UP negocia con Hacienda retomar el fondo de 3.000M en el nuevo decreto de superávit
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DESVINCULANDO UNA PARTE DE LOS REMANENTES

UP negocia con Hacienda retomar el fondo de 3.000M en el nuevo decreto de superávit

También se busca recuperar el fondo para financiar el déficit extraordinario generado por el estado de alarma en el transporte público

placeholder Foto: La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante su intervención en el debate del decreto fallido. (EFE)
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante su intervención en el debate del decreto fallido. (EFE)

La incorporación de un fondo de 3.000 millones en el nuevo decreto de superávit para distribuir entre los ayuntamientos está siendo uno de los puntos nucleares en las negociaciones que los grupos parlamentarios mantienen con Hacienda. Desde Unidas Podemos, y especialmente su confluencia catalana, ya arrancaron este compromiso en las negociaciones del anterior decreto, acordando que el 60% de los 5.000 millones previstos se desvinculase de la entrega de remanentes. Sin embargo, el Congreso tumbó el texto y Hacienda ha eliminado este fondo de su nueva propuesta, al igual que el fondo para financiar el déficit extraordinario generado por el estado de alarma en el transporte público y que también se pretende recuperar desde Unidas Podemos.

Desde el departamento que dirige María Jesús Montero, no se cierran a modificar el borrador de su nueva propuesta y avanzan que "se escucharán todas las propuestas", aunque recuerdan que ya se ofreció desvincular de la entrega de remanentes una parte del fondo de 5.000 millones y que pese a ello el decreto se rechazó en el Congreso. Un compromiso que realizó verbalmente durante el debate del fallido decreto y por escrito a sus socios de gobierno. Según estas mismas fuentes, en un principio, su intención pasa por "aparcar" los puntos en que no se produjo acuerdo. Con todo, fuentes cercanas a Unidas Podemos conocedoras de las negociaciones son optimistas sobre el hecho de que al menos se pueda consensuar un reparto de 3.000 millones para los ayuntamientos y otros 2.000 vinculándolos al uso de remanentes, además de reincorporar al decreto el fondo de transportes. Otras fuentes del grupo parlamentario reconocen la falta de avances por el momento.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

El anterior compromiso, que se intenta incluir en el decreto en lugar de a través de enmiendas mediante su tramitación como proyecto de ley, recogía que el Estado destinaría "a los municipios un importe de 3.000 millones de euros para la recuperación económica y social", a distribuir "entre todos ellos con arreglo a su respectiva población de derecho". Dichas transferencias, según la modificación prevista en el artículo cuarto, se materializarían "en 2020 por el 40% del importe anterior, y en 2021 por el 60% restante. En el plazo de 10 días desde la entrada en vigor de esta ley, se realizarán transferencias corrientes a los municipios por la parte correspondiente al año 2020".

Otro de los puntos centrales tiene que ver con la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit. Además de suspender la regla de gasto para 2020 con el objetivo de que las administraciones locales puedan gastar su superávit de 2018 y 2019, Hacienda se abrió a ampliar la suspensión también al próximo año 2021, dentro del proyecto de Presupuestos. De hecho, la no aplicación de la regla de gasto a las entidades locales durante 2020 y 2021 era una de las principales reivindicaciones de los grupos que votaron en contra del decreto. Algunos de los regidores de los principales consistorios coincidieron en valorar positivamente la derogación de la regla de gasto, pero exigiendo que se acompañe del fondo extraordinario para los ayuntamientos que precisamente se está negociando.

Foto: La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante el pleno del Congreso celebrado este jueves. (EFE)

A la complejidad de las negociaciones para asegurar los apoyos al decreto antes de aprobarlo en el Consejo de Ministros, puesto que el anterior solo fue respaldado por los dos grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno y por el diputado de Teruel Existe por error, se suma el factor tiempo, que juega en contra. Como han advertido desde algunos de los grupos municipalistas en la FEMP y también sus socios de coalición en el Gobierno, el margen para gastar en lo que queda de 2020 el superávit de los ejercicios 2018-2019 es mínimo. De poco serviría suspender la regla de gasto este año si apenas hay dos o tres meses para emplear el superávit, como ya han advertido.

Desde su convalidación en el Congreso, los ayuntamientos todavía tendrían que realizar las adjudicaciones de los contratos y llevar a cabo una planificación que hasta ahora no ha sido posible, al desconocer las entidades locales los recursos con que contarán. Con todo, la posible utilización del superávit de 2019 para financiar el gasto en 2020 estaría condicionada a que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.

Foto: El líder del Partido Popular, Pablo Casado. (EFE)

Para lo que sí contarían con margen es para concluir los proyectos de inversiones financieramente sostenibles —un mecanismo por el que ya se permite a los ayuntamientos utilizar el superávit en inversiones consideradas sostenibles en el tiempo y en determinados servicios públicos esenciales— iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018, pues se podrían prolongar hasta 2021.

Para Hacienda, es prioritario sacar adelante el decreto, aunque no se incluyan medidas respecto a los remanentes de tesorería. Entienden que hay otras medidas urgentes beneficiosas para los ayuntamientos que no deberían quedar sin ejecutarse. De hecho, el decreto facilita a las entidades locales con problemas financieros pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. También se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, acudiendo a préstamos con entidades de crédito, una medida con la que se pretende que las administraciones locales pongan fin a sus planes de ajuste. Por otra parte, a las entidades que tengan problemas de solvencia se les posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo.

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