De Ayuso a Mañueco: Casado, entre las dos almas de gestión autonómica del PP

Pablo Casado avanza en su nueva estrategia política inaugurada tras la moción de censura de Vox. El jefe de la oposición defendió esta semana una "abstención crítica" en el debate de la prórroga del estado de alarma, después de meses con una posición muy dura y contraria a la herramienta de excepcionalidad. Aunque también denunció el "atropello legal" del Gobierno al aprobar una medida tan extraordinaria durante seis meses y sin apenas control parlamentario, Casado reconoció que no se opondría a los reclamos de las comunidades autónomas. No podía votar que no.

El estado de alarma (que estará vigente en España hasta el 9 de mayo) servirá para dar cobertura legal a las decisiones de las autonomías, que ahora tienen la competencia dentro de sus territorios. El líder del PP aprovechó su discurso para hacer un alegato en favor de "todos los presidentes autonómicos, también los que no son del PP" por estar "dando la cara" frente a "un Sánchez ausente". Y reconoció que la abstención en la prórroga tenía mucho que ver con la necesidad de decisiones inminentes para frenar la expansión del virus. "Validamos lo que piden las CCAA para salvar los tres puentes que vienen", dijo.

En la gestión de las autonomías del PP, sin embargo, hay dos almas que una vez más se han hecho más que evidentes. Mientras que comunidades autónomas como Andalucía y Castilla y León decretaron rápidamente el cierre perimetral de sus territorios hasta el próximo 9 de noviembre, la Comunidad de Madrid protagonizó un nuevo choque con el Gobierno central a través de una interpretación en el decreto que le permitió cerrar la comunidad "por días". En concreto, este puente de Todos los Santos.

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La dirección nacional del PP no ha defendido con claridad la medida de Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que en otras ocasiones sí han avalado los planes quirúrgicos para actuar en zonas básicas de salud donde hay mayor incidencia en vez de confinar municipios completos como exigía Sanidad. Y, de hecho, el mismo día en el que se producía la polémica con Madrid, Casado evitó lanzar un mensaje de respaldo directo en el Congreso de los Diputados.

Es más, el ministro Salvador Illa llegó a reprochar a la presidenta madrileña que el grupo parlamentario del PP no hubiera registrado una enmienda al decreto de la prórroga encaminada a que los siete días naturales en los que, como mínimo, deben mantenerse las medidas ordenadas por cada comunidad pudieran dividirse por etapas. Ayuso lo que ha decretado es la división de ocho días de restricciones (cuatro en este puente y otros cuatro para el de La Almudena).

El último ha quedado en el aire porque el Ministerio, que no tuvo más remedio que aceptar el plan madrileño (también aplicado en Ceuta), llevará la concreción de criterios a una reunión el miércoles con el Consejo Interterritorial en el que se sientan todas las comunidades. El objetivo es evitar interpretaciones de este tipo y que las normas generales estén claras para todos.

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La presidenta madrileña quiso restar importancia al nuevo encontronazo, asegurando que no hay "ninguna guerra contra Sánchez ni del presidente contra ella". Agradeció al Ejecutivo central haber aceptado su propuesta (en realidad, la vicepresidenta Calvo criticó duramente la actuación de la dirigente autonómica), y aseguró que su Gobierno seguiría defendiendo "medidas concretas" y "cierres por días". En realidad, reconoció que la decisión del cierre de la región tuvo mucho que ver con las peticiones y "molestias" de otras comunidades autónomas (en clara referencia a Castilla La-Mancha y Castilla y León) que pueden verse muy afectadas por la movilidad de madrileños.

La postura de Ayuso nada tiene que ver con la del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también del PP. De hecho, las tres comunidades mantuvieron una reunión el pasado miércoles con el objetivo de coordinar las restricciones y el acuerdo no fue tal. Madrid se desmarcó de perimetrar la comunidad hasta el 9 de noviembre a pesar de la insistencia de sus autonomías vecinas.

"A la presidenta le parecía bien cerrar el puente y lo que le hemos recordado es lo de los siete días", reconocía Mañueco en una entrevista poco después del encuentro a tres. Según fuentes conocedoras de la reunión, Ayuso dejó muy claro que no cerrará su región por "periodos largos de tiempo" porque sus técnicos no han avalado la eficacia de esa medida. Tampoco explicó la presidenta madrileña los beneficios de abrir la comunidad durante los tres días que separan los dos puentes.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, fue otro de los primeros en decretar el cierre perimetral de su comunidad desde la media noche del jueves hasta el 9 de noviembre, cuando han pasado los dos puentes del mes y decae la primera parte del estado de alarma. No solo eso: la Junta también ha confinado Granada, Jaén y Sevilla, y otros municipios de más provincias. También Murcia, gobernada por el PP, decretó durante 14 días el cierre de su autonomía y todos sus municipios.

Y Galicia, que era una de las pocas comunidades que había resistido al cierre, trasladó este viernes el cierre inmediato de todas sus grandes ciudades: Santiago, Ferrol, A Coruña, Lugo, Pontevedra y Vigo, que se unieron a Ourense (ya lleva tres semanas de cierre consecutivas). Aunque el nuevo cierre es temporal (también hasta el lunes, cuando termina el puente), Alberto Núñez Feijóo decretó restricciones sociales importantes como la prohibición de reuniones entre no convivientes. En Santiago tampoco están abiertos bares ni cafeterías.

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Ninguno de los barones territoriales del PP, con la excepción de la madrileña, han mantenido enfrentamientos con el Gobierno central, más allá de sus reclamos constantes por contar con seguridad jurídica y desarrollar una alternativa al estado de alarma que permita gestionar con eficacia la pandemia. En dos semanas, de hecho, se debatirá en el Congreso una proposición de ley del grupo popular que pretende reformar la ley orgánica de 1986 para poder tomar medidas contundentes sin necesidad de la medida de excepcionalidad constitucional.

Este martes, Casado reúne al consejo ejecutivo nacional de su partido (que fue aplazado la semana pasada para reunir al grupo covid del PP) donde los barones y otros dirigentes clave abordarán la nueva hoja de ruta emprendida y se podrán hacer visibles, una vez más, las diferencias en la gestión de las autonomías.