El Gobierno prohíbe actos cerrados con más de mil personas en zonas de riesgo

El Gobierno de Pedro Sánchez adopta un nuevo paquete de medidas para evitar el avance del coronavirus. De manera inmediata, se suspenden todos los vuelos directos entre España e Italia hasta el 25 de marzo, se decreta que todas las personas en aislamiento preventivo se consideren en incapacidad temporal asimilada a la baja profesional, se cancelan todos los viajes del Imserso por espacio de un mes, se obligará a que los eventos deportivos que supongan movimiento de aficionados se jueguen a puerta cerrada (y eso incluye a las ligas de fútbol y baloncesto). Asimismo, se valorará, caso a caso, qué eventos que impliquen aglomeraciones, como Las Fallas o la Semana Santa, se mantienen y cuáles no. Y se suspenderán, pero solo en las zonas de transmisión comunitaria alta (Comunidad de Madrid, La Rioja, Vitoria y Labastida), todas las actividades colectivas en espacios cerrados para aforos de más de mil personas, y en los locales con un aforo menor, se reducirá a un tercio. Todo ello para evitar más contagios en estas zonas de alto riesgo. La pretensión es no llegar, dice el Ejecutivo, al escenario de Italia, que se ha visto obligada a restringir desplazamientos por la expansión descontrolada de la epidemia.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este segundo paquete de medidas drásticas tras la doble reunión en la Moncloa del Consejo de Ministros y de la comisión interministerial de seguimiento del coronavirus, ambas presididas por Pedro Sánchez. A la interministerial, que se prolongó hasta pasadas las 14 horas, acudieron titulares y representantes de todos los departamentos. Por parte de Sanidad, junto a Illa, estuvieron presentes el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco; el subsecretario del ministerio, Alberto Herrera, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Illa recordó que la situación es cambiante, y por tanto podrán adoptarse más iniciativas de contención en los próximos días. También habrá un segundo Consejo de Ministros este jueves para adoptar medidas económicas, una vez Sánchez se encuentre con los agentes sociales, pero irán en la línea de facilitar la conciliación y de estímulos para sostener el tejido productivo.

Illa pasó a relatar la nueva batería de decisiones una vez hizo el balance de contagios. Hasta las 13 horas de este martes, ya habían sido confirmados 1.622 positivos —de ellos, 782 en Madrid, 195 en País Vasco y 144 en La Rioja— y 35 muertes por el coronavirus. De las 1.622 personas infectadas, 101 están en cuidados intensivos. Pasadas las 18:15, Sanidad actualizó los datos: 1.639 positivos (782 en Madrid, 195 en Euskadi y 155 en La Rioja), 135 altas y 36 fallecidos. Actualmente, hay cuatro zonas de transmisión comunitaria significativa del patógeno: a la Comunidad de Madrid y a las ciudades alavesas de Vitoria y Labastida se suma La Rioja.

Las medidas en Madrid, La Rioja, Vitoria y Labastida afectan a teatros, cines, conciertos o discotecas, no a restaurantes, museos o centros comerciales

Precisamente en estos focos de riesgo el Gobierno, de acuerdo con las CCAA, ha determinado suspender las actividades colectivas en espacios cerrados y que tengan un aforo superior a mil personas. En caso de que estas actividades tengan lugar en espacios con un aforo menor, podrán celebrarse únicamente con una ocupación máxima de un tercio. Estas medidas afectan a conciertos, discotecas, locales de ocio, cines o teatros. En restaurantes, centros comerciales, museos o hipermercados, por ejemplo, no operan estas restricciones de aforo, porque se entiende que las personas no están estáticas y pueden guardar una distancia interpersonal de más de un metro. Es decir, que en estos espacios, aunque sean cerrados, las posibilidades de contagio son menores. Por ahora, se permiten las aglomeraciones al aire libre, porque también ese riesgo de infección baja. Por descontado, en estas zonas de transmisión comunitaria alta del virus persistirá el cierre de centros educativos y la recomendación del teletrabajo que se acordó ayer martes.

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Decisión "complementaria" a la de Italia

De entre las iniciativas adoptadas este martes, y de aplicación en toda España, destaca la modificación de la ley de medidas extraordinarias de salud pública, para permitir el suministro centralizado de todos los productos que se consideren necesarios para la protección del Covid-19 y extenderlo a otros productos, como las gafas de protección, explicó el ministro, que hasta ahora no estaban calificados como productos sanitarios.

Los eventos deportivos se jugarán a puerta cerrada y se suspenderán durante un mes los viajes del Imserso. Los vuelos desde Italia, prohibidos 15 días

Dos, la prohibición de vuelos directos desde Italia durante 14 días, desde las 00:01 horas de este miércoles a las 00:00 horas del próximo 25 de marzo, para evitar la propagación del virus. ¿Por qué solo se suspenden los trayectos desde el país transalpino y no a la inversa? El Ejecutivo explicó que esa medida corresponde al Gobierno de Giuseppe Conte, que ya tiene adoptadas restricciones de movimientos. Es decir, que esta decisión es "complementaria" a la que toma Italia, dijo Illa.

Tres, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley para que los trabajadores contagiados o en aislamiento preventivo tengan bajas por enfermedad por contingencia profesional, no por enfermedad común. Es decir, que pagará el Estado las bajas, y no las empresas, y se cobrará la prestación desde el primer día, con un mayor porcentaje de salario (el 75% de la base reguladora).

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"Caso a caso"

Cuatro, se suspenderá durante todo un mes el programa de turismo social del Imserso, a petición de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, la que dirige Pablo Iglesias. De este departamento, de hecho, depende el Instituto de los Mayores. El Gobierno considera que debe proteger a quien es considerada la población más vulnerable.

En las próximas horas se verá si se suspenden las Fallas. Illa defiende que las medidas están encaminadas "a no ir al escenario de Italia"

De común acuerdo con las comunidades autónomas —el ministro destacó en todo momento que todas las medidas se están adoptando de manera pactada—, se ha decidido que todos los eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales, y que impliquen un movimiento importante de aficionados, se jueguen a puerta cerrada. Ello no afecta, por ejemplo, a las liguillas de barrio.

Además, y esta es la sexta medida, todo tipo de eventos que comporte movimientos de población importantes, serán analizados "caso a caso" con las comunidades respectivas. El ministro informó de que esta tarde se estudiará con la Generalitat Valenciana, por ejemplo, qué se hace con las Fallas, ya que a partir de ahora comienza el traslado de los monumentos más importantes y después llegarán sus días grandes, que culminan con la 'cremà', prevista para la noche del 19 de marzo. También el Ejecutivo analizará, "cuando llegue el momento", señaló la titular de Hacienda, María Jesús