España admitió a Europa el 3 de marzo su incapacidad para vigilar casos sospechosos

El 3 de marzo, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) organizó junto a la delegación europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) una teleconferencia con los Estados miembros para evaluar el progreso que cada país estaba haciendo con respecto a los casos crecientes del coronavirus importado desde China.

En aquel momento, Europa se hallaba en lo que se denominó 'fase de contención'. El ECDC ocupó titulares esa semana por advertir en un informe fechado ese mismo día del riesgo de mantener las grandes aglomeraciones o eventos que se produjeron a lo largo de esa semana y que culminaron el 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer.

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Pero aquel encuentro dio mucho más de sí, como revelan los correos electrónicos remitidos entre el organismo europeo y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) a los que ha tenido acceso El Confidencial y que incluyen la presentación de aquella teleconferencia. En total, el ECDC ha remitido 96 documentos internos, entre correos electrónicos, presentaciones y borradores.

El orden del día de aquella tercera reunión se puede resumir en una palabra: vigilancia. El número de casos comenzaba a subir en la mayoría de países y algunas cosas, como la propia definición de qué era un caso de covid-19, no eran del todo homogéneas. Por aquel entonces, Italia ya había superado los 2.500 casos, mientras Alemania, Francia y España superaban o se acercaban a los 200 positivos.

Entre los principales objetivos a perseguir estaban los de "llevar a cabo una evaluación rápida de las características epidemiológicas, clínicas y virológicas de los casos más tempranos", "estimar la severidad y transmisibilidad de los casos" o proporcionar datos para mitigar el impacto. Pero un objetivo aparecía especialmente señalado en negrita: "Detectar la transmisión entre la población general".

Las herramientas sobre las que se sustentaba esta estrategia eran, por supuesto, los test PCR y la información compartida a través del portal TESSy, acrónimo de The European Surveillance System. Las órdenes a principios de marzo eran que todos los países subieran al sistema su número total de personas testadas y el porcentaje de positivos, tanto totales como por grupos de edad.

Sin embargo, por entonces no todos los países estaban en la misma página. Cuando el ECDC interrogó directamente a los distintos Estados sobre si habían empezado a hacer pruebas de covid-19 a los casos sospechosos —a través del programa de vigilancia centinela, dirigido a pacientes con enfermedades parecidas a la gripe ('influenza like illness' o ILI) o con infección respiratoria aguda ('acute respiratory infection' o ARI), principalmente en atención primaria—, las respuestas fueron muy dispares. Y eso que una semana antes, en la reunión urgente del foro consultivo del ECDC del 24 de febrero, la mayoría de los países "acordó que la vigilancia del covid-19 a través del programa de vigilancia centinela de la gripe debería empezar más pronto que tarde".

En cabeza, un amplio grupo de países como Alemania, Dinamarca, Croacia, Bélgica, Países Bajos, Austria y Finlandia respondieron que habían empezado a testar sospechosos. Los austriacos apenas una semana antes, el 25 de febrero. Los finlandeses, por su parte, incluso habían empezado a realizar análisis retrospectivos hasta la semana 51 del año anterior, es decir, mediados de diciembre de 2019.

En el pelotón intermedio, otros como Francia estaban realizando test solo a los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, pero planeaba empezar a hacerlo con el resto de sospechosos. Portugal, por su parte, dijo estar adaptando sus laboratorios para detectar SARS-CoV-2 y Suecia estaba pendiente de que su comité ético les diera luz verde para empezar. Grecia iba a empezar la semana siguiente y Escocia había empezado esa misma semana.

Sanidad y CCAA acordaron el 25-F "ampliar los esfuerzos para reforzar la detección precoz". Una semana después, la vigilancia no había comenzado

En el furgón de cola, República Checa, Eslovenia, Irlanda y España. Nuestro país dijo no estar haciendo test todavía porque "la vigilancia de casos ILI implicaría aplicar medidas de aislamiento para casos confirmados y de esto se derivaría un rastreo de contactos, lo cual podría no ser operativamente posible", revela el resumen de la conferencia. Más sorprendente fue la respuesta de Irlanda, que dijo que preveía comenzar a hacer test "en los próximos uno o dos meses".

