La letra pequeña del fin del secreto: la Iglesia no facilita a una víctima su informe de abusos

En diciembre de 2019, el papa Francisco ordenó levantar el secreto pontificio de los abusos a menores. La decisión implicaba allanar el camino para que las víctimas pudieran acceder a la documentación que la Iglesia almacena sobre sus casos, pero 10 meses después, esa esperanza se ha visto mermada: el obispo de la Diócesis de Astorga, Jesús Fernández, se niega a facilitar el correspondiente informe a una de las víctimas de La Bañeza. En una carta a la que ha tenido acceso este diario, Fernández se escuda en que el fin del secreto pontificio "no tiene carácter retroactivo", lo que implica que la información sobre los casos anteriores a diciembre de 2019 sigue guardada bajo llave. "Se lo pueden tomar como un ultimátum, pero las víctimas ya nos hemos cansado", sentencia Juan Cuatrecasas, presidente de Infancia Robada.

El hombre al que le han negado acceder a su informe es Javier. Al igual que otros estudiantes del seminario menor de La Bañeza, sufrió abusos a manos del exsacerdote José Manuel Ramos Gordón entre 1988 y 1989, cuando tenía 14 años. En noviembre de 2014, destapó el caso al enviar una carta al papa Francisco y, poco después, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que depende de la Santa Sede, abrió una investigación. En el "proceso administrativo penal", Ramos Gordón reconoció los hechos y dejó de ser sacerdote en agosto de 2016, pasando entonces a vivir en una residencia de Astorga con otros clérigos jubilados. Con esa condena sobre la mesa, Javier busca acceder al expediente sobre los abusos que él mismo sufrió a manos de Ramos Gordón, pero una y otra vez se niegan a facilitárselo.

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"No quieren que mi expediente vea la luz del sol. Lo he pedido cuatro veces, dos de ellas desde que se levantó el secreto", critica al hablar con El Confidencial. Los dos últimos intentos se remontan al 17 de mayo y al 21 de julio, cuando escribió por correo electrónico a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que le entregaran toda la información sobre su caso y, en concreto, la concerniente al proceso que el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Astorga celebró en 2015 contra Ramos Gordón. "Solicito a dicho tribunal, teniendo en cuenta la derogación del secreto pontificio para los casos de abuso sexual, como primer interesado y perjudicado (víctima reconocida), me sea remitido el expediente del citado procedimiento", subrayaba en el primero. "Hasta el día de hoy, no he recibido respuesta", añadía en el segundo.

La Congregación para la Doctrina de la Fe, de hecho, ni siquiera respondió a sus correos electrónicos. A la vista de este silencio, Javier lo daba ya por perdido, sospecha que terminó por confirmarse después de escribir al nuevo obispo de la Diócesis de Astorga, Jesús Fernández, para presentarse y hablar de su caso. Además de agradecerle "la felicitación" que Javier le había transmitido "con motivo de la toma de posesión" en su nueva diócesis, el obispo aprovechó la misiva para responderle en nombre de la Santa Sede: "De la misma Congregación (fecha del escrito: 26 de septiembre de 2020) he recibido el encargo de comunicarle que 'la reciente reforma legislativa a la que hace referencia en su escrito no tiene carácter retroactivo, por lo que su petición no puede ser acogida", sostiene en la misma para rechazar la petición de Javier.

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La respuesta choca con las declaraciones de diversos altos cargos de la Iglesia, entre ellas, las del secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Juan Ignacio Arrieta Ochoa, que en una entrevista concedida en diciembre de 2019 al medio 'Religión Digital' se mostraba tajante: "Sí, claro que [levantar el secreto pontificio] tiene efecto retroactivo, en el sentido de que las cuestiones sobre denuncias, procesos y demás relativas a los delitos contra menores que se indican, ahora quedan bajo el normal secreto de oficio, que es igualmente obligatorio, porque obliga a no dar información a quienes no tienen título para tener esa información", sostenía Arrieta. "El secreto pontificio, como cualquier secreto de oficio, pretende que determinadas noticias no circulen entre sujetos que no tienen derecho a conocerlas", argumentaba.

El obispo de Astorga, sin embargo, dice ahora que el levantamiento del secreto pontificio no tiene efecto retroactivo, anuncio que traslada además en nombre de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta postura implica incluir a Javier entre los "sujetos que no tienen derecho a conocer" el procedimiento que se llevó a cabo contra Ramos Gordón, y todo ello pese a haber sufrido él mismo los abusos del exsacerdote. El Confidencial se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal para intentar aclarar si el fin del secreto pontificio tiene efecto retroactivo, pero argumentan que "se trata de una aclaración sobre dos textos que no parten de la Conferencia Episcopal" y, por tanto, no les corresponde pronunciarse. Con la incógnita en el aire, el enfado entre las asociaciones que luchan contra los abusos en la Iglesia va en aumento.

"Por un lado, el Papa levanta el secreto pontificio para los casos de pederastia y, por otro, quienes tienen que aplicarlo oyen al Papa 'como si oyeran misa', valga la expresión", critica la abogada de la asociación Infancia Robada, Leticia de la Hoz. "Si no tiene retroactividad, es una medida fraudulenta y que no sirve para nada. Que hagan un levantamiento a futuro resulta aberrante. Ya está bien de que jueguen con nosotros a trileros: '¿Dónde está la bolita?, ¿dónde está la bolita?", concluye a su vez el presidente, Juan Cuatrecasas. Varias víctimas han pedido acceder a sus expedientes en el último año y, según señalan desde la asociación, ninguna lo ha conseguido por ahora. A la vista de la carta del obispo de Astorga, su conclusión es clara: los expedientes sobre abusos sexuales anteriores a diciembre de 2019 siguen guardados bajo llave.