"Gran preocupación": el informe de Fiscalía sobre los abusos a menores en la Iglesia

La Fiscalía ya ha entregado al ministerio de Justicia su informe sobre los abusos sexuales sufridos por menores en la Iglesia, un escrito en el que deja claro cuál es su objetivo: "Ayudar al diseño de las políticas legislativas que necesariamente deben abordar la prevención de estas intolerables agresiones hacia los menores que alcanzan niveles de gran preocupación". El análisis, sin embargo, no recoge el número exacto de casos ocurridos en instituciones religiosas en los últimos años, una falta de información que se debe a que en los correspondientes registros no se diferencia "la condición del autor o el entorno o naturaleza de la institución en cuyo seno se produce". El Ministerio Público pone entonces el foco en iniciativas que ya se han puesto en marcha en Australia u Holanda para combatir este fenómeno, países que considera que van por delante de España: "Es claro que el panorama es deficiente y está necesitado de un mayor impulso".

A lo largo de siete páginas, el informe expone el número de escritos de acusación que se han formulado en los últimos años por abusos y agresiones sexuales a menores, así como de sentencias y diligencias de investigación incoadas, pero sin poder concretar cuáles de estas se han producido en el seno de la Iglesia: "Los datos expuestos revelan una realidad criminal de indudable gravedad, pues con independencia de los números, este tipo de conductas recaen sobre personas especialmente vulnerables, como son los menores de edad", subraya el Ministerio Público.

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La conclusión es clara, pero la Fiscalía reconoce igualmente sus limitaciones para luchar contra este tipo de agresiones: "Se trata de entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad donde la detección de los casos presenta dificultades por diversos motivos". Su estudio menciona entonces la respuesta que han dado otros países como Australia u Holanda, donde se han puesto en marcha iniciativas que buscan detectar los abusos y calibrar la entidad del fenómeno: la Real Comisión en el primero y la Comisión Deetman en el segundo, proyectos que "requieren de la colaboración y actuación coordinada de diversas entidades, instituciones y administraciones implicadas en la materia".

Con estos ejemplos sobre la mesa, el Ministerio Público pide la implicación de otras instituciones que tengan competencias en la protección de menores, colaboración que consideran que "puede ser de extraordinaria utilidad en esta tarea, apoyando las iniciativas ya existentes en el sector afectado en la línea expuesta, y trasladando a este ámbito la experiencia de los protocolos ya en funcionamiento en el ámbito de los centros educativos o sanitarios públicos sobre detección y comunicación de abusos sexuales".

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De forma paralela, destacan la importancia de "evitar comprobaciones o filtros internos de verificación" a la hora de denunciar este tipo de abusos, medida que enmarcan en "la necesaria fluidez" de dar respuesta a las víctimas. El informe sostiene que son las entidades especializadas en la protección de menores y la propia Fiscalía las que deben "asumir el estudio del caso y la valoración de la existencia de indicios para formular la denuncia", oponiéndose así a que aquellos que tengan conocimiento de los hechos o incluso una simple sospecha de los mismos se amparen en la supuesta necesidad de investigarlos antes de acudir a las autoridades.

Más allá de estas propuestas, la Fiscalía propone que quede en sus manos "iniciar los contactos con las instituciones y entidades implicadas a fin de establecer cauces de comunicación y colaboración para profundizar en esta línea", sugerencia que queda ahora sobre el tejado del ministerio de Justicia.