La lobista de "confianza" del rey Juan Carlos se aseguró un fijo del 2% en el AVE a La Meca

La intermediaria iraní Shahpari Azzany Zanganeh, exmujer del traficante de armas Adnan Kashoggi y a la que Juan Carlos I introdujo en Riad como su "persona de confianza", blindó su comisión en el AVE del desierto. En el contrato que firmó con las empresas españolas del consorcio, Zanganeh se garantizó un 2% de los ingresos de la obra independientemente de que hubiera retrasos o penalizaciones por problemas en la construcción de la infraestructura. Este es uno de los documentos que investigó la Fiscalía Anticorrupción antes de elevar el caso al Tribunal Supremo, tras detectar indicios de delito que afectan al rey emérito.

Zanganeh es una persona clave en el AVE a La Meca. En un comunicado remitido a los medios hace dos años, cuando su nombre comenzó a proliferar en la prensa, se presentó como "project developer' [de OHL], en el año 2004". Entonces, se desmarcaba de don Juan Carlos. "La sugerencia de que he tenido una relación económica o financiera con Juan Carlos I de España en relación con el AVE es absolutamente falsa. No ha existido nunca ninguna relación económica o financiera con él ni con ninguna entidad relacionada con su persona", sostuvo entonces.

Sin embargo, en marzo de 2006, la empresaria iraní llevó a Riad en mano una carta del rey Juan Carlos al príncipe Bin Abdul Aziz, por entonces ministro de Defensa de Arabia Saudí, en la que el ahora rey emérito la "comisionaba" para "poder realizar gestiones ante él, y a la que consideraba persona de confianza", según sostiene la Fiscalía española en la comisión rogatoria que ha enviado a la Fiscalía de Ginebra. Solo tres semanas después, Zanganeh volvió a desplazarse a Riad, pero en esa ocasión ya fue acompañada de Juan Carlos I; la entonces amante del monarca, Corinna Larsen, y los representantes de varias empresas españolas. El entorno de Corinna niega su presencia en ese viaje. Por su parte, fuentes próximas a Zanganeh aseguran que la carta no sirvió para que el rey la comisionara en el proyecto del AVE, sino únicamente para preparar el viaje de negocios de abril de 2006.

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la representante designada por el padre de Felipe VI firmó el 18 de mayo de 2011 un primer contrato de consultoría con las empresas españolas de capital privado que integraban el consorcio del AVE a La Meca: Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Indra, OHL y Talgo. La consultora de Zanganeh, Epic Arabia Project Development, debía encargarse, según el acuerdo, del "estudio y análisis de riesgos e identificación y análisis de subcontratistas proveedores y consultores" durante la licitación y en los trabajos de ejecución de "consultoría respecto a la contratación, resolución de discrepancias con el cliente, subcontratistas y proveedores, colaboración y asistencia en gestión de cobros".

Dos adendas al contrato

El contrato fue adendado en dos ocasiones. El 16 de octubre de 2011, solo dos semanas antes de que la oferta española se impusiera a la francesa con un precio de 6.736 millones de euros, Zanganeh y las empresas nacionales modificaron el pacto inicial estipulando por escrito que la lobista iraní cobraría una comisión de 95,78 millones de euros, según ha constatado la Fiscalía Anticorrupción.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El proceso a Juan Carlos I, una bomba de relojería

Ignacio Varela

En noviembre de 2012, ya con el consorcio español como vencedor, el contrato sufrió una nueva reforma. En esa segunda adenda, en poder de este diario, se fijaron nuevos detalles sobre el importe que percibiría Zanganeh. La intermediaria logró que su comisión quedara blindada frente a los avatares de la obra e introdujo nuevas cláusulas que elevaban sustancialmente la cantidad que podía percibir. Se aseguró el 'fee' fijo de 66.583.530 euros más 156 millones de reales árabes que, en total, sumaban 95,78 millones de euros al cambio de la época. Pero Zanganeh coló otro 2% sobre los ingresos que pudieran percibir las empresas españolas por la gestión de la línea ferroviaria durante los años posteriores a la ejecución.

El contrato estableció un primer pago a la consultora de 10 millones de euros en los 25 días siguientes a la firma del anexo. A partir de ese momento, la intermediaria percibiría el 2% de los ingresos del consorcio conforme Arabia fuese pagando los más de 6.000 millones de la adjudicación. Por esa vía se garantizó hasta 47.152.942 millones de euros y 125 millones de reales saudíes (unos 30 millones de euros al cambio actual). El resto del dinero, 9,4 millones de euros y 30,9 millones de reales (siete millones de euros), lo debían pagar las constructoras e ingenierías españolas en el año y medio posterior a las últimas inversiones. A esa cantidad había que sumar el 2% de lo acordado por las empresas y el Gobierno de Arabia según los años de operación y mantenimiento que finalmente tuviera el consorcio.

Zanganeh no asumió riesgos

Las partes dejaron claro que lo pactado no era en ningún momento un variable. El segundo anexo, que fue finalmente el de aplicación y no había trascendido hasta ahora, estableció que las eventuales penalizaciones del cliente al consorcio "en ningún caso implicarán una reducción en la comisión pactada por la consultora [Zanganeh]". Al contrario de lo que ocurre en España, donde las obras públicas sufren modificados que suben los precios (Fomento pagaba 1.000 millones al año en modificados), Riad lanzó un concurso con un precio cerrado y penalizaciones en caso de retraso. El riesgo de una obra sin precedentes, en un entorno tan hostil como el desierto árabe, corría sobre las constructoras españolas y, sobre todo, durante los años de operación y mantenimiento, liderados por empresas públicas como Renfe y Adif. El pacto con Zanganeh enumera que ni "la mala calidad de los trabajos del contratista o cualquier otra penalización" le afectaba.

Zanganeh se aseguró de que recibiría mensualmente información sobre los pagos del Gobierno de Arabia a las empresas españolas y sobre las posibles penalizaciones. Si las empresas españolas querían contar con sus servicios para construir la terminal de Hajj, en el aeropuerto de Jeddah, también debían abonarle el 2% del total de esa otra parte del proyecto. Todos los pagos debía realizarse en una cuenta bancaria de Arabia y el pacto dejó claro que si España aplicaba alguna retención, las empresas aumentarían la cantidad a percibir para que este coste extra no corriera a cargo de Zanganeh.

Arbitraje por impagos

El contrato menciona expresamente las nueve compañías de capital privado que se adjudicaron la infraestructura, y lleva la firma de los representantes de cinco de ellas. En concreto, figuran las rúbricas de un apoderado de Cobra, filial de ACS; del consejero delegado de Consultrans, el exministro socialista de Sanidad con Felipe González y posterior presidente de Renfe Julián García Valverde, y de directivos de Copasa, Imathia e Inabensa. El resto de las empresas también terminó estampando su firma.

Los pagos a Zanganeh comenzaron en 2013 y se mantuvieron hasta junio de 2018. En ese momento, las compañías españolas dejaron de pagar tras difundirse una grabación del comisario Villarejo en la que la examante de Juan Carlos I, Corinna Larsen, "implicaba a Zanganeh en el pago de comisiones ilegales" y afirmaba que el monarca también había intentado llevarse otro porcentaje. La lobista iraní ha planteado un arbitraje en la Corte de París para reclamar el cobro completo de esta comisión mientas la investiga la Justicia. Denuncia que, de los 95,7 millones de euros pactados con el consorcio, solo ha ingresado unos 45 millones, a pesar haber cumplido su parte del acuerdo. Asegura que puede demostrar los servicios y su relación con el consorcio respeta los más altos estándares internacionales.