El Gobierno se cubre las espaldas ante las comunidades 'rebeldes' en estado de alarma

Primera semana del cuarto estado de alarma y nuevo enfrentamiento con Madrid. Solo han tenido que pasar cinco días para que el decreto ley que dictó el Ejecutivo el pasado domingo fuera interpretado en contra del espíritu de la norma por la Comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso. El gobierno regional decidió este jueves ordenar la restricción de movimientos de la población de la capital durante el tiempo imprescindible para evitar salidas durante este puente y el de la Almudena, que se celebra el próximo fin de semana. Se saltó con su decisión la previsión del decreto en el que se establece que las medidas deben ser adoptadas por un mínimo de siete días naturales, consecutivos.

En esta ocasión, el Ejecutivo lo dejó pasar y pese a las duras críticas que vertieron algunos de sus altos cargos, como la vicepresidente Carmen Calvo, autorizó este cierre intermitente que se complementa con las prohibiciones de salida y entrada en 32 zonas básicas de salud. No obstante, los continuos rifirrafes con Madrid hacen temer que los episodios de confrontación se repitan. El Gobierno cuenta para detenerlos con la prerrogativa de ser autoridad. En esta ocasión, ha delegado esa autoridad a las comunidades autónomas para que cada una controle cada territorio y pueda ejecutar restricciones. Pero este poder no es ilimitado y, sobre todo, se someterá a permanente control.

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Pese a lo que pueda parecer, la decisión última depende en último lugar del Gobierno de la nación. Sin su luz verde, las medidas que adopte Madrid o cualquier otra comunidad pierden eficacia. Como recuerdan fuentes cercanas al Ejecutivo, para empezar ha sido el propio Ejecutivo el que ha decidido repartir y compartir durante nada menos que seis meses— el plazo de la prórroga que logró aprobar esta pasada semana en el Congreso— la responsabilidad de regular restricciones.

Como explica el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre ya desde el preámbulo, tanto las limitaciones a la permanencia de grupos de personas, como las referidas a la entrada y salida de territorios serán eficaces en el territorio de cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada respectiva lo determine. Las autonomías también podrán "modular, flexibilizar y suspender la aplicación de estas medidas".

En el artículo 2, el decreto ejecuta ese reparto de responsabilidad. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de la Nación —dice— para añadir en un segundo punto que en cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía. Estas quedan "habilitadas para dictar las órdenes, resoluciones y disposiciones" que consideren oportunas pero, remarca el texto, lo hacen "por delegación del Gobierno de la Nación".

Previa comunicación

El Real Decreto determina, a continuación, que para todas y cada una de las limitaciones de derechos que adopten las autonomías, estas deben de forma previa, comunicárselo al Ministerio de Sanidad. Ayuso forzó la máquina esta semana y ordenó y anunció el cierre de quita y pon sin esperar a recibir autorización del Gobierno central. El texto del Gobierno también establece que con la finalidad de garantizar la necesaria coordinación en la aplicación de las medidas "el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, bajo la presidencia del Ministro de Sanidad, podrá adoptar a estos efectos cuantos acuerdos procedan, incluidos, en su caso, el establecimiento de indicadores de referencia y criterios de valoración del riesgo".

Este control permanente es así la mejor opción del Gobierno para cortar de raíz cualquier decisión que no concuerde con los parámetros que pueda ir imponiendo a medida que avance o retroceda la pandemia. El mando que confiere la autoridad competente también le faculta para obligar al cumplimiento de restricciones en todo el territorio nacional estén o no de acuerdo los presidentes autonómicos. Tiene así las riendas de la alarma.