El retraso en las negociaciones sobre el ingreso mínimo amenaza con llevarlo a junio

El objetivo de tener listo el ingreso mínimo vital para la segunda quincena de mayo se aleja. Las negociaciones entre la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Seguridad Social acumulan un retraso que amenaza los plazos comprometidos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La pasada semana solo se celebró una reunión entre los equipos de ambos departamentos, al priorizarse los esfuerzos en desarrollar el plan de desconfinamiento infantil, mientras que este martes fue la demora en la reunión del Consejo de Ministros lo que obligó a volver a modificar la agenda de reuniones previstas para avanzar en la concreción de este subsidio. A estos retrasos se suma la complejidad técnica de una propuesta que se deberá desarrollar en un tiempo récord y que, además, todavía se debe coordinar con las distintas administraciones autonómicas.

Si cada vez hay más dudas de que se acelere la aprobación del ingreso mínimo vital, la posibilidad de que los potenciales beneficiarios puedan cobrar esta ayuda económica hasta bien entrado el mes de junio se reduce notablemente. Máxime atendiendo los tiempos con que se están tramitando otros subsidios ya aprobados, como el de las empleadas del hogar, y sobre los que el presidente Pedro Sánchez reconocía este miércoles durante una comparecencia en la Moncloa que se están encontrando "dificultades en la gestión". En cualquier caso, el cobro de la primera mensualidad del ingreso mínimo difícilmente llegará antes de que se cumplan tres meses del decreto del estado de alarma.

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Las diferencias entre la vicepresidencia segunda que dirige Pablo Iglesias y el departamento del que es titular José Luis Escrivá sobre el calendario del ingreso mínimo vital provocaron la intervención de Pedro Sánchez, que consensuó con el líder de Unidas Podemos adelantarlo para finales de mayo. Los morados habían presionado con un ingreso mínimo denominado 'puente', de caracter temporal, para ayudar a las familias sin ningún tipo de ingreso mientras se preparaba el ingreso mínimo permanente, para el que Escrivá reclamaba más tiempo de desarrollo por su complejidad técnica. Finalmente, se desechó el ingreso mínimo temporal, pero se adelantó el permanente ajustando al máximo unos plazos —con entre dos y tres meses de antelación—sobre los que ahora surgen nuevas complicaciones.

El propio Escrivá ya reconoció tras este acuerdo que "estos días los calendarios son muy flexibles y están muy abiertos", añadiendo que "estamos trabajando a marchas forzadas". Iglesias, por su parte, destacaba que lo importante es que existe la promesa de aprobar la renta mínima vital en mayo, y desde su entorno deslizaban que la intención era que desde ese mismo momento ya se podrían acoger a esta ayuda las personas que puedan ser beneficiarias de ella. Otro de los caballos de batalla que ponen en duda los tiempos marcados es la coordinación con las administraciones autonómicas, ya que en varias comunidades autónomas existen distintas modalidades de renta.

El sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo justificó la urgencia porque el confinamiento ha traído consigo el fin de la economía sumergida, mediante la que muchos hogares lograban complementar sus ingresos y situarse fuera de la bolsa considerada de pobreza severa. De hecho, los potenciales beneficiarios de este subsidio serán los hogares que se consideran en el rango de pobreza severa, esto es, con unos ingresos por debajo del 30% de la renta mediana. Se trata de algo más de millón de hogares, de los cuales aproximadamente un 10% serían familias monoparentales, según las estimaciones del Ministerio de Seguridad Social. Un total de tres millones de personas.

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Unas cifras, sin embargo, que todavía se pretenden concretar en las negociaciones que se prevén retomar este miércoles entre la vicepresidencia segunda y el departamento que dirige Escrivá. Para los primeros, estas estimaciones sobre el número de potenciales beneficiarios se quedarían cortas, dado que la cifra del millón de hogares era la que se manejaba sobre pobreza severa antes de que golpease la crisis del coronavirus. La intención de los morados, además, siempre fue incluir en el ingreso básico garantizado los hogares catalogados bajo el umbral de riesgo de pobreza, lo que triplicaría la cifra de beneficiarios que ahora se estiman.

Las cuantías de las ayudas sí están fijadas. Se trataría de una prestación base de 500 euros, que se incrementaría en 100 euros mensuales por cada persona menor a cargo o 150 euros en el caso de las familias monoparentales, hasta un máximo de 950 euros. Se baraja asimismo que el ingreso sea de 600 euros para las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En el caso de que fuese un menor a cargo el que tuviese reconocida esta discapacidad, a los 500 euros se sumarían 120 —en lugar de 100—, y 180 en las familias monoparentales —en lugar de 150—. Unas cantidades que no distan en demasía de las que Unidas Podemos prometía en su programa electoral, al fijar la renta mínima en 600 euros por adulto e incrementándose en función del número de hijos hasta un tope de 1.200 euros al mes.