La Abogacía del Estado critica que la Guardia Civil acusa con "sesgo" y "mutila" datos clave

Un nuevo escrito de la Abogacía del Estado, y ya van cinco. Los servicios jurídicos del Gobierno han presentado este miércoles un recurso de reforma en el que mencionan por primera vez el polémico informe de la Guardia Civil aportado ante el Juzgado 51 de Madrid que investiga por prevaricación a José Manuel Franco. La abogada jefa del área penal, Rosa María Seoane, carga en él contra el contenido del atestado y apunta que los miembros del instituto armado que lo elaboraron acusan con "sesgo" y "mutilan" datos clave para apoyar su hipótesis.

El recurso, al que ha tenido acceso El Confidencial y que se ha presentado en reforma, pone el informe como ejemplo del perjuicio que se está provocando a Franco, a quien la Abogacía defiende en este procedimiento. El atestado tiene —especifica— un "claro sesgo acusatorio, que se ha conformado mientras estaba pendiente de tramitar y resolver el recurso de apelación" que la misma Abogacía ha interpuesto ante la Audiencia Provincial. Destaca que esta instancia superior no ha podido aún "revisar la legalidad de la forma de proceder de la instructora". "La Policía Judicial desliza continuas sospechas y comentarios suspicaces", agrega, al tiempo que se queja de que aclarar ciertos extremos sería más sencillo si se diera el tiempo necesario para cumplir adecuadamente los requerimientos efectuados.

Este mismo miércoles, la titular del Juzgado, Carmen Rodríguez-Medel, ha aplazado al próximo día 10 la declaración como imputado de Franco. En la providencia en la que daba cinco días más al acusado para preparar su defensa, la magistrada dejaba caer un párrafo contra los servicios jurídicos del Estado al considerar "sorprendente" su petición de retrasar la declaración.

"Tal y como consta en autos, se le notificó que quedaban las actuaciones a su disposición para realizar la correspondiente copia de la documentación aportada tanto el 21 de abril como el 21 de mayo, no siendo hasta que se ha ordenado por resolución judicial que comparezca el 26 de mayo que efectivamente ha comparecido la Abogacía del Estado para obtener copia", decía. La Abogacía señala ahora que no ha reclamado aplazamiento alguno a la jueza sino la suspensión de la declaración hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie.

No se halla en el informe, alega, "ningún análisis de evidencias científicas, solo referencias mutiladas a documentos técnicos o noticias de prensa"

En este cruce de recursos y providencias, Seoane desliza más referencias al informe que le costó el puesto al coronel Diego Pérez de los Cobos. Dice que no se encuentra en él "ningún análisis de evidencias científicas, solo referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica".

El 8-M, "absolutamente residual"

El recurso desliza otra queja, en este caso respecto a la decisión de la magistrada de pedir al forense adscrito a su juzgado que amplíe sus conclusiones preliminares sobre la manifestación del 8 de marzo en Madrid. El forense apuntó en un estudio preliminar que no existía causa-efecto entre la asistencia a la concentración del Día Internacional de la Mujer y el contagio por coronavirus. La jueza Medel ha pedido nuevos datos al experto, que indicó también que lo que es "cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones, se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".

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Seoane cuestiona esta aseveración y defiende, con un ejemplo, el impacto "absolutamente residual" en la propagación de concentraciones como la del 8-M. Dice así que según los datos públicos de la web de Metro de Madrid, en el mes de febrero de 2020, hubo una demanda de 60.409.710 viajeros (incluyendo los de la EMT), lo que supone 15.100.000 viajeros de media en una semana, como la inmediatamente anterior al día 8 de marzo: 15,1 millones de personas que compartieron elementos comunes en un reducido espacio cerrado. "Es solo un ejemplo, pero podrían tomarse los de toda la actividad docente, las oficinas, los juzgados, los centros comerciales, eventos deportivos, culturales, políticos, etc. que en su conjunto conllevan la existencia de millones de contactos estrechos y que hacen absolutamente residual el impacto que hubiera —sin que haya ninguna certeza— podido tener cualquiera de las manifestaciones celebradas hasta el día 9 de marzo", concluye.

"¿En qué se fundamenta la afirmación del forense? Sencillamente en nada. Ni un solo dato, ni una sola referencia técnica", protesta la abogada del Estado

"¿En qué se fundamenta la afirmación del forense? Sencillamente en nada. Ni un solo dato, ni una sola referencia técnica. ¿Una investigación penal puede basarse en afirmaciones semejantes sin fundamento técnico alguno? En modo alguno, a juicio de esta defensa. Una investigación penal debe investigar hechos indiciariamente delictivos, no convertir en indiciariamente delictivos unos hechos para investigarlos", dice.

La Abogacía destaca que reclamar ahora al médico que amplíe su informe es innecesario, impertinente e inútil para la investigación del delito de prevaricación. "Solo se explica por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes y con ello permitir la entrada de acusaciones particulares, pues a día de hoy, no hay personada en forma ninguna acusación ni Fiscalía ha manifestado que vaya a ejercerla", dice. "Nos encontramos con una instrucción sin acusación, impulsada solo por la instructora", destaca también.