Una semana antes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunió con las comunidades autónomas para abordar la capacidad y las necesidades del sistema sanitario nacional para afrontar el coronavirus. Tal y como refleja una nota de prensa del 25 de febrero, el ministerio y las comunidades acordaron "incrementar la sensibilidad del sistema para la detección precoz del coronavirus". "Nuestro principal objetivo es la prevención, y para ello hemos acordado ampliar los esfuerzos para reforzar la detección precoz", aseguró Illa, al tiempo que añadió que iban a analizar a "pacientes con sintomatología respiratoria grave, para los que se hayan descartado otras posibles causas". Sin embargo, el 3 de marzo esta vigilancia de casos no había comenzado todavía en España, tal y como refleja el resumen de la reunión del ECDC de aquel día.

Estos días, el Gobierno suele argumentar que no fue solo España sino que "Occidente llegó tarde" en la respuesta a la pandemia. Así lo expresaron Pedro Sánchez en una entrevista reciente en 'La Vanguardia' o Adriana Lastra en la tribuna del Congreso. Las evidencias reveladas en estos correos muestran, sin embargo, que algunos países llegaron más tarde que otros. España, desgraciadamente, estaba entre ellos.

Las dos excepciones

En realidad, en algunas zonas de España sí que se habían comenzado a hacer test PCR por aquellas fechas, aunque más en un entorno hospitalario que en atención primaria. Concretamente, la Comunidad Valenciana dio su primera cifra de pruebas diagnósticas de covid-19 realizadas el 28 de febrero. No es casualidad, sino el fruto de un brote de casos asociados al partido de fútbol Atalanta-Valencia que hizo a las autoridades regionales ponerse a realizar hasta 255 pruebas a los sospechosos de contagio.

Paradójicamente, en aquellos días la prensa ridiculizó a la responsable epidemiológica de la Generalitat valenciana, Hermelinda Vanaclocha, por desconocer que aquel partido iba a tener lugar. Vanaclocha fue posteriormente una de las seis personas seleccionadas para formar parte del Comité Científico Técnico Covid-19 que asesoró al Gobierno.

Junto a la Comunidad Valenciana, la otra región precursora en realizar test de covid-19 fue Cantabria. Ellos dieron su primera cifra un día más tarde, el 29 de febrero. Para cuando se produjo la conferencia del ECDC y la OMS, aquel 3 de marzo, Cantabria ya sumaba 47 test PCR realizados y en Valencia se habían procesado 648 muestras.

Sin vigilancia de la transmisión comunitaria

Desde un primer momento, tanto el ECDC como la oficina europea de la OMS hicieron especial hincapié en la vigilancia de los posibles casos de covid-19. En una teleconferencia celebrada el 2 de febrero, dos días después de la declaración de emergencia de salud pública internacional por el brote en la provincia china de Hubei, el sistema de detección y vigilancia del nuevo SARS-CoV-2 centró gran parte de la presentación de aquel día.

"Si se estableciera una transmisión continua de humano a humano, la respuesta pasará de la contención a la gestión y mitigación. Los objetivos de la vigilancia pasarán de la investigación de los casos y los contactos a la monitorización de la propagación de la enfermedad en tiempo y lugar y a la evaluación del impacto en la población", se explica en una presentación.

Para llevar a cabo estos objetivos, los países europeos disponían de varias herramientas: el reporte diario del número de casos; la red de vigilancia de la gripe e infecciones respiratorias agudas en atención primaria para medir la transmisión comunitaria, y la red de vigilancia hospitalaria de casos severos de infecciones respiratorias y el exceso de mortalidad por todas las causas para medir el impacto en la población.

Al admitir que no había comenzado a detectar casos sospechosos a través de la red de vigilancia de la gripe en atención primaria, España reconocía de manera implícita que el principal sistema para detectar la transmisión comunitaria del coronavirus aún no había entrado en funcionamiento el 3 de marzo.

Escasez de material en los laboratorios

Aparte de los sistemas de detección precoz y vigilancia de los países, al ECDC le preocupaba otra cuestión en la primera semana de marzo: la escasez de material en los laboratorios. Para tal fin, lanzó una encuesta entre 15 países para averiguar las provisiones de 22 laboratorios europeos. Ocho de ellos afirmaron tener escasez de equipos de protección individual (EPI) a nivel nacional, y otros dos a nivel regional. Diez de estos laboratorios reportaron falta de mascarillas FFP2 o FFP3, mientras que cuatro adolecían de mascarillas quirúrgicas.

Además, otros cuatro laboratorios manifestaron que no tenían material de laboratorio suficiente. En concreto, seis informaron de falta de hisopos, mientras que otros siete reportaron falta de reactivos para los test PCR, como enzimas. Además, seis laboratorios apuntaron la falta de máquinas para hacer pruebas PCT, mismo número de instalaciones sin máquinas de extracción de RNA.