SI NO HAY ACUERDO, NO HABRÍA DECRETO

El plan de Hacienda para usar los ahorros locales, en el aire por el no en la FEMP de UP

Caballero pretende convocar este jueves una reunión extraordinaria de la junta de gobierno, pero 'a priori' no tiene los votos garantizados. El PP, Cs e IU-Podemos rechazan la última oferta de Montero

Foto: El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, el pasado 21 de julio en el Ministerio de Transportes. (EFE)
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, el pasado 21 de julio en el Ministerio de Transportes. (EFE)

Aunque las contiendas del Estado con las comunidades autónomas siempre son vistosas, hay otras batallas más soterradas pero igual de relevantes. Y es la que ahora se libra entre Hacienda y los ayuntamientos de todo el país. El foco de la disputa son los en torno a 15.000 millones de euros de remanentes que las administraciones locales llevan años acumulando en sus cuentas bancarias. Los municipios piden poner disponer de esos recursos, que no pueden tocar ahora porque incurrirían en déficit —y eso la Ley de Estabilidad Presupuestaria no se lo permite—, y el Gobierno de Pedro Sánchez está de acuerdo en que puedan hacerlo, porque quiere sumar a los alcaldes a la política de reconstrucción del país tras el covid. Pero lo que provoca el choque, cada vez más irreconducible, es la forma. Y no es una cuestión menor.

Esta es la semana clave. Para el pacto o para que salte por los aires la relación del Ejecutivo con las corporaciones locales. Este 28 de julio se reúne la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo, pero se trata de una cita ordinaria, la que los 25 miembros que componen el órgano tienen mensualmente.

Se espera que haya una nueva convocatoria, de carácter extraordinario, para el jueves 30 —justo la víspera de la XXI Conferencia de Presidentes, que Sánchez liderará en San Millán de la Cogolla (La Rioja)—, pero a día de hoy el PSOE no tendría los números suficientes para sacar adelante la última propuesta ofrecida por la ministra María Jesús Montero, ya que necesita al menos un voto. Y quien ya anticipa que no se lo dará es el representante de IU-Podemos-comunes en la junta de gobierno de la FEMP, Pedro del Cura, regidor de Rivas-Vaciamadrid, porque considera el último movimiento de Hacienda "insuficiente". Él y el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, primer edil de Granada, coinciden en que el mensaje del Ejecutivo de "o toman los ayuntamientos la oferta o nada" es, simplemente, un "chantaje". La llave puede tenerla la representante de JxCAT, porque el PP rechaza totalmente la salida defendida por Montero.

La fórmula diseñada por Hacienda es que los municipios pongan voluntariamente a disposición del Estado su remanente y luego se les devolvería


Dado que los ayuntamientos no pueden incurrir en déficit, ya que no se lo permite la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria impulsada por Cristóbal Montoro (PP) en 2012 —y el artículo 135 de la Constitución, reformado en 2011, añade el Gobierno—, Hacienda ideó una fórmula que no gusta a los alcaldes. En síntesis, se trata de que las corporaciones locales y diputaciones provinciales y consejos insulares pongan a disposición del Estado, con carácter voluntario, la totalidad de su remanente de tesorería (unos 14.000-15.000 millones, se calcula).

5.000 M € en dos años

Es decir, que los municipios se comprometen a transferir sus ahorros a Hacienda, transferencias que tendrán carácter de préstamo de las entidades locales a la Administración General del Estado (AGE). Una vez conocidas las localidades participantes y el volumen de fondos comprometidos, el Estado realizaría un ingreso no financiero para los ayuntamientos que hayan aportado recursos. El importe para cada corporación sería, como mínimo, del 35% de los fondos aportados al préstamo a la AGE, hasta un máximo de 5.000 millones de euros. Los ayuntamientos deberán gastar ese dinero de manera autónoma, pero en tres "áreas prioritarias": agenda urbana y movilidad sostenible; política de cuidados para personas mayores y dependientes, ayuda a domicilio y teleasistencia, y finalmente cultura.

