La Iglesia pone a un vicario que tapó abusos a menores en una comisión antipederastia

Las autoridades eclesiásticas de Oviedo, León, Astorga y Santander se reunieron el 3 de febrero para abordar asuntos pastorales y el nuevo proyecto que tienen entre manos: "Tras las sendas publicaciones de los protocolos para prevenir los abusos sexuales a menores por parte de la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española, se trata de coordinar un protocolo conjunto", explicó la Diócesis de Santander en una nota. Pero Javier, la primera víctima que denunció los abusos que ocurrieron a finales de los ochenta en el seminario menor de La Bañeza, no se fijó en el texto del comunicado sino en la fotografía que lo ilustraba: allí estaba Javier Redondo de Paz, el hombre al que pidió auxilio con 13 años para que pusiera fin a los abusos que sufría a manos del exsacerdote José Manuel Ramos Gordón.

Javier contó por primera vez los abusos en la carta que envió al Papa el 30 de noviembre de 2014. Según sostiene en la misiva, él y otras víctimas, entre ellos su hermano, lo denunciaron en 1989 ante el rector del seminario, Gregorio Rodríguez Fernández, y después ante el tutor de sexto curso, Javier Redondo: "Con el semblante serio, [Redondo] preguntó: '¿Se lo habéis dicho a alguien más?'. A lo que respondieron: 'Sí, a don Gregorio'. 'No debisteis hacerlo', replicó, 'pero dejadlo en mis manos'. Parecía que por fin alguien haría algo por nosotros. ¡NADA! No hizo nada, por segunda vez nos ignoraron, dejándonos a merced de los caprichos sexuales de don José Manuel".

Aquella carta dio lugar a un "proceso administrativo penal" en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que depende de la Santa Sede. En abril de 2016, el Vaticano anunció la condena impuesta al pederasta Ramos Gordón: "Privación del oficio de párroco durante un periodo no inferior a un año, en el que tendrá un seguimiento tutelado por otro sacerdote, realizará ejercicios espirituales y desarrollará labores asistenciales en favor de los sacerdotes ancianos e impedidos, así como otras tareas caritativas". Sobre otros señalados como Redondo, ni una palabra.

Tras conocer la decisión, Javier acudió en junio de 2016 a ver el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, fallecido en 2019. Le mostró su disconformidad con el castigo y planteó la posibilidad de una compensación económica de 300.000 euros. En aquella conversación, surgió una vez más el papel que jugó Redondo en La Bañeza: "Cuando se lo dijimos al rector y se lo dijimos a Javier Redondo, ahí no pasó nada. ¿Pero qué pasó? Se le hizo grande, se le acumuló… Es que yo no lo entiendo. Y hubo encubrimiento por todos", espetó la víctima al obispo, como se puede escuchar en el audio que se incluye en esta noticia.

El obispo Menéndez en ningún momento negó el encubrimiento y se escudó en que, cuando ocurrieron los hechos, él no era responsable de la diócesis: "Como comprenderá, yo no estaba allí". Ante este argumento, Javier le recordó que tras destaparse los abusos, el propio Redondo había reconocido que las víctimas le pidieron ayuda: "Fue totalmente veraz en su declaración. Dijo que sí [se lo habíamos contado]. Pero tampoco hizo nada. Ahí no lo pararon. Ahí no se paró. Entonces yo llego a la conclusión de que ni hablaron con él". Mientras Javier pedía explicaciones, Menéndez se disculpaba y respondía con monosílabos, volviendo una y otra vez al mismo razonamiento: "Se ha aprendido la lección en estos momentos. Otra cosa es... Claro, en otro momento y en ese momento histórico…".

Al final de la reunión, el obispo se interesó de nuevo por cómo fue la conversación con Redondo en el seminario: "Redondo... ¿Qué pasó con él?", preguntó. "A Redondo se lo dijo mi hermano lo que estaba pasando", contestó Javier. "¿Tu hermano se lo dijo a Redondo?", inquirió Menéndez. "Se lo dijo al rector y dos meses después a Redondo. Entonces, bueno, Redondo yo sé que en aquella época era joven. Y a mí me da pena por él porque se lo encontró. Él no hizo nada, él se encontró con esa información. Pero bueno, también como adulto no hizo nada. A mí me dijo Julio que él informó a sus superiores. Pero... No sé. Aquello no paró".

