Trámite exprés y mucha crispación. Así fue el fugaz paso de la ley Celaá por el Congreso

El Gobierno tiene a punto su reforma educativa. La Lomloe se convertirá, a la espera del visto bueno del Senado, en la octava desde que se reinstauró la democracia. Pese a que la idea de una ley de consenso en este ámbito aparece en el debate público cada cierto tiempo, la llamada ley Celaá ha mantenido la tendencia previa y ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados con mayoría absoluta, en este caso solo un voto por encima de la misma. La norma supera así un proceso exprés por la Cámara Baja que ha estado marcado en todo momento por la crispación y el rechazo de los principales partidos de la oposición.

Este jueves, el pleno debatió la reforma educativa impulsada por el Ejecutivo entre críticas a algunos aspectos por parte de partidos minoritarios, pero sobre todo con el rechazo tajante por parte de PP, Ciudadanos y Vox, que elevaron su tono y terminaron entonando gritos de "libertad, libertad". Las tres formaciones se han opuesto desde un primer momento a la normativa por su contenido, pero también por las formas en las que se ha ido desarrollando el proceso. El descontento en este sentido fue enfatizado especialmente por la portavoz naranja de Educación, Marta Martín, que dibujó una realidad legislativa en la que —denunció— habían tenido que "trabajar con una presión brutal, a puerta cerrada (...) y negociando prácticamente 500 enmiendas por semana".

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Lo cierto es que en las últimas semanas las tres formaciones han ido denunciando en el marco de la comisión del ramo lo que consideraban un proceso que se había acelerado para ser tramitado lo antes posible. Tanto Martín como el portavoz de Vox Joaquín Robles incidieron este jueves en que no se ha contado con comparecencias de los principales agentes de la comunidad educativa, aunque el Ejecutivo ha argumentado que muchas de las reivindicaciones del sector se ven reflejadas en el nuevo texto. También los sindicatos ANPE, CSIF y CCOO han cuestionado la falta de diálogo. Inés Arrimadas lamentó en los últimos días que sea ERC quien esté marcando los ritmos al Gobierno de PSOE y UP.

Tanto PP como Cs y Vox han mostrado públicamente su rechazo a lo que veían como "atropellos" a su labor de oposición. Estas siglas han alzado la voz por que el dictamen de la regulación haya llegado al pleno del Congreso en solo seis días tras salir de la comisión, con un fin de semana de por medio. Pero sobre todo cargaron contra los partidos de Gobierno y sus socios por haber concentrado en una sola jornada —el pasado viernes— la sesión final sobre un proyecto al que se le habían presentado más de mil enmiendas y justo después de debatirse las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado en la cámara. Llevan semanas advirtiendo de estas prácticas.

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La votación de la comisión para elevar el dictamen al pleno se produjo hace tan solo una semana y en una única jornada frenética —la Lomce se dividió en tres teniendo menos enmiendas— en la que los grupos que habían presentado enmiendas tuvieron siete minutos para intervenir en cada uno de los cinco bloques, contaron con cinco minutos de descanso después de la votación de cada apartado y media hora para almorzar en una jornada que se extendió hasta diez horas. El proceso fue calificado como un "embudo" en el que se les había "hecho tragar enmiendas sectarias", según el diputado de Navarra Suma Sergio Sayas. El propio presidente de la comisión, el socialista Sergio Gutiérrez dio muestras de cansancio al final del día.

El proyecto de ley se registró cuando en el Consejo de Ministros solo estaban los socialistas, en la pasada legislatura, y Ciudadanos recordó este jueves que el texto no ha pasado por la conferencia sectorial actual, aunque sí hiciera lo propio por la anterior.

Pese a esto la ministra del ramo, Isabel Celaá, valoró tras la luz verde obtenida en el Congreso de los Diputados que le habría gustado contar "con más consenso", pero que "lamentablemente el PP, Vox y Ciudadanos se han autoexcluido". Si bien varios partidos minoritarios ensalzaron la necesidad de derogar la Lomce, la norma solo logró 177 síes —y 178 su dictamen— en una cámara de 350 diputados.

Uno de los aspectos que alineó a socios poco comunes fue la defensa de la educación concertada. El texto recoge algunas limitaciones para este tipo de centros de financiación pública que han sido interpretados por los mismos como un "ataque a la concertada". Entre las medidas, el documento incluye la prohibición de que se cobren cuotas extra a las familias o que las escuelas que segregan por centros reciba fondos públicos. También ha levantado ampollas la eliminación del término "demanda social" en un párrafo referido a estos centros, ya que se escudaban en esas palabras para poder ampliar sus plazas. PP, Cs y Vox se unieron este jueves a PNV y JxCAT para tratar de que se garanticen que podrán ofrecer las plazas "suficientes", pero la iniciativa no cosechó los apoyos necesarios. Representantes populares, naranjas y del grupo de Abascal respaldaron a las puertas del Congreso a manifestantes de la concertada.

Críticas a su contenido

La educación de los niños con necesidades especiales ha centrado gran parte del debate sobre la norma, ya que muchos han visto en las líneas del Ejecutivo un intento por vaciar los centros de educación especial. Así lo interpretó la Plataforma Inclusiva Sí, Especial También, como también han denunciado PP y Vox. El texto de la reforma educativa recoge que se desarrollará "un plan para que, en el plazo de diez años, (...) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Vox ha vinculado estos epígrafes a un intento por fomentar que los niños con discapacidad no lleguen a nacer.

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Otro ámbito que ha tensado sobremanera el debate en las últimas semanas en relación con la Lomloe es su contenido sobre el castellano. El texto elimina el calificativo "vehicular" incorporado en la Lomce para referirse al castellano, y también suprime el adjetivo "oficial" para referirse al mismo. Los tres grandes partidos de la oposición han visto en este movimiento una concesión a las formaciones independentistas y un intento de sacar al castellano de las aulas de regiones con lenguas cooficiales. Este mismo jueves, el pleno votó una iniciativa de Vox que reclamaba que se garantice el derecho a estudiar sin las lenguas cooficiales, es decir, exclusivamente en castellano, logrando solo el apoyo de Cs.

Desde el Gobierno se ha restado importancia a los apartados relativos a la lengua y han hecho hincapié en que la Constitución garantiza la presencia del castellano y en que la norma refleja que se tendrá que garantizar el derecho a estudiar "en castellano y en las demás lenguas cooficiales" de acuerdo a la carta magna. Además, según la Lomloe, al acabar la educación básica los alumnos deberán tener un "dominio pleno" de la lengua oficial del Estado y que si hubiera "carencias", se deberían establecer medidas de compensación. Tanto Vox como PP y Ciudadanos han avanzado que recurrirán la ley Celaá ante el Tribunal Constitucional.