En la última oferta, se incluyó una novedad, que "no se exigirá el cumplimento de la regla de gasto" para los ayuntamientos en el ejercicio de 2020

Hacienda se compromete a ingresar el 40% (con el importe máximo de 2.000 M €) en 2020 y el 60% restante (3.000 M € de tope) en 2021. El resto del préstamo sería amortizado en el plazo de diez años, a partir de 2022. El Gobierno no adelanta las condiciones del crédito que tendría que devolver a las entidades locales, aunque sí precisa que el plazo puede ser de más de diez años si la Dirección General del Tesoro ofreciera unas que fueran "más ventajosas". Además, las condiciones se negociarán con la FEMP y el tipo de interés anual que se determine no podrá superar el coste equivalente de financiación de la deuda del Estado.

El plan de Hacienda para usar los ahorros locales, en el aire por el no en la FEMP de UP

La primera propuesta, muy criticada por los primeros ediles, fue corregida la semana pasada por Hacienda [aquí en PDF]. La parte troncal no cambia y principal novedad es que se introduce que, "debido a la grave situación provocada por la pandemia", "no se exigirá el cumplimento de la regla de gasto" para los ayuntamientos en el ejercicio de 2020. Para el PP, sin embargo, no es ninguna concesión del Ejecutivo, informa EFE, porque ya se esperaba que, con el agujero creado por el covid en las arcas públicas, ninguna administración pudiera cumplir con la regla de gasto, por lo que entiende que la suspensión ha de ser extensible a 2021.

La oferta de la semana pasada ha podido aplacar parcialmente el enfado de los alcaldes socialistas, pero sigue sin convencer, al menos, a los del PP, Unidas Podemos y Ciudadanos. Por eso llamó la atención que Caballero trasladara a sus compañeros de la ejecutiva federal del PSOE, a la que pertenece, que es optimista. Que se "había avanzado mucho" en el acuerdo y que esperaba un acuerdo mayoritario, según relató en rueda de prensa la presidenta del partido, Cristina Narbona. Sin embargo, otros miembros de la dirección consultados por este diario apuntaban que no hay constancia de que Hacienda haya lanzado una tercera propuesta. "Es un misterio y solo podrá lograr esa mayoría con el PDeCAT, y eso para mí sería un desastre", valora un integrante de la cúpula conocedor de las conversaciones.

Unidad del municipalismo

La junta de gobierno de la FEMP la forman 25 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP y uno de Cs (Luis Salvador), uno IU-Podemos-comunes (Pedro del Cura) y uno de los posconvergentes, Rosa Huguet, regidora de Canyelles. Caballero tendría 12 apoyos de los representantes de su partido —si ninguno se salta la disciplina de voto—, pero necesita o bien otro sí o bien una abstención, ya que si hay empate resuelve él mismo gracias a su voto de calidad. Si finalmente el acuerdo con el Ejecutivo de Sánchez saliera adelante por mayoría justa, bastaría para que Hacienda elevara al Consejo de Ministros el pacto vía real decreto ley (que deberá convalidar el Congreso). Pero a cambio el Gobierno se llevaría un duro correctivo, ya que es práctica habitual del municipalismo que actúe unido.

La junta de gobierno de la FEMP la componen 25 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP, uno de IU-Podemos-comunes, uno de Cs y uno del PDeCAT

El enfado con Hacienda del resto de grupos es máximo. También en quien es socio de coalición de Sánchez. "No hay por dónde coger la propuesta del ministerio, es inadmisible, más propia de Montoro que de Montero", protesta Pedro del Cura, alcalde de Rivas-Vaciamadrid desde 2014 y que gobierna este mandato su ciudad (88.000 habitantes) con el apoyo de su formación (IU-Equo-Más Madrid), PSOE y Podemos. Para el regidor, no tiene "sentido" que ahora que "hasta el PP y Cs están de acuerdo en que el sector público inyecte dinero en la economía" para movilizarla, Hacienda haga una oferta que supone que los ayuntamientos le entregan sus remanentes y el Gobierno les libera 5.000 millones primero y luego lo devuelve a través de un préstamo que no se concreta.

Pedro del Cura, alcalde de Rivas, el pasado 13 de diciembre en la COP25, en Madrid. (EFE)
Pedro del Cura, alcalde de Rivas, el pasado 13 de diciembre en la COP25, en Madrid. (EFE)

Del Cura, en declaraciones a El Confidencial, sostiene que habría "bastado" con que se hubiera modificado la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y se hubiera derogado la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), como estaba "comprometido" en el pacto que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado diciembre. Y habría bastado también, asegura, que se "cambiara la interpretación" de la regla de gasto. Es decir, que hay fórmulas que permitirían a los ayuntamientos invertir los superávits y sin incurrir en déficit que no pasan por el camino diseñado por Hacienda.