El silencio de los responsables del seminario permitió que el pederasta Ramos Gordón permaneciera oculto 30 años, hasta que Javier envió su carta al Vaticano. Desde entonces, el número de víctimas no ha dejado de crecer, tanto en La Bañeza como en otros lugares: al menos un exalumno del colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, en Zamora, asegura que sufrió los abusos de Ramos Gordón cuando ejercía como profesor entre 1978 y 1987. Pero el sacerdote siguió su camino: en 1990 fue nombrado párroco de la comarca de Tábara, en Zamora, y en 2001 fue nombrado 'tabarés del año'.

Redondo tampoco miró atrás después de abandonar el seminario: se convirtió en párroco de varias localidades de La Cabrera Alta, se le trasladó a Zamora para atender el pueblo de Calabor, se hizo cargo de Luyego de Somoza, Quintanilla de Somoza... El cura fue saltando así de parroquia en parroquia hasta enero de 2017, cuando fue nombrado vicario episcopal de Ponferrada y del sector de Pastoral Social, un escalón por debajo del obispo de Astorga. Su ascenso llegó seis meses después de que Javier explicara a Menéndez cómo había tapado los abusos de La Bañeza, pero su denuncia no puso trabas a la trayectoria del párroco.

Según argumenta un portavoz desde la Diócesis de Astorga, la sentencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe en ningún momento aborda el encubrimiento, razonamiento en el que obvian que el propio Redondo lo reconoció durante el procedimiento. En cuanto a su participación en la reunión del 3 de febrero en el Seminario de Monte Corbán para "coordinar un protocolo conjunto" contra la pederastia, sostienen que simplemente acudió como miembro de la diócesis y que se centró en los temas pastorales que se abordaron al principio: aunque a día de hoy no tiene el cargo de vicario porque este se pierde cuando fallece el obispo, apuntan a que todavía ejerce como una autoridad destacada en su comunidad.

La diócesis reconoce que formó parte del encuentro para desarrollar el protocolo antipederastia, pero se muestran incapaces de aclarar hasta qué punto participó en el mismo. Sus homólogos de Santander tampoco dan una respuesta tajante respecto a esta cuestión, limitándose a afirmar que el tema de los abusos ocupó una pequeña parte de la reunión. En un intento de aclarar este punto, El Confidencial ha intentado ponerse en contacto con Redondo para preguntarle por lo ocurrido, pero la diócesis de Astorga descarta esta posibilidad: las preguntas sobre el párroco deben pasar por ellos.

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En febrero de 2019, ya cansado de esperar a la Iglesia, Javier decidió acudir a la Policía Nacional. Aunque sabía que su denuncia no iba a acabar en condena porque los hechos prescribieron hace más de una década, lo hizo igualmente: relató los abusos y habló de la reunión que mantuvo en julio de 2015 con el entonces vicario judicial, Julio Alonso: "El vicario manifiesta al declarante que los hechos narrados en la carta son ciertos, y que José Manuel Ramos Gordón ha reconocido los hechos, así como Francisco Javier Redondo de Paz ha reconocido tener conocimiento de lo sucedido", recoge la denuncia. Tal y como esperaba, el juzgado número 1 de instrucción de La Bañeza confirmó tres meses después que los abusos habían prescrito, pero él se agarra a una frase que incluye el auto: "Los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un presunto delito continuado de abusos sexuales [...] con una pena de prisión de ocho a 12 años".

Desde entonces, su batalla se centra en vigilar cualquier noticia sobre la diócesis de Astorga. En septiembre de 2018, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una nueva sentencia en la que condenaba a Ramos Gordón a 10 años de reclusión en un convento por abusar de un menor en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, pero él sigue atento a los que protegieron al pederasta. "Eso es un fraude", escribió este martes a El Confidencial tras enterarse de la reunión celebrada en Santander. Para él, los abusos que sufrió con 13 años jamás prescribirán.