Moncloa asume que el Supremo frenará su plan para indultar a los presos antes del 14-F

El compromiso del Gobierno para resolver los indultos de los condenados por el proceso independentista de Cataluña choca con los plazos para tramitarlos, pues no dependen de los deseos del Ejecutivo ni de los partidos catalanes. Los tiempos dificultan que estén resueltos antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero, como quieren el Gobierno y los partidos que han pactado los Presupuestos Generales del Estado. El Tribunal Supremo es el que maneja los plazos, que entrarán en el marco habitual para gestionar la gracia: seis meses.

Formalmente, el Gobierno asegura que no tiene una posición sobre el resultado final de ese trámite hasta que no recabe todos los informes y sea debatido en el Consejo de Ministros. Pero tanto diferentes fuentes del Gobierno como fuentes independentistas dan por hecho que se concederán, aunque sea condicionados y parciales. Y parece casi seguro que se hará en contra de los informes preceptivos del Tribunal Supremo y de la Fiscalía.

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Solo el vicepresidente, Pablo Iglesias, ha asegurado públicamente que es partidario de conceder los indultos y ha explicado que presionará para que se concedan cuanto antes. Para el Gobierno, es fundamental la situación de los presos independentistas para las elecciones catalanas, especialmente para ERC, partido que se ha constituido en esencial para la estabilidad del Ejecutivo de coalición.

ERC lamenta estos días que sus principales dirigentes, con Oriol Junqueras a la cabeza, no podrán hacer campaña electoral por estar en la cárcel y que eso les deja en una situación de inferioridad. Y para el Gobierno es vital que ERC pueda ganar esos comicios a JxCAT, la candidatura amparada por Carles Puigdemont.

Una derrota de ERC arruinaría los planes del Ejecutivo, basados en los acuerdos que le permiten este jueves sacar adelante los Presupuestos y prolongar la legislatura. Este mismo miércoles, Pablo Iglesias se ha felicitado del acuerdo de Presupuestos y ha explicado que va más allá, porque supone implicar a partidos como ERC o Bildu en la "dirección del Estado". Esa derrota acabaría con la dirección del partido independentista que ha llegado a esos pactos con el Gobierno de coalición.

Además de la vía del indulto, el Gobierno ha puesto en marcha la vía de la reforma legal del delito de sedición, con una modificación del Código Penal. Esta vía, amparada sobre todo por la vicepresidenta Carmen Calvo, tiene también un problema de plazos. Es decir, aun en el caso de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley este mes, el trámite parlamentario no estaría concluido al menos hasta febrero, y posteriormente el Tribunal Supremo tendría que aplicarlo a los condenados por el proceso solo en el caso de que encaje. La reforma solo afecta a la sedición y la rebelión, pero no a la malversación, por la que también están condenados en concurso medial.

Por eso, una de las ideas es combinar ambas cuestiones. La sedición se recortaría con la reforma mientras que se baraja un indulto parcial que afecte al delito económico, imposible de desactivar por la vía de la modificación del Código Penal.

Gestos políticos

Sea como sea, en las dos vías, la del indulto y la de la reforma del Código Penal, el Gobierno solo podría hacer gestos políticos —y no actos— antes de las elecciones del 14 de febrero. Por ejemplo, la aprobación en Consejo de Ministros de la reforma legal del delito de sedición que, según admitió el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en 'El País', se hace como consecuencia de la condena a los independentistas catalanes. Los guiños son posibles e incluso deseados por ERC, pero pasar a la práctica es "imposible", confirman fuentes gubernamentales.

Respecto a los indultos, si no fuera posible su concesión antes de las elecciones catalanas como consecuencia de los plazos, fuentes del Gobierno creen posible mostrar gestos políticos en esa dirección antes del 14-F y concluir el trámite posteriormente, acompañando el proceso de diálogo que espera abrir con el futuro Ejecutivo de la Generalitat. De hecho, el Gobierno y ERC mantienen congelada la mesa de diálogo, que solo pudo reunirse una vez y que luego fue frenada por Joaquim Torra.

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Los plazos se asumen por el propio Gobierno e incluso por Esquerra, aunque a regañadientes. El ministro de Justicia anunció públicamente la intención del Ejecutivo de iniciar la tramitación de los indultos el pasado 23 de septiembre. Lo hizo en el Congreso, durante una sesión de control al Gobierno, y el anuncio se coordinó previamente desde Moncloa. Fue el pistoletazo de salida a las negociaciones para Presupuestos, y aunque tanto ERC como JxCAT lo desvincularon de las conversaciones, se interpretó, ya desde entonces, como un guiño a las formaciones independentistas.

Desde el propio Ministerio de Justicia, se aclaró entonces que la tramitación completa de los indultos se alargaría previsiblemente más de seis meses. La tramitación en el alto tribunal se encuentra en una fase inicial. Fuentes jurídicas informan de que, de momento, se ha recibido informe de las cárceles donde cumplen su pena los condenados, entre ellas, la de Lledoners sobre Junqueras, que adelantó El Confidencial.

Recibida la respuesta y unificados todos los expedientes, la documentación ya ha sido remitida a la Fiscalía del TS, que acaba de recibirla. Los encargados de informar serán los cuatro fiscales del 'procés', que deben revisar una por una la solicitud emitida para cada uno de los penados, de forma individualizada. También la Abogacía del Estado deberá emitir su posicionamiento de la misma forma. Por último, el tribunal que los sentenció informará al respecto una vez delibere el tiempo que sea necesario.