Montero aplaca a alcaldes del PSOE con nuevas cesiones para quedarse su superávit

El Ministerio de Hacienda no ceja en su intento de sacar del cajón al menos 15.000 millones de euros de remanentes acumulados por los ayuntamientos españoles en sus cuentas bancarias. No obstante, el departamento de María Jesús Montero no parece dispuesto a aceptar la liberación completa de unos fondos que su predecesor en el cargo, el popular Cristóbal Montoro, bloqueó para obligar a los municipios a amortizar endeudamiento y a la vez atar en corto su gasto para encajar la contabilidad nacional. Ha planteado una alternativa distinta: que los ayuntamientos le presten el dinero a cambio de devolverles hasta 5.000 millones (un mínimo del 35% del total prestado) este año y el que viene para que puedan disponer de él para proyectos de agenda urbana, movilidad, cuidados de proximidad y culturales. El resto se retornaría en un plazo de 10 años a partir de 2022 y podría ser empleado por las administraciones locales.

El plan de Hacienda, que lleva muchas semanas negociando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), estuvo a punto de tener luz verde el pasado viernes en una junta de gobierno extraordinaria de la entidad que preside el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Sin embargo, finalmente no llegó a votarse por la rebelión de los propios alcaldes socialistas, que no terminan de ver clara la propuesta. Ahora, los equipos técnicos trabajan en nuevas cesiones para intentar propiciar un acuerdo.

Alcaldes de todos los signos políticos llevan varios años reclamando poder usar esos remanentes acumulados con el argumento de que sus cuentas locales ya están saneadas y se está privando a los ciudadanos de posibles inversiones e iniciativas en sus pueblos y ciudades. El Partido Popular ha anunciado su rechazo frontal al préstamo y devolución periodificada que plantea la ministra socialista para liberar el dinero, por considerar que implica renunciar al desbloqueo completo. Mientras, primeros ediles de ciudades como Valencia —Joan Ribó, de Compromís— creen que el plan no es suficiente. "Es cierto que es un paso hacia delante, pero es absolutamente insuficiente. El Ministerio de Hacienda tiene un comportamiento como mínimo paternalista respecto a los municipios", señaló hace varios días.

Hacienda sostiene que las limitaciones de gasto trazadas desde Bruselas complican disponer de los remanentes de golpe y plantea que, a la vista de la compleja situación económica que ha generado la pandemia del coronavirus, sea la Administración central la que los aproveche este 2020 evitando financiarse en el mercado y con terceros por la cantidad cedida. Sería algo así como que los municipios comprasen un bono del Estado con la caja de sus superávits acumulados, con un interés modesto y a amortizar en 12 años. Como contrapartida, el Gobierno devolvería 2.000 millones de euros este ejercicio y 3.000 millones el año que viene para que los ayuntamientos pudieran acometer proyectos condicionados. El resto se destinaría a inversiones por decidir a lo largo de la siguiente década.

Para vestir la operación contable, el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca un acuerdo de voluntariedad a través de la FEMP. Para empujar el acuerdo, la propuesta inicial planteaba entre otras compensaciones dotar vía Presupuestos Generales del Estado un fondo extraordinario de 275 millones de euros ampliable a 400 millones para compensar la caída de ingresos por el estado de alarma y el confinamiento de los servicios de transporte de competencia municipal (autobuses, básicamente). Se trata del fondo que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, prometió a algunos alcaldes, como el de Valencia, que se quejaron tras quedar excluidas sus empresas municipales del fondo de compensación para el transporte metropolitano.

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Montero también ha ofrecido que los consistorios puedan participar de los recursos Next Generation EU que liberará Bruselas tras el acuerdo entre los países de la Unión Europea, de los que está previsto que a España le correspondan hasta 140.000 millones de euros en trasferencias y créditos.

Estas adendas no han sido suficientes para los alcaldes. El sentir mayoritario es que el Gobierno debe liberar el uso de los remanentes. Pero algunas voces municipales creen que podrían acercarse posiciones introduciendo nuevas cesiones al municipalismo e incluso se ha invitado al equipo de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, a participar en la negociación. Entre los nuevos elementos de la propuesta que se barajan, está los fondos que reciban los municipios durante los 12 años de vigencia del acuerdo tras prestar el dinero no computen dentro de los límites del techo de gasto, de forma que no influyan en las restricciones a los presupuestos locales. No en balde, el plan inicial que iba a debatir la FEMP ya los consideraba como ingresos no financieros.

El documento podría ampliarse, además, con el compromiso de introducir cambios en la ley de contratos o en la Ley de Racionalización de las Administraciones Locales, para dotar a los municipios de competencias que ahora se consideran impropias, como la promoción económica o los servicios sociales.

El socialista Rubén Alfaro, presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcalde de Elda (Alicante), cree que este tipo de medidas adicionales podría ayudar a alcanzar un acuerdo, aunque insiste en que la reivindicación del conjunto de las federaciones de municipios autonómicas es poder gastar el 100% de superávits y remanentes de los últimos años. "Nuestro programa electoral planteaba el desbloqueo de superávits y guiños al municipalismo. Es verdad que viene la pandemia y todo lo trastoca. Somos conscientes y tenemos empatía para entender que ahora mismo el reto del Gobierno de España no es menor, aunque parece que hay un poco más de oxígeno con el acuerdo con Bruselas", afirma.

Alfaro cree que si la propuesta del Ministerio de Hacienda se mejora en el plazo de la devolución a 10 años, "no es el acuerdo deseado, pero no sería un mal acuerdo". "Si cuando me retornen ese dinero no va a afectar a la regla del techo de gasto y lo voy a poder invertir y gastar sin condiciones, me viene bien", señala este alcalde, cuyo ayuntamiento tiene 12 millones de euros en el banco inmovilizados y sin deuda a largo plazo.