LA INVESTIGACIÓN AL REY EMÉRITO

El fiscal planea pedir ayuda a Hacienda para desenredar la madeja fiscal de Juan Carlos I

La Agencia Tributaria fija las cuotas y los ejercicios en casos de delito fiscal. La ministra Montero anuncia que dará "auxilio judicial no solo por voluntad sino por obligación legal"

Foto: El rey emérito Juan Carlos I. (EFE)
El rey emérito Juan Carlos I. (EFE)
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La investigación sobre Juan Carlos I en la Fiscalía del Supremo tiene una próxima estación en la Agencia Tributaria. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó el martes sobre el caso que "este Gobierno y los órganos que de él dependen colaboran y dan auxilio activo a los tribunales de Justicia cuando así son requeridos". Fuentes de la Fiscalía señalan que en casos de delito fiscal, uno de los primeros pasos es pedir un informe a la Agencia Tributaria para establecer la cuota defraudada y los ejercicios. Anticorrupción tiene su propia unidad de apoyo de inspectores de Hacienda, pero también está para estas tareas la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Montero aludió a "la investigación que pueda hacer la Agencia Tributaria, no solo por voluntad sino por obligación legal".

No hay delito fiscal sin la participación de la Agencia Tributaria. Juan Carlos I era inviolable hasta 2014, cuando abdicó. Pero la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba las comisiones del AVE a La Meca, es que recibió una comisión de 65 millones de euros de Arabia en 2008 pero que la siguió disfrutando tras dejar el trono, lo que podría constituir delitos de blanqueo y delito fiscal. Aunque la comisión en sí no la pueden investigar, sí pueden hacerlo sobre los movimientos de dinero posteriores a su salida de Zarzuela. Porque el dinero, que estuvo en una cuenta en Suiza primero y en otra en Bahamas a nombre de Corinna después, no fue declarado.

El fiscal planea pedir ayuda a Hacienda para desenredar la madeja fiscal de Juan Carlos I

El Gobierno teme que, de proseguir adelante el caso, la Abogacía del Estado tenga que intervenir y, llegado el momento, acusar al jefe del Estado durante 39 años. La Abogacía se persona siempre en los delitos fiscales en representación del fisco y generalmente pide penas más altas que la Fiscalía. Pero antes, la Agencia Tributaria interviene para estimar cuotas defraudadas y ejercicios, algo indispensable para calcular las penas que puede pedir la Fiscalía.

Fuentes fiscales explican que el fiscal del Supremo tiene dos opciones: pedir ayuda a la unidad adscrita en Anticorrupción o acudir a la ONIF. Y que puede hacerlo solicitando un informe o auxilio judicial. También creen que lo más probable es que el caso se quede en la unidad de apoyo en Anticorrupción para que no deje las dependencias de la Fiscalía. Esa unidad tiene como función "realizar los informes, auditorías y actuaciones que le requiera el fiscal jefe de la Fiscalía Especial o el fiscal general del Estado". Depende orgánica y funcionalmente de la Dirección General de la Agencia Tributaria y está dotada y financiada por la Agencia.

Hasta el momento, la Fiscalía ha interpretado que la inviolabilidad del Rey no se extiende a después de su abdicación. Los letrados del Congreso, por el contrario, sí interpretaron que no se podía desligar su actividad antes y después de ceder la corona. Como adelantó este diario, la Fiscalía ya tiene la documentación de la Fiscalía suiza, que lleva dos años con el caso y que ha interrogado a algunos de sus principales protagonistas, Corinna Larsen, Dante Canonica o Arturo Fasana.

Los dos últimos figuran en el acta desvelada por este diario sobre la Fundación Lucum, firmada en Panamá en 2011 por el propio rey Juan Carlos, sobre "la donación" de 65 millones de euros del rey de Arabia a Juan Carlos realizada tres años antes. Los testigos han insistido en que fue una donación —no una contraprestación por los servicios de Juan Carlos en la gestión del AVE a La Meca— y que en 2012, entre arrepentido y enamorado, traspasó ese dinero a una cuenta de Corinna en las Bahamas.

Esa nueva donación exculpa al Rey emérito y a Corinna. Al primero, porque ya no tendría el dinero en 2014, cuando ya no tenía la protección de la Constitución. A la segunda, porque habría recibido un regalo y no tendría que ver con los negocios del Rey emérito ni estaría colaborando en un posible delito de blanqueo.

El fiscal planea pedir ayuda a Hacienda para desenredar la madeja fiscal de Juan Carlos I

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, intentó desligar la investigación a Juan Carlos I de Felipe VI: "Seguiremos trabajando más allá de que afecte al anterior jefe del Estado". "Nuestra función será auxiliar a los tribunales y ayudarlos". Montero apuntó a "la investigación que pueda hacer la Agencia Tributaria, no solo por voluntad sino por obligación legal". La ministra destacó la lucha contra el fraude fiscal como un pilar de su gestión, "especialmente en grandes patrimonios con una elevadísima complejidad de los entramados societarios".

Fuentes consultadas destacan la dificultad de la investigación de delitos fiscales que involucran a Suiza, un país en el que el secreto bancario es sagrado. Aunque el país helvético ha cumplido con normas europeas desde la directiva del ahorro de 2007, luego permitió el uso de sociedades 'offshore' como titulares de las cuentas, lo que en la práctica impedía conocer los beneficiarios reales. Es la práctica que utilizó Juan Carlos: usar una empresa en Panamá como titular de los fondos. Lo hizo en 2011, poco después de que el Gobierno de Zapatero sacara al país centroamericano de la lista de paraísos fiscales.

España denegó por dos veces la extradición a Suiza del informático Hervé Falciani, acusado allí de violar el secreto bancario. Pero en España los empleados de banca tienen la obligación de denunciar esas prácticas. En respuesta, Suiza avisó de que no extraditaba por motivos políticos cuando España reclamó a la dirigente independentista Marta Rovira.

Sin embargo, sí ha habido colaboración con el fiscal Yves Bertossa, que lleva dos años tomando declaraciones por las comisiones y que ha enviado a España la respuesta a la petición de Anticorrupción de conocer a los beneficiarios de la fundación Lucum.

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