La Fiscalía se opone a la semilibertad de Urdangarin: "Su evolución no es suficiente"

La Fiscalía de Valladolid se ha opuesto en amparo a la concesión del tercer grado a Iñaki Urdangarin, que fue aprobada hace solo unos días por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León. La decisión del Ministerio Público congela la progresión del marido de la infanta Cristina condenado por el caso Nóos. En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, el Ministerio Público recuerda que el acuerdo de la Junta de Tratamiento Penitenciario de la cárcel de Brieva sobre su semilibertad no se adoptó por unanimidad sino por una ajustada mayoría de cuatro votos frente a tres. "Denota una evolución favorable pero entendemos que no suficiente para su progresión", dice.

El fiscal indica que con el actual cumplimiento solo está facultado para recibir permisos de salida ordinarios. "Lo cierto es que no ha cumplido todavía la mitad de su condena", destaca el escrito que añade que no alcanzará ese límite hasta mayo de 2021 y que no será hasta finales de 2022 cuando alcance las tres cuartas partes de la pena impuesta. Indica, además, que "reparar el daño" y devolver las cantidades que se le impusieron era obligación en su condena. "Ningún esfuerzo ha hecho en este sentido", agrega.

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En contra de la opinión del juez de Vigilancia Penitenciaria, que recalcaba la especial situación de Urdangarin, en "aislamiento" en una cárcel de mujeres no por su propia voluntad, sino por decisión de Prisiones provocada por "razones de seguridad" y no como "trato de favor", la Fiscalía duda de que no vaya a reincidir. Destaca que aunque su pronóstico es medio-bajo, "la tipología delictiva por la que fue condenado" —que describe como "delitos económicos, de fácil lucro y de 'cuello blanco"— genera "alarma social". Para los fiscales, esta alarma va más allá de un mero "sentir popular", dado que Urdangarin no es "un delincuente al uso" y, por ello, el reproche social hacia su conducta alcanza "cotas muy superiores de desvalor respecto a la ejemplaridad e integridad socialmente esperadas".

Sobre su aislamiento, discrepan "diametralmente" del criterio del juez. Consideran que esa soledad que no tienen otros reclusos no equivale a aislamiento e incluso puede proporcionarle lógicas ventajas, "ante la ausencia de riesgos derivados de la interacción y socialización". No aprecia el fiscal perjuicios detectables en su personalidad y añade que las salidas sociales que realiza compensan sus especiales circunstancias.

Las salidas, en riesgo

El Tribunal Supremo condenó en junio de 2018 a Iñaki Urdangarin a cinco años y 10 meses de prisión por cinco delitos de corrupción económica vinculados con el caso Nóos. Han pasado desde entonces 26 meses en los que el marido de la infanta Cristina ha cumplido la pena en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila, donde —por elección propia— es el único varón. Su encierro, desde entonces, se ha visto interrumpido por los permisos ordinarios concedidos por la Junta de Tratamiento de la prisión y las salidas terapéuticas aprobadas hace un año para las que se desplaza, tres días a la semana, al Centro Hogar Don Orione, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

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Su defensa ha destacado que el avance del covid-19 y la postura de la Fiscalía, que se ha opuesto a que se le concedan beneficios penitenciarios ampliados con anterioridad y ahora recurre la progresión al tercer grado, amenazan con poner fin a estos permisos y devolverían al yerno del Rey emérito a la misma situación en que se encontraba al inicio de la condena: la de absoluto aislamiento.

Fuentes de su entorno ven en el criterio del fiscal "un cierto ensañamiento" que, además, le deja en peor situación que al otro principal condenado en el procedimiento: su socio Diego Torres, que ya disfruta de la semilibertad pese a que su condena es más alta. Su abogado, Mario Pascual Vives, ha ido recordando en distintos escritos que se dan las condiciones para una ampliación de esos permisos y para el cambio de grado. "Ha reparado cualquier daño ocasionado y ha observado un comportamiento impecable en Brieva", destacan fuentes de su entorno. Se refieren, además, a las diferencias con Torres, a quien la Generalitat concedió en junio el tercer grado. En su caso, pese a que la decisión también ha sido recurrida por la Fiscalía, el juzgado competente ha acordado que estos recursos no tengan efectos suspensivos y el tercer grado siga siendo ejecutivo y aplicado sin problema.