obligaba desde marzo de 2018 a sus máximos responsables a licitar los contratos para encontrar las mejores ofertas. Pero el juez recordó en otro momento de los interrogatorios que la ley de contratos del sector público también exigía al partido sacar a concurso un encargo de estas características.

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Las declaraciones de los constructores revelaron que, en realidad, el concurso fue un artificio. La primera anomalía se produjo en el precio del proyecto. Las obras salieron a concurso el 20 de mayo de 2019 por un importe de 649.936 euros. Sin embargo, cuando en los primeros días de junio se anunció el nombre de los proveedores elegidos para cada uno de los seis bloques en que se dividieron los trabajos, el presupuesto total de la reforma se había disparado hasta los 1.445.049 euros (IVA incluido). No solo no se abarató el precio de salida, sino que se produjo un aumento del 122% sobre el coste que había autorizado previamente el Consejo de Coordinación de Podemos.

El tesorero del partido, Daniel de Frutos, que declaró ese mismo día como imputado, dijo que el precio inicial de la licitación fue una estimación del arquitecto del proyecto, Manuel Enrique Campos, militante reconocido del partido y próximo a la dirección. Según De Frutos, el coste se incrementó cuando llegaron las propuestas de los proveedores, en las que ya se incluían el margen de beneficio empresarial y otros elementos más reales. Pero también admitió que la formación solo recibió una oferta para cada uno de los seis apartados del proyecto. Es decir, que nunca hubo una verdadera competición entre potenciales interesados, pese a que la licitación tenía que ser abierta y pública para tratar de conseguir el precio más competitivo.

Los contratistas añadieron nuevos motivos para la sospecha. La principal razón por la que solo se presentó una candidata por capítulo fue que Manuel Enrique Campos eligió a dedo a las adjudicatarias. Las empresas que resultaron vencedoras reconocieron ante el juez que el arquitecto las contactó personalmente para pedirles que participaran en las obras. De las seis empresas, cuatro aseguraron que lo conocían de trabajos previos. Era el caso de Rozas-Castilla SL (se llevó el bloque más cuantioso, de 612.949 euros), Euroal SLU (97.432 euros), Drin Seguridad SL (69.448,48 euros) y Bosa Montaje Ascensores y Reparaciones SL (40.770 euros). Una quinta compañía, Hispan Clima SL (214.421 euros), declaró que fue contactada por el arquitecto a través de un conocido en común. Y la sexta, Enviroline SL (159.236 euros), manifestó que también recibió una llamada del responsable del proyecto, pero aclaró que no había trabajado con él hasta ese momento.

Todas las empresas seleccionadas previamente por el técnico de confianza de Podemos fueron adjudicatarias de la reforma. Pero, además, todas las compañías reconocieron durante su declaración judicial que el arquitecto les proporcionó la memoria técnica de las obras para que pudieran elaborar sus respectivas ofertas (ver como ejemplo el vídeo que abre esta información). El documento era imprescindible para hacer una propuesta ajustada a los requerimientos del proyecto y calcular los costes. Pese a ello, la memoria nunca llegó a estar colgada en el perfil del contratante que habilitó Podemos para cumplir con la ley de contratos del sector público y su propia normativa interna. Solo las empresas elegidas por el arquitecto tuvieron acceso al documento clave.

Al menos uno de los empresarios, el administrador de Enviroline SL, que se llevó el bloque de la instalación eléctrica y red informática, confesó también al instructor del procedimiento que nunca llegó a registrar su propuesta en la página oficial del concurso. Se limitó a enviar la oferta al arquitecto. Posteriormente, este le comunicó que había sido elegido para ejecutar los trabajos. Los otros contratistas se enteraron de la misma forma.

El juez preguntó a la responsable de contratación de Podemos, Andrea Deodato, también imputada, por el papel del arquitecto en la selección de ofertas al margen del proceso de licitación reglamentario. Deodato admitió los contactos del técnico con los adjudicatarios, pero los justificó asegurando que las obras corrían prisa. “Yo entiendo que el arquitecto fue conversando… Esto era una licitación de urgencia. Y que… Ante eso… No nos podíamos dar el lujo de que la licitación quedara totalmente desierta”, alegó la dirigente a preguntas del magistrado.

El derrumbe inexistente

Durante la ronda de declaraciones, quedaron patentes otras inconsistencias en el relato de los cargos del partido. Uno de esos puntos afecta al inicio de las obras. La denuncia que dio origen al caso apunta a que, cuando se firmó la adjudicación el 4 de junio de 2019, las empresas elegidas ya llevaban dos semanas trabajando en las instalaciones de la formación.

En los interrogatorios, el tesorero De Frutos reconoció a preguntas del juez que las obras comenzaron efectivamente antes de que concluyera la licitación, pero aseguró que se tomó esa decisión por el mal estado en que se encontraban las oficinas. Según el tesorero, el inmueble estaba lleno de puestos de trabajo a medio desmontar, archivadores y enseres varios. También dijo que, además, un local colindante les avisó de que se había producido un derrumbe. “Por el estado en el que estaba... de suciedad… pues se hicieron unos trabajos, pero relativos a esto”, puntualizó.

Esta versión se vio desmentida una hora más tarde por el testimonio ante el juez del principal contratista, Rozas-Castilla SL. A preguntas de la letrada de la acusación popular de Vox, este empresario declaró que visitó la sede a finales de mayo para reconocer las obras y afinar su propuesta. La abogada le preguntó si, en el momento de la visita, “había algún derrumbe”. El testigo lo negó rotundamente: “No, no había ningún derrumbe”.