Hacienda ofrece competencias y recursos a los municipios para acercar posturas con UP

Llegó la hora. La cúpula de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) afronta este viernes, a primera hora, una votación trascendental. Debe decidir si acepta la última propuesta, la tercera, formulada por el Ministerio de Hacienda, para que puedan disponer de sus remanentes de tesorería, o bien la rechaza. Texto que promete ampliar las competencias y los recursos de los ayuntamientos. Tras varios retrasos y una negociación tortuosa, el alcalde de alcaldes, el socialista Abel Caballero, quiere someter a deliberación la oferta. Jugársela, consciente de que el Gobierno no le deja más margen y de que la tentación de asumir un documento que permitirá a los ayuntamientos movilizar 5.000 millones de euros entre 2020 y 2021 es poderosa para todos.

Los números siguen sin estar nada claros. El texto podría ser tumbado, pero también es cierto que en las últimas horas se ha producido una cierta relajación de la postura de IU-Podemos-comunes. La negativa a transigir con Hacienda que existía hace solo dos días se ha diluido. El voto se decidirá este mismo jueves. Y es el decisivo, el que puede desbloquear el acuerdo. Pero para ello Hacienda romperá, previsiblemente, con la tradicional unidad de acción que ha existido en la FEMP, al margen de colores políticos.

Ni siquiera en Unidas Podemos son capaces de anticipar qué ocurrirá en las próximas horas, porque sus alcaldes siguen disconformes con la propuesta. La junta de gobierno de la FEMP, la que tiene que tomar la decisión, está formada por 25 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP, y uno de IU-Podemos-comunes, uno de Ciudadanos y uno de JxCAT. A Caballero, por tanto, le hace falta un solo sí —el marcador sería 13-12— o bien una abstención, en cuyo caso el acuerdo con Hacienda podría salir adelante gracias a su voto de calidad.

Los números siguen sin estar claros y ni siquiera UP es capaz de predecir si el acuerdo saldrá adelante. Pero ya la negativa no es firme. Todo en el aire

El presidente de la FEMP envió este miércoles a los miembros de la cúpula la última propuesta [aquí en PDF] enviada por la ministra María Jesús Montero, que como ya ella misma había anticipado la víspera, no toca lo troncal de la propuesta diseñada por su equipo. Junto al borrador, la convocatoria de la junta de gobierno extraordinaria, en principio programada para las 13:30 de este 30 de julio, por videoconferencia, y que finalmente se pospone hasta las 10:00 del viernes 31, en principio para salvar la coincidencia con plenos municipales programados, pero que da más margen de negociación a Hacienda y la FEMP. Todo está en el aire, insisten tanto en el ministerio como en Unidas Podemos. El PP sí mantiene su voto en contra, y en Ciudadanos, en principio, también. La representante de JxCAT, Rosa Huguet, alcaldesa de Canyelles (Barcelona), no ha desvelado aún qué hará el viernes, pero su partido sí ha lanzado una dura campaña contra el Gobierno.

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Juanma Romero

Una salida: fijar plazos

Hacienda, para acercar posturas sobre todo con UP, ha incluido un párrafo en su tercera propuesta, a la que tuvo acceso este periódico. Es este: "La proximidad de los ayuntamientos a la ciudadanía, al ser el punto de acceso y canalización de sus problemas, debe ser puesta en valor ahora más que nunca para detectar sus principales necesidades e implementar soluciones al respecto. El Gobierno, consciente de esta importancia, prevé ampliar las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respeto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. Estas reformas, junto con el nuevo sistema de financiación local que se realizará en paralelo con la autonómica, se desarrollarán a lo largo de la legislatura". La responsable de Hacienda incorpora uno de los puntos del programa de coalición.

Montero promete "ampliar las competencias y capacidades de los gobiernos locales" y tramitar la financiación local a la vez que la autonómica

Es decir, que Montero ofrece más poder y más recursos a los ayuntamientos para intentar atraerse a los alcaldes. Especialmente el voto de Pedro del Cura, regidor de Rivas-Vaciamadrid desde 2014 y representante del espacio de IU-Podemos-comunes en la junta de gobierno de la FEMP. Los morados reconocen que la inclusión de ese párrafo es un tibio gesto por parte de la ministra, pero lo creen "insuficiente". Primero, porque no precisa un horizonte temporal, y segundo, porque no incluye otra medida clave incluida en el programa de gobierno de PSOE y UP: la promesa de la derogación de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), y la aprobación de una nueva normativa "que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado".

Al llevarse la votación al viernes, Hacienda cuenta con una ventana algo mayor para intentar convencer a los ayuntamientos, aunque la empresa es difícil. Fuentes de la negociación indican que una posible alternativa que podría satisfacer a Unidas Podemos es que se fijase en el documento cuándo se aprobarán las reformas legislativas prometidas, una demanda histórica del municipalismo (más competencias y más financiación). "Esa podría ser una salida", indican desde IU-Podemos-comunes.

Este jueves por la mañana está prevista la reunión de la representación de IU-Podemos-comunes en la FEMP, en la que no solo se sienta Del Cura, sino también los responsables de Política Municipal de los partidos y los regidores que tienen silla en el consejo territorial de la entidad municipalista. Es cierto que la oposición del regidor de Rivas era total a principios de semana, pero en las horas transcurridas los ayuntamientos han comprobado que la amenaza de Hacienda, que no iba a modificar su propuesta en lo sustancial, era cierta, así que el margen de negociación es escaso. El Gobierno pretende que, solo si hay acuerdo con la FEMP, el texto definitivo se pueda aprobar vía real decreto ley el próximo martes, 4 de agosto, y en ese caso tendrá que ser convalidado por el Congreso.

