Moncloa negocia con el PNV y barones del PP ceder competencias para salvar la alarma

El Gobierno cree firmemente que la estrategia contra la pandemia pasa necesariamente por el mantenimiento del estado de alarma, al menos, hasta el mes de julio y levantarla ahora supondría el caos. Por eso, además de la lógica preferencia de la lucha sanitaria, el Ejecutivo está volcado en intentar lograr 'in extremis' los votos necesarios para tener el miércoles el respaldo del Congreso. En las últimas horas, la vicepresidenta Carmen Calvo ha hablado con Andoni Ortuzar (PNV), Pere Aragonès (ERC) y Alberto Núñez Feijóo (PP), entre otros, para salvar la decisiva votación, casi a la desesperada. Y La Moncloa habla también con Inés Arrimadas (Ciudadanos) que, de pronto, es fundamental para evitar el desastre.

El Gobierno considera imprescindible mantener el estado de alarma, explica que no hay otro instrumento jurídico para mantener las restricciones a la movilidad, asegurar el control sanitario, preservar el mando único y facilitar las ayudas sociales y da por hecho que tendrá que pedir al menos tres prórrogas más. Hoy martes, el Consejo de Ministros aprobará el texto que someterá el miércoles al pleno del Congreso y en la norma podría introducir modificaciones negociadas para asegurar su aprobación.

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Necesita mayoría simple para la prórroga y hay partidos que la han apoyado hasta ahora, como PP, PNV y Ciudadanos, que se han pronunciado en contra por diferentes motivos, y ERC ha dejado claro que pasará de la abstención al no. Esto último le complica especialmente todo al Gobierno y perder esa votación sería no solo un revés político sino una grave crisis institucional en plena catástrofe por la pandemia. Sería mucho más que una derrota política al Gobierno.

Necesita el voto imprescindible del PNV y que el PP se abstenga, que no vote en contra. Una opción que manejan fuentes del Gobierno es que el PP, el PNV y Bildu se abstengan y Ciudadanos vote a favor y con eso saldría la mayoría simple necesaria.

Con el PP, la estrategia clara es presionar para que se quede en la abstención, con el argumento de que levantando la alarma haría imposible combatir la pandemia y mantener las ayudas a los afectados por la crisis económica y social. Sería “el caos”, según han resumido los ministros José Luis Ábalos y Salvador Illa.

Pablo Casado ya ha trasladado este martes a Pedro Sánchez su intención de no apoyar la prórroga, tal y como defienden también barones regionales del PP como Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno e Isabel Díaz Ayuso, entre otros.

El líder del PP expresó en Onda Cero la exigencia de desligar el pago de los ERTE y otras prestaciones del estado de alarma. Los populares han pasado de criticar al Gobierno por tomar tarde la decisión del estado de alarma a pedir que se levante la medida, aunque siempre han sostenido que, como explican destacados constitucionalistas, se está aplicando de forma abusiva el estado de alarma, porque la Constitución no permite que sirva para limitar derechos fundamentales.
Todo parece indicar, que el voto del PP será la abstención para dejar claro su rechazo sin impedir su aprobación y no aparecer como responsable de lo que pudiera ocurrir, como, por ejemplo, un rebote de las cifras.

No obstante, fuentes del Gobierno aseguran que Carmen Calvo ha hablado este lunes con presidentes autonómicos del PP, empezando por el gallego Núñez Feijóo, para intentar que los populares apoyen finalmente la prórroga o que, al menos, permitan su aprobación con una abstención. El presidente gallego sostiene que hay vías legales alternativas como la Ley de Sanidad para hacer frente a la pandemia sin estado de alarma.

En el caso del PNV y ERC, se trata de dos partidos que fueron fundamentales para la investidura de Sánchez y están llamados a ser aliados del Gobierno durante la legislatura. En su caso, el Ejecutivo cuenta con la idea de que no dejarán caer al Gobierno porque la alternativa de centro derecha es mucho peor, pero todo se ha tensado hasta el extremo, como lo muestra la decisión de ERC de votar no a la prórroga.