De hecho, el alcalde de Rivas recuerda, como de hecho recoge la propuesta de acuerdo de Hacienda, que ya el Gobierno posibilitó, durante el estado de alarma, que las corporaciones locales destinaran una cuantía global de 300 millones de euros de su superávit para financiar gastos de inversión incluidos en servicios sociales, y también que gasten en 2020, como máximo, el 7% de su respectivo saldo positivo para financiar inversiones en vehículos eléctricos o con etiqueta ambiental cero o Eco, y en infraestructuras de recarga. También se ha venido empleando, advierte, el mecanismo de las inversiones financieramente sostenibles (IFS, las de pequeña y mediana envergadura que contribuyan al crecimiento económico a largo plazo).

No a más "asfixia"

"Todos los partidos de la FEMP defendemos la misma posición. No se puede asfixiar más a los ayuntamientos mientras se inyecta 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas", se queja. El primer edil de IU se refiere así al fondo covid que el Gobierno habilitó para los territorios y que estos no tendrán que reembolsar al Estado. Del Cura sentencia que no tiene sentido que la administración más cercana al ciudadano, que no tiene déficit, transfiera su dinero a Hacienda y esta se lo vaya devolviendo. Obedece, cree, a una "lógica recentralizadora", menos tolerable aún cuando quienes ocupan la Moncloa son PSOE y Unidas Podemos.

IU dice que la propuesta es "inasumible" y que obedece a una "lógica recentralizadora" que no casa con la coalición de PSOE y UP. Votará en contra

Fuentes del Ministerio de Hacienda subrayan que la propuesta de la semana pasada es la última y no habrá más, porque es la que permite salvar los obstáculos no solo de la Ley de Estabilidad de 2012 y de la LRSAL, sino también del artículo 135 de la Constitución. Ese es el gran problema, rubrican, y la Carta Magna no se va a cambiar porque no hay mayorías suficientes para hacerlo. "Este es el único Gobierno que ha ideado una fórmula para que las entidades locales puedan utilizar sus remanentes de tesorería. Que ellos elijan: o esto o nada", indican. Hacienda aprobará el decreto ley el próximo 4 de agosto —en la última reunión del Consejo de Ministros antes del parón vacacional—, pero siempre que haya un acuerdo con la FEMP. Si esta rechaza la oferta del ministerio, no habrá decreto.

La titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado 21 de julio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la Moncloa. (EFE)
La titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado 21 de julio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la Moncloa. (EFE)

Del Cura acusa a Montero de no ser flexible ni transigir con las reflexiones que le hacen los alcaldes, así que cree que si la interlocución con ella no es posible, habrá que intentarlo con el presidente, Pedro Sánchez, que se comprometió a reunirse cada 15 días con la FEMP. Promesa incumplida. Todo se resume, para el alcalde de Rivas, en "voluntad política". Y si Hacienda no la demuestra, tiene muy claro que votará en contra de la propuesta en la junta de gobierno de la institución, si es que finalmente Caballero convoca la reunión extraordinaria para el jueves, ya que ha intentado aprobar el pacto con el ministerio en este mes y, ante la falta de apoyos, ha cancelado los encuentros de la cúpula de la institución que dirige.

Hacienda defiende que este ha sido el único Gobierno que ha buscado salidas y que el escollo es el 135 de la Constitución. Y avisa: "O esto o nada"

La oferta es "inasumible para el país y para la coalición progresista" de socialistas y morados, "si es un todo o nada es un chantaje", clama. Del Cura no culpa al regidor de Vigo, pese a que ha sido él quien ha negociado con Montero, porque sí ha tenido "voluntad de negociar, solo que no ha habido receptividad por el otro lado". La ministra, no obstante, ya dijo la semana pasada, antes de presentar su último texto, que su departamento está "volcado" en hacer posible el consenso.

¿Rebelión?

