El Gobierno planea renovar la alarma hasta julio sin tener atados los votos en el Congreso

Desde hace años, en la política española el PNV viene a ser como el canario en la mina: si te abandona es que hueles a cadáver y debes preocuparte. Los canarios son especialmente sensibles a las emanaciones de gas y por eso los mineros del carbón llevaban siempre una jaula con un pajarito para detectar el temido grisú y si el animal se inquietaba era el momento de salir corriendo. Y el PNV se distingue, entre otras cosas, por su sensible olfato político y su fina pituitaria para identificar y anticipar crisis que llegan.

En estas semanas, el PNV ha detectado reiteración de señales erróneas emitidas desde la Moncloa y ha lanzado algunas advertencias que, unidas a las de ERC, han inquietado al Gobierno. No parece que peligre el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, entre otras cosas, porque nacionalistas vascos e independentistas catalanes son conscientes de que no hay alternativa. Saben que fuera de PSOE y Unidas Podemos lo que existe es aún peor para ellos, según explican destacados ministros. Y en eso basan su confianza en la continuidad del Ejecutivo.

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Es decir, no ven peligrar el Gobierno, pero sí algunas decisiones del Gobierno y, sobre todo, se resienten de las heridas provocadas por serios toques de atención por la manera unilateral de proceder. Saben que PNV y ERC no los matarán, pero tiene capacidad para hacerles la vida mucho más difícil.

Pueden dificultar la convalidación de algún decreto y forzar su tramitación como proyecto de ley, como ya hicieron en uno de los últimos plenos.

De hecho, tras quejarse el PNV y ERC de esa unilateralidad y de la falta de comunicación por parte del Gobierno de las decisiones que luego deben apoyar en el Congreso, desde el jueves se ha producido ya un acercamiento de la Moncloa, para intentar apagar el incendio.

Ha habido llamadas para calmar los ánimos de los socios de investidura, pero siempre después de que el canario revoloteara inquieto anticipando el peligro.

Por cierto, que son varios los ministros que no ocultan su sorpresa por el hecho de que no haya un canal permanente de comunicación y de intercambio de información privilegiada con los socios parlamentarios. También con el PP, que siempre termina por apoyar las prórrogas de los estados de alarma, pero especialmente con los socios de investidura. Su toque de atención podría traducirse en cambios en la estrategia y en la forma de coordinarse y movilizar al partido.

En este caso, además, lo que está en juego es nada menos que el mantenimiento del estado de alarma. Una decisión vital en la gestión de la crisis de la pandemia, sobre la que el Gobierno ha apoyado toda su estrategia. Hasta el momento, el Congreso ha aprobado tres prórrogas del estado de alarma. Por ley, el Ejecutivo debe aprobar la alarma por periodos de 15 días que la Cámara va ratificando.

Esta semana varias comunidades han puesto en cuestión ese estado de alarma, probablemente porque les resta competencias, y también lo han hecho diferentes partidos, con distinto grado de dureza y por motivos diferentes. Y el PP y Ciudadanos también han empezado a poner condiciones, aunque siempre hayan terminado apoyando al Gobierno en las votaciones, pasando por encima de quienes les dicen que hay problemas jurídicos con el uso de este instrumento legal, y arrastrando los pies.

Distintos ministros aseguran que el Gobierno no tiene ninguna intención de levantar el estado de alarma. Explican que la intención es mantenerlo hasta que acaben todas las fases de la desescalada, lo que no ocurrirá antes de mediados de julio, como mínimo.

Consideran que es la única forma de mantener unificada la gestión, evitar disfunciones en la desescalada y tener referencia para medidas como las de ayudas económicas o las de interrupción de plazos administrativos y judiciales. Sin pensar en la posibilidad, que nadie desea, de que haya que dar marcha atrás a alguna medida, en cuyo caso habría que volver a decretar el estado de alarma. Sánchez quiere mantener la palanca en sus manos.

