El 67% de las muertes fue en residencias: el dato secreto que España sí reveló al ECDC
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LOS CORREOS DEL COVID: PARTE 3/3

El 67% de las muertes fue en residencias: el dato secreto que España sí reveló al ECDC

El Confidencial accede a los correos que el CCAES de Fernando Simón se cruzó con la autoridad europea. El Gobierno nunca ha dado públicamente una cifra de víctimas en estos centros

Foto: El 67% de las muertes fue en residencias: el dato secreto que España sí reveló al ECDC
El 67% de las muertes fue en residencias: el dato secreto que España sí reveló al ECDC

A día de hoy, el Gobierno español sigue sin ofrecer públicamente una cifra exacta o aproximada de cuántos muertos por covid-19 se han registrado en las residencias. "En cuanto los tengamos analizados y disponibles, los daremos a conocer", dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a este periódico el pasado 7 de mayo. "Respecto a la transparencia, el Gobierno de España ha actuado siempre con los máximos estándares de transparencia", reiteró el propio Illa en una rueda de prensa del 13 de mayo.

Aquel 7 de mayo trascendió que Sanidad llevaba varias semanas, desde el 17 de abril, recibiendo estos datos de las comunidades autónomas, pero eran reacios a ofrecer estimación alguna a los ciudadanos. Sin embargo, un día más tarde, el 8 de mayo, un representante del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, asistió a una teleconferencia conjunta del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la teleconferencia, se mostró una presentación en la que sí aparecía el número de muertos registrados en residencias españolas.

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Según los documentos facilitados por el ECDC a El Confidencial en respuesta a una solicitud de acceso a documentos presentada a través de la plataforma AsktheEU.org, en esa reunión del viernes 8 de mayo, España sí dio una cifra concreta: 17.231 muertes en residencias, que representaban, según la información recopilada por el CCAES, un 67% de todos los fallecimientos registrados a causa de la pandemia, el porcentaje más elevado de los 10 territorios europeos que enviaron esta información al ECDC.

Diapositiva del ECDC con el número de fallecidos por covid-19 en residencias de Europa.
Diapositiva del ECDC con el número de fallecidos por covid-19 en residencias de Europa.

A partir del 10 de abril, la mayoría de autonomías comenzaron a remitir al menos dos veces por semana el número de fallecidos en las residencias, cumpliendo la orden que les dictó el propio Gobierno. Así lo hizo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, epicentro de estas muertes. El último de estos informes periódicos, que se publican en la web de la Consejería de Políticas Sociales de Alberto Reyero, lleva fecha de 23 de junio y cifra en 5.987 los fallecidos en las residencias, 1.253 con PCR confirmada y 4.734 con síntomas compatibles con covid.

El secretismo con respecto a estos datos ha sido una queja habitual de la patronal de las residencias, que desconoce por qué el Gobierno no revela unas cifras que los propios centros facilitan a las comunidades autónomas. Además de los datos de mortalidad excesiva de EuroMomo y otras evidencias, el 7 de mayo circulaba una cifra muy parecida a la que España deslizó en esta teleconferencia: 17.756 fallecidos. No obstante, esta cifra —procedente del recuento realizado por las comunidades autónomas— era vista con mucha provisionalidad porque también incluía casos sospechosos, no confirmados, de covid-19. Las CCAA incluían en el recuento a los ancianos que fallecieron en las residencias con síntomas "compatibles con covid", certificado en este caso por el médico de Urgencias o de la residencia, dado que las pruebas solo se hacían en los hospitales y además se prohibieron las autopsias. El pasado 27 de junio, el número de muertes en esta situación era de 19.576.

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De ahí el interés en que el Gobierno ofreciera una estimación de las víctimas a nivel nacional, para poder conocer la gravedad de la situación en las residencias y centros de dependientes.

Una reunión rutinaria

Desde que comenzó la crisis, los Estados miembros junto a representantes del ECDC y la OMS han venido celebrando estas teleconferencias periódicamente para tratar distintos asuntos relacionados con la vigilancia de la pandemia. En la citada reunión del 8 de mayo, además de la situación en las residencias, se trataron temas como qué se considera un caso posible, probable o confirmado de covid-19 —con la intención de unificar criterios para toda Europa— o se consultó a los distintos países acerca de la aparición de casos de síndrome de Kawasaki en menores que habían contraído el coronavirus, aspectos en los que nuestro país no intervino, según reflejan las actas de la reunión.

Según muestra la documentación a la que este periódico ha podido acceder, además de los representantes de España participaron en la reunión Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Noruega, Suecia y Reino Unido. Las cifras españolas eran de largo las más alarmantes. Por detrás de España, Francia reportó 11.967 muertes en residencias y Reino Unido 6.771 repartidas entre Inglaterra, Gales y Escocia. Bélgica declaró 4.243, de los que solo 763 estaban confirmados, y Alemania 2.420 fallecimientos.

En términos relativos, España también lideraba el porcentaje de muertes que habían tenido lugar en residencias. Un 67% frente al 62% de Noruega, si bien el país escandinavo solo declaraba haber padecido 130 decesos en residencias. En el resto de países, el porcentaje oscilaba entre el 17% de Alemania y el 55% de Irlanda.

Diapositiva de la presentación del ECDC sobre los fallecimientos en residencias por el covid-19.
Diapositiva de la presentación del ECDC sobre los fallecimientos en residencias por el covid-19.

En otra diapositiva presentada aquel 8 de mayo, el ECDC analiza las razones de la propagación del coronavirus "dentro y entre" residencias sociales: personal trabajando mientras tiene síntomas y, en más de un centro social; la falta de equipos de protección individual (EPI), formación y pruebas; una elevada proporción superior al 70% de casos asintomáticos entre los trabajadores y los residentes, y la dificultad para identificar casos sospechosos basados en síntomas.

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