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Sus quejas principales son que no han sido consultados ni informados y, además, que el estado de alarma resta competencias a las comunidades autónomas y, por eso, lo ven como un ataque al autogobierno. Y el Gobierno considera esencial mantener el mando único, que en los decretos de prórroga se traduce en un artículo que atribuye al ministro de Sanidad la capacidad de dictar órdenes de aplicación de la alarma y ahora para la desescalada.

La Moncloa intenta desde el jueves un acuerdo. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, y Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, negocian con Andoni Ortuzar, presidente del PNV, y Aitor Esteban, portavoz parlamentario de los nacionalistas. La decisión de ERC pone a los nacionalistas vascos en difícil situación y al tiempo les hace imprescindibles. Este martes los contactos podría realizarlos el presidente del Gobierno.

La clave es encontrar un mecanismo que sirva para salvaguardar las competencias de los gobiernos autonómicos en el proceso de desescalada. Más o menos se trata de concretar mucho más lo que Sánchez llamó “cogobernanza” este fin de semana y que fue rechazado por los presidentes autonómicos durante el fin de semana. Esa misma propuesta fue ofrecida por Calvo a Feijóo en la conversación mencionada.

El planteamiento inicial del PNV es que, pese a la dureza del lehendakari Iñigo Urkullu con la prórroga, podría llegar a la abstención el miércoles. Sumada a la del PP, llevaría a la aprobación de la prórroga, pero con el duro aviso a Sánchez de tener solo los votos a favor de PSOE y Unidas Podemos y tener a la mayoría absoluta de la Cámara en la abstención y el no.

"Si el Gobierno del Estado cree que tiene que haber un estado de alarma, hagamos que sea lo menos excepcional posible, lo más normalizado posible. Tengamos respeto a las instituciones naturales y competentes en la materia de que se trate. Pactemos las medidas de desescalada. Creo que se puede si hay voluntad política", según la explicación de Ortuzar en Radio Euskadi.

Ortuzar ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que un hipotético nuevo estado de alarma incluya “un mecanismo de pacto de codecisión” con las comunidades autónomas para que estas puedan establecer sus propios procesos de desescalada, de modo que cada una pueda volver a gestionar sus instituciones y sus competencias.

ERC, por su parte, dudaba entre mantener la abstención o pasar al no, con un notable debate interno. Calvo negoció este lunes con el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Pere Aragonès, también sobre la base del "pacto de codecisión", según fuentes del Gobierno. Pero finalmente, ERC hizo público un comunicado a media tarde en el que anunciaba su voto negativo por entender que "el estado de alarma no es el mecanismo adecuado. Se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis y así lo hemos denunciado. La centralización ha sido un error. Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español. Y pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma".

ERC votará no con VOX, JxCat y la CUP.

Y Ciudadanos, cuyos diez diputados se han convertido en decisivos, siempre ha apoyado la prórroga, pero ahora es crítico con la forma en que la plantea Sánchez. Inés Arrimadas aseguró en rueda de prensa que hablará con Sánchez y le propondrá una hoja de ruta para que se puedan mantener las medidas sanitarias, controlar la propagación del coronavirus y prolongar las ayudas económicas y sociales "sin necesidad de extender el estado de alarma".

Tras la conversación entre Sánchez y Arrimadas, anunciaron que “Ciudadanos y el Gobierno han iniciado negociaciones para intentar llegar a un acuerdo de cara a la prórroga del Estado de Alarma que se llevará al Congreso esta semana. Ciudadanos sigue trabajando con el objetivo de empezar a elaborar un Plan consensuado y sensato de salida del Estado de Alarma que permita seguir protegiendo en el ámbito sanitario, económico y social a familias, trabajadores, autónomos y pymes”.

Poco más de un día para evitar el "caos" que pronostica el Gobierno.