Urdangarin, al borde de perder las salidas de prisión por el covid y el criterio de la Fiscalía

El Tribunal Supremo condenó en junio de 2018 a Iñaki Urdangarin a cinco años y 10 meses de prisión por cinco delitos de corrupción económica vinculados con el caso Nóos. Han pasado desde entonces 26 meses en los que el marido de la infanta Cristina ha cumplido la pena en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila, donde —por elección propia— es el único varón. Su encierro, desde entonces, se ha visto interrumpido por los permisos ordinarios concedidos por la Junta de Tratamiento de la prisión y las salidas terapéuticas aprobadas hace un año para las que se desplaza, tres días a la semana, al Centro Hogar Don Orione en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Sin embargo, eso puede cambiar. El avance del covid-19 y la postura de la Fiscalía, que se ha opuesto a que se le concedan beneficios penitenciarios ampliados, amenazan con poner fin a estos permisos y devolverían al yerno del Rey emérito a la misma situación en que se encontraba al inicio de la condena: la de absoluto aislamiento.

La Fiscalía de Valladolid ha vuelto a recurrir, como ya hiciera en otras ocasiones, la última de las decisiones adoptadaz por el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid. El pasado 13 de agosto, este le concedía un fin de semana al mes libre, con base en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La oposición de la Fiscalía congela la decisión del magistrado —el recurso tiene efectos suspensivos— y por ello no podrá ejecutarse hasta que se resuelva por la instancia superior, y solo siempre que sea confirmatoria. Fuentes judiciales ven en el criterio del fiscal "un cierto ensañamiento" que, además, le deja en peor situación que al otro principal condenado en el procedimiento: su socio Diego Torres, que ya disfruta de la semilibertad pese a que su condena es más alta.

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En este momento, el cuñado de Felipe VI no ha cumplido aún la mitad de la condena. Alcanzará ese punto en diciembre de 2022. En el auto, en el que el juez de Vigilancia Penitenciaria Florencio de Marcos le concede salidas de un fin de semana al mes, se analizan los requisitos para aplicar esta medida a caballo entre el segundo y el tercer grado, que se ha concedido a otros presos 'ilustres', como los condenados por el 'procés'. Una flexibilización que el magistrado considera adecuada por su "absoluto aislamiento" que —dice— no puede achacarse tanto a una decisión personal como a una imposición de Interior por motivos de seguridad, que apoya en dos informes. Las condiciones a las que se ve sometido ni siquiera son comparable a presos de alta peligrosidad, a los que se les permiten actividades con un número reducido de acompañantes.

Reparación del daño

Su defensa, ejercida por el abogado Mario Pascual Vives, ha ido recordando en distintos escritos que se dan las condiciones para una ampliación de esos permisos. "Ha reparado cualquier daño ocasionado y ha observado un comportamiento impecable en Brieva", destacan fuentes de su entorno. Se refieren, además, a las diferencias con Torres, a quien la Generalitat concedió en junio el tercer grado. En su caso, pese a que la decisión también ha sido recurrida por la Fiscalía, el juzgado competente ha acordado que estos recursos no tengan efectos suspensivos y el tercer grado siga siendo ejecutivo y aplicado sin problema.

Así las cosas, el nuevo avance del covid hace temer a sus letrados y a su entorno que se repita lo sucedido durante el estado de alarma, cuando las salidas terapéuticas pautadas se vieron suspendidas. "La posibilidad efectiva de que el interno se quede sin salidas es alta", indican las fuentes consultadas. Así, su situación personal volvería a ser la del año 2018, fecha de su entrada en prisión, "haciendo más grave su situación de aislamiento", como viene siendo recogido de manera reiterada por el juez.

Mientras tanto, Urdangarin ha pedido que le sea aplicado el tercer grado penitenciario. La petición fue apoyada por la mayoría de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva, aunque rechazada tanto por Instituciones Penitenciarias como por el fiscal. Se encuentra pendiente de resolución por parte del juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid. Dentro de solo un mes, en octubre, cumplirá de forma íntegra la pena más grave de las distintas impuestas en una suma de delitos, la que lleva aparejada una condena de dos años y tres meses. El resto son de un año por dos delitos fiscales por importes inferiores a los 180.000 euros y otra de siete meses.

"El tercer grado solicitado, con una condena total de cinco años y 10 meses, habiendo cumplido dos años y tres meses en septiembre de este año, no parece que resulte desproporcionado con otras de entre nueve y 13 años, cuyos condenados ya disponen del tercer grado penitenciario, acordado por los respectivos jueces de Vigilancia Penitenciaria de otros territorios", asegura su entorno.