Tres áreas de gasto

El fondo de esta pugna entre las corporaciones locales y Hacienda es cómo hacer que las primeras puedan usar sus ahorros para cubrir las necesidades de sus vecinos en plena era covid. Los ayuntamientos han llenado la hucha durante años, sumando superávits. Pero tanto la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012 —impulsada por Cristóbal Montoro (PP)—, como el reformado artículo 135 de la Constitución, aprobado en 2011, les impiden incurrir en déficit. Así que Hacienda tuvo que recurrir a una triquiñuela "imaginativa", "creativa", en palabras de la ministra, para sortear la normativa. La fórmula diseñada, y que no ha cambiado desde el primer borrador, es que los municipios constituyan un préstamo a favor del Estado por el valor de sus remanentes. El ministerio les realizaría una inyección de 5.000 millones de euros, en forma de ingreso no financiero, en dos años (2.000 en 2020 y 3.000 en 2021). El resto del crédito sería devuelto por Hacienda en el plazo de diez años a partir de 2022.

En Unidas Podemos se debaten entre "no generar conflictos al Gobierno" y la necesidad de ser "valientes" con Hacienda. Quieren "una salida"

Hacienda sí prescribe que los ayuntamientos puedan gastar ese dinero en tres áreas prioritarias: agenda urbana y movilidad sostenible (peatonalizaciones, construcción de aparcamientos disuasorios, fomento del uso de la bicicleta, redistribución del espacio público, renovación de abastecimientos de agua, adaptación del mobiliario y los equipamientos públicos...), política de cuidados (refuerzo de servicios sociales, detección temprana de la violencia de género, actuaciones en los centros de día, reorganización de la atención a domicilio y de teleasistencia, aumento de los programas de mayores, construcción y mejora de escuelas infantiles...) y por último cultura (promoción cultural, protección del patrimonio histórico, actualización digital de las instituciones culturales...).

En Unidas Podemos se debaten entre "no generar conflictos al Gobierno" y la necesidad de ser "valientes", dado que la propuesta de Montero se queda, a su juicio, muy corta. Quieren "una salida y no una derrota" de la ministra. De ahí que Del Cura adelante que su voto no está decidido. Tiene que encajar su opinión con la de IU, Podemos y los comunes y la de los alcaldes que están en su espacio. El regidor se queja de que no ha tenido interlocución directa con la ministra y de que no se ha mostrado "flexible". Además, cree un "mal precedente" que se rompa el tradicional consenso que ha imperado en la FEMP.

"Romper el candado del 135"

Este miércoles, en el pleno del Congreso, el líder de los 'comuns', Jaume Asens, señalaba que "no se puede gobernar de espaldas a los ayuntamientos". "La propuesta de Hacienda va en la dirección contraria a esa tradición federalista. Se está pretendiendo tutelar a los ayuntamientos como menores de edad, se les está pidiendo que renuncien a sus ahorros y que los presten al Estado para que haga de banco, para que se lo pueda devolver en diez años. Cualquier individuo o empresa, cuando está en dificultades, recurre a sus ahorros, y si no son suficientes, se endeuda. Esto también pasa en las administraciones [...], pero en España los ayuntamientos están atados de pies y manos. Son los únicos obligados a no endeudarse y a gastar menos de lo que ingresan. Hay que romper el candado del artículo 135 de la Constitución". Asens pedía a Pedro Sánchez que escuche "más" a sus alcaldes, porque "hay que blindar la autonomía local y reforzar su financiación", porque las ciudades son "la primera trinchera frente a las desigualdades".

El alcalde de Granada, de Cs, anticipa que si no hay un giro respecto a los ayuntamientos que no tienen remanentes, votará en contra del documento

Desde el PP, se confiesan "muy en contra" de la última propuesta de Montero, informa Rafael Méndez. El representante de Ciudadanos, Luis Salvador, alcalde de Granada, cree que si no hay una reformulación de la oferta para los ayuntamientos que no tienen remanentes, sino déficit, por la deuda heredada, votará en contra del texto de Hacienda. El documento plantea la posibilidad de que las diputaciones provinciales den asistencia a las corporaciones locales de su ámbito, y especialmente a las de menos de 20.000 habitantes, que se encuentren en "riesgo financiero" o que tuvieran déficit en 2019. "Si no hay un cambio claro y deja fuera de la recuperación a los municipios sin remanentes ni superávit no votaremos a favor. Lo rechazaremos", rubrica Salvador, en conversación con este diario. Este diario no logró recabar la opinión de Rosa Huguet, la representante de JxCAT.

La decisión de la FEMP discurrirá en paralelo a otra cita importante, la de la XXI Conferencia de Presidentes, que presidirá el Rey y que se celebrará en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Autonomías y ayuntamientos como cierre de la última semana de actividad política intensa antes del Consejo de Ministros del próximo martes, el que precederá al parón estival. Si los brotes de covid lo permiten. Porque ya toda la agenda gira en torno al virus. También la batalla de los municipios que por ahora no tiene un vencedor claro, aunque las tierras sí parecen estar moviéndose.