Luis Salvador, regidor de Granada por Cs, se fija en otro problema de la iniciativa de Hacienda: que, a su juicio, no prevé recursos para los ayuntamientos que no tienen superávit. Unos 300 en España sufren ese problema, entre ellos el suyo —asumió las riendas del municipio en 2019, y arrastraba ya déficit— o el de Zaragoza, que lidera el popular Jorge Azcón, miembro también de la junta de gobierno de la FEMP. La propuesta de Hacienda permite a las diputaciones provinciales que den asistencia a las corporaciones locales de su ámbito, y especialmente a las de menos de 20.000 habitantes, que se encuentren en "riesgo financiero" o que tuvieran déficit en 2019. Se configuran dos instrumentos para estos casos: que formalicen préstamos con los ayuntamientos para financiar el remanente negativo o bien que realicen, con cargo al superávit de 2019, transferencias corrientes, de carácter finalista, a los municipios afectados, considerándose excepcionalmente en 2020 como IFS y no computando en regla de gasto.

Para Cs, también es una mala propuesta porque no ayuda a los ayuntamientos que no tienen ahorros por las deudas pasadas y no hay "igualdad"

Para Salvador, es una mala solución, porque significa que hay ayuntamientos, los que tienen ahorros, que se ven beneficiados por esta operativa, y otros, los que tienen desfase fiscal, que se ven perjudicados. "Todos los municipios necesitan fondos para cubrir esta crisis y tienen que venir del Estado, por la vía de la financiación directa, como recibirá el Estado del fondo europeo o como está haciendo Italia con sus corporaciones locales. Hay que tener en cuenta que si el transporte no se usa por la pandemia, genera agujeros. Si hay que multiplicar políticas sociales, se hacen más grandes. Si hay que desinfectar colegios, igual... Pero es que se trata sobre de una cuestión de igualdad entre los ayuntamientos. No se nos puede dejar a la deriva", subraya el regidor de Granada, en conversación con este diario.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), recibe al regidor de Granada, Luis Salvador, el pasado 15 de julio. (EFE)
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), recibe al regidor de Granada, Luis Salvador, el pasado 15 de julio. (EFE)

Salvador, exsenador socialista, cree que el Gobierno se equivocaría si pactara esta salida con el PDeCAT, como también erraría si no presenta una propuesta que "satisfaga al municipalismo", porque "a ello se comprometió". "No nos puede chantajear. No creo que se atreva a esa estrategia. Sería suicida para el Ejecutivo y se encontraría con la rebelión de los ayuntamientos. Este es un tema serio", advierte el alcalde granadino. También Del Cura avisa del "conflicto" que puede llamar a la puerta del Gobierno si no cede.

El margen de 48 horas

El PP, por boca de Azcón, también considera "inaceptable" el documento del ministerio, ya que entiende que los municipios pierden en 2020 y 2021 el 65% de sus ahorros, mientras quien gana en liquidez es el Estado. Y es "intolerable" para localidades como la suya, que han heredado una deuda millonaria y no tienen remanentes. De modo que de la junta de gobierno de este martes solo caben dos salidas, a su juicio: o se renegocia la propuesta o los alcaldes, al menos los de su partido, inician acciones de protesta, informa EFE. Este periódico intentó contactar con Caballero, sin éxito. Pero fuentes de su equipo en la FEMP insisten en que la oferta de la ministra es positiva y que aún hay margen para el entendimiento de aquí al jueves. El regidor de Vigo calificó la semana pasada el planteamiento del Gobierno de "muy bueno" y "muy asumible".

Caballero ya definió el acuerdo como "muy bueno" y "muy asumible". El PP ya anticipa que o se renegocia el texto o iniciará protestas contra él

Hay otras cuestiones de la oferta de Montero que resultan menos problemáticas, como que se indique a qué tipo de inversiones han de destinarse los remanentes de tesorería. Pero también es poco pacífico que se ligue la suerte de este acuerdo con la FEMP a la creación de un fondo extraordinario de 275 millones de euros diseñado para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte municipales durante el estado de alarma. Fondo que podría ser ampliable a 400 M. El documento de Montero explicita que esa partida se integrará en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero si no hay pacto con los alcaldes, ese compromiso no tendría por qué mantenerse.

Los ayuntamientos están en pie de guerra. Y no parece haber nada que pueda parar el choque. Eso sí, 48 horas pueden dar para mucho.

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