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Eso supondría que habría al menos cinco prórrogas más de 15 días y cada una habría que debatirla y votarla en el Congreso, con lo que supone de desgaste.

De hecho, hasta ahora cada prórroga ha ido dejando jirones del Gobierno y ha ido reduciendo el número de votos en el casillero del SÍ. Podría darse la circunstancia en algún momento de una prórroga solo con los votos de PSOE y Unidas Podemos y el resto, la mayoría de la Cámara, abstenciones y algún no. Eso ya ocurrió en la votación de convalidación de un decreto de medidas económicas.

El Gobierno no cree que ni PP, ni Ciudadanos, ni PNV puedan votar no aunque expresen rechazo a la medida.

"No es posible limitar la libertad deambulatoria más que con alarma ahora mismo", asegura una vicepresidenta.

"Voluntad nuestra de levantar el estado de alarma no hay, pero el estado de alarma depende del PP o de la mayoría de la investidura", añade otro destacado miembro del Gobierno.

"No lo veo para nada", responde otra ministra cuando se le pregunta por la posibilidad de que se levante el estado de alarma.

Hay una circunstancia que enturbia esa situación, siempre según fuentes del Gobierno: las elecciones autonómicas vascas. Están suspendidas porque iban a ser el 5 de abril y ahora el 'lehendakari', Íñigo Urkullu, ha insinuado que podrían ser en julio.

"El PNV quiere asegurarse el Gobierno vasco antes de que la crisis social se note en Euskadi, por eso nos tensa la mayoría parlamentaria en un momento muy delicado y tiene enormes peligros de salud pública", aseguran fuentes del Gobierno.

Según esta explicación del Ejecutivo, los nacionalistas vascos necesitan las elecciones antes de verano, porque en otoño la situación económica y social va a ser aún más catastrófica, y para ello precisan que se levante cuanto antes el estado de alarma. El fino olfato del canario detecta lo que viene.

Mientras, el plan de desescalada y el plan de estabilidad han vuelto a reproducir algunas tensiones internas en el Gobierno de coalición, pero esta vez más por la forma de elaborarlos que por el contenido.

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El martes, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, entregó a los miembros del Gobierno su propuesta media hora antes del Consejo de Ministros. Hubo enfado notable del vicepresidente Pablo Iglesias, que retrasó la reunión dos horas para que el texto fuera leído con calma.

Luego en el Consejo se analizó párrafo por párrafo y se introdujeron propuestas de ministros de Unidas Podemos. Sobrevoló la experiencia de una semana antes cuando se anunció la salida de niños a supermercados, farmacias y bancos y hubo que rectificar a las pocas horas.

Por cierto, que aquel episodio se quiso zanjar como un problema de comunicación, pero en realidad el papel que salió de la Moncloa hacia el Congreso, firmado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y con el ministro de Justicia como fedatario del acuerdo del Consejo de Ministros, recogía expresamente la versión de la salida de niños restringida a supermercados, bancos y farmacias.

Del largo Consejo de Ministros de este martes en que se enmendó el plan de Ribera también salió la decisión de incorporar al comité de desescalada a la ministra Yolanda Díaz y al jefe de Gabinete de Iglesias, Julio Rodríguez. Y al grupo de trabajo de Ribera añadieron a Nacho Álvarez, secretario de Estado de Economía Social, y Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos. Todo para evitar que vuelva a producirse esa situación.

Aunque unos días después, de nuevo el sector de Unidas Podemos en el Gobierno se volvió a quejar el jueves por la tarde por no tener información previa del plan de estabilidad que se envía a Bruselas. También en este caso hubo retraso en presentarlo por esa falta de comunicación.

En esa comisión de desescalada es donde se podrá valorar si no hay más remedio que rectificar la intención de levantar el estado de alarma, como consecuencia de la presión de partidos y comunidades y la hipotética falta de apoyos a las prórrogas. A día de hoy, la intención es mantenerla. Salvo que el canario anticipe peligro inminente.