Unidas Podemos busca compatibilizar el ingreso mínimo con trabajos temporales

Los departamentos de Derechos Sociales y Seguridad Social siguen negociando el desarrollo del ingreso mínimo vital, comprometido para este mes de mayo pero que no podrá percibirse hasta junio. El intercambio de borradores se sucede y, si bien está ya fijada la cifra de 462 euros como la cantidad mínima que se podrá percibir, como adelantó el diario 'El Mundo', se sigue discutiendo sobre el máximo de este ingreso, en función de los hijos a cargo o personas dependientes, así como los complementos para las familias monoparentales. El objetivo de Unidas Podemos es que se superen los 1.015 euros al mes en función de la composición de las unidades de convivencia. Según fuentes cercanas a la negociación, esta todavía está abierta y la cantidad máxima de la prestación es una de las cuestiones que podrían variar. Este miércoles, se producirá una nueva reunión entre los equipos técnicos de la vicepresidencia segunda y del Ministerio de Seguridad Social.

Uno de los aspectos más relevantes de la negociación en curso tiene que ver con las compatibilidades del ingreso mínimo. Será compatible con algunas becas y ayudas, como a la vivienda, pero el sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo está presionando para que también lo sea con trabajos temporales o los denominados 'minijobs', como trabajos de fin de semana, para incrementar la seguridad vital. Todo ello, más allá de que esta renta se vincule a itinerarios de inclusión laboral. El ingreso mínimo vital se compatibilizará igualmente con las prestaciones mínimas de carácter autonómico, aunque aún se está discutiendo su encaje con las diferentes administraciones autonómicas y previsiblemente no será en su totalidad.

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Otra de las cuestiones que están por determinar tiene que ver con el año de la renta que se tomará como referencia para baremar a los potenciales beneficiarios. La recibirá alrededor del 20% de la población que se considera en situación de pobreza severa, es decir, con unos ingresos por debajo del 30% de la renta mediana. Si se toman como referencia las rentas de 2019, se quedarían fuera personas que por la crisis del coronavirus hayan visto drásticamente disminuidos sus ingresos, aun habiendo entrado en situación de pobreza severa. Las pensiones y prestaciones se computarán en los ingresos, pero no así las becas y ayudas de emergencia y para la vivienda.

Se estima que el ingreso mínimo alcanzaría a algo más de millón de hogares, de los cuales aproximadamente un 10% serían familias monoparentales, según los cálculos del Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá. Un total de tres millones de personas. Una cifra de beneficiarios sobre la que se está presionando para aumentarla y adaptarla a la nueva realidad dibujada por la crisis económica que está acompañando la emergencia sanitaria por la pandemia. Además, el confinamiento ha traído consigo el fin de la economía sumergida, mediante la que muchos hogares lograban complementar sus ingresos y situarse fuera de la bolsa considerada de pobreza severa. Solo en el sector de las empleadas del hogar, un tercio de las 600.000 trabajadoras no está dado de alta en la Seguridad Social, a lo que se suma la economía informal asociada a sectores como el turismo.

El límite de ahorros que se posea en el banco a partir del cual no se podrá acceder a esta prestación es otro de los parámetros por determinar, así como el valor de la primera vivienda a partir del cual tampoco se podría percibir el ingreso mínimo vital.

Este ingreso será de carácter estructural, por lo que no se vinculará al estado de alarma ni a la emergencia sanitaria. Como aclaraba este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, será una prestación "que seguirá siendo una oferta para el conjunto de la ciudadanía más allá de la crisis sanitaria del coronavirus".

De hecho, fueron las diferencias entre la vicepresidencia segunda que dirige Pablo Iglesias y el departamento del que es titular José Luis Escrivá sobre el calendario del ingreso mínimo vital lo que provocó la intervención de Pedro Sánchez, que consensuó con el líder de Unidas Podemos adelantarlo para finales de mayo. Los morados habían presionado con un ingreso mínimo denominado 'puente', de caracter temporal, para ayudar a las familias sin ningún tipo de ingresos mientras se preparaba el ingreso mínimo permanente, para el que Escrivá reclamaba más tiempo de desarrollo por su complejidad técnica. Finalmente, se desechó el ingreso mínimo temporal, pero se adelantó el permanente ajustando al máximo unos plazos, con entre dos y tres meses de antelación. Unos plazos "flexibles y abiertos", por los que se está "trabajando a marchas forzadas".

Plan de financiación de Unidas Podemos

El coste para las arcas públicas que se prevé por la implantación de esta prestación ascendería a unos 3.000 millones de euros, disparando así el gasto público junto a otras de las medidas que se han ido sumando a la construcción del denominado 'escudo social'. Para financiarlo, desde Unidas Podemos apelan a "una reforma fiscal profunda" que, como adelantó este diario, tiene entre sus principales novedades la creación de un impuesto a la riqueza con el que recaudar hasta 11.000 millones de euros, lo equivalente al 1% del PIB. Este nuevo tributo, que llevarán a la comisión de reconstrucción del Congreso, sustituiría al de patrimonio, que consideran "inoperativo", y tendría un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros. Gravaría con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los superiores a los 50 millones y con un 3,5% los que superen los 100 millones de euros.

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EFE

Según las cifras que manejan desde Unidas Podemos, la mayor parte de este nuevo tributo recaería en los 1.000 principales patrimonios del país. El objetivo pasa por situar la recaudación en la media de países de la eurozona a partir de la creación de nuevas figuras tributarias, como el mencionado impuesto a la riqueza o grandes fortunas, otro a la banca y un tercero a las transacciones financieras, además de incrementar la tributación de los rendimientos de capital en el IRPF y aumentar el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto sobre sociedades.

La reforma fiscal se debatiría en el grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados, y hasta el momento los socialistas se inclinan por limitarla a modificaciones en el IRPF para las rentas de capital y a introducir como nuevos tributos las denominadas tasa Tobin —a las transacciones financieras— y tasa Google o de servicios digitales, destinada a las grandes empresas tecnológicas.