Sanidad relega a los científicos que piden la auditoría del covid y los cita en octubre

El Ministerio de Sanidad tardará casi dos meses en verse con los expertos que solicitaron públicamente una auditoría a comienzos de agosto. Los científicos llevaban desde el mes de agosto manteniendo contactos informales con el Gobierno para que se pudiera avanzar hacia la realización de esta evaluación externa cuanto antes. No ha sido hasta ahora cuando el departamento que dirige Salvador Illa ha aceptado agendar un encuentro entre las partes que tendrá lugar el próximo 1 de octubre.

Fuentes de Sanidad confirman a este medio que la reunión tendrá lugar en esa fecha, 51 días después de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, aceptara públicamente la necesidad de que esta se llevara a cabo. "Es obvio que hay que evaluar el pasado y evaluarlo bien", aseveró el 10 de agosto Simón, que se mostró reticente ante algunos de los postulados exhibidos en su carta abierta a 'The Lancet' el 7 de agosto por parte del grupo de expertos.

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Javier Bocanegra

Desde el ministerio restan importancia al encuentro y lo enmarcan en las reuniones que el titular del ramo mantiene constantemente con expertos y científicos con motivo de la pandemia. "Tenemos un montón de reuniones técnicas... Como tantas que se celebran". Tampoco han precisado quienes acudirán por su parte al encuentro. Este jueves, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, fue cuestionada por este medio en rueda de prensa acerca de la auditoría: "Reiterar la intención del Gobierno de que se realice una evaluación y más todavía si es de la mano del ámbito académico", se limitó a señalar sobre el tema.

El profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March, uno de los firmantes, explica a El Confidencial que han sido citados para el día 1 y que se verán con el ministro Illa a las 10 de la mañana en la sede principal del departamento. "Aún estamos pendientes de definir quiénes acudirán", apunta March, que asegura que en los próximos días tratarán de fijar los puntos que quieren trasladar al Gobierno sobre la importancia de ejecutar lo antes posible esta auditoría.

El objetivo principal por parte del grupo de expertos es exponer al Ejecutivo los mecanismos que debieran estar indiscutiblemente en una evaluación de este tipo: que personal independiente realice entrevistas a profesionales clave y que, posteriormente, estas sean analizados; contar con analistas de datos que sean capaces de ordenar e interpretar toda la información que se tiene de la pandemia tanto a nivel local, como regional y nacional; y contratar para ello a expertos que sean reconocidos por su independencia y que provengan tanto del ámbito nacional como internacional.

Aunque aún no han acordado los detalles de esta propuesta, March indica en conversación telefónica que estos son aspectos que no faltarán. Tampoco está claro quiénes acudirán a la reunión por parte del grupo de prestigiosos científicos que hicieron el llamamiento público a principios de agosto. A la espera de consensuar una lista, March prevé que al menos estarán presentes él mismo, Helena Legido-Quigley, profesora asociada de sistemas de salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Singapur, y Alberto García-Basteiro, epidemiólogo e investigador de la ISGlobal de Barcelona.

March recuerda que al poco de publicar la carta a 'The Lancet' el 7 de agosto él trató de establecer contactos con altos cargos de Sanidad. "Primero fue algo informal y ya después mandamos el correo electrónico en septiembre [que ha derivado en la cita con Illa]". "Es un tema urgente, no se puede demorar más", asegura el experto sobre la auditoría externa.

Otro de los firmantes, Alex Arenas, doctor en física y asesor científico de la Generalitat de Cataluña, también insiste en que la evaluación solicitada debió ser casi instantánea en agosto y que la evolución del covid ahora complica su realización. "Hacer una auditoría en la que vas a requerir informes, modos de gestión... Ahora mismo entiendo que si fuera alguien que tenga que ver con el proceso, hacerme la auditoría sería una complicación extraordinaria porque mi día a día ya es suficientemente difícil para ir apagando los fuegos. Ahora sería casi imposible destinar recursos a eso cuando no es que necesites el 100% de la capacidad, es que necesitas el 200%. Estamos en una situación extremadamente preocupante. Es una situación hipercomplicada".

Los partidos políticos no han considerado una prioridad la realización de esta evaluación externa. La propuesta no figuraba en las conclusiones presentadas por PSOE y Unidas Podemos, ni tampoco en las del PP, en la comisión de reconstrucción del Congreso. Este jueves, la Junta de Castilla y León pidió públicamente al Gobierno la realización de una auditoría en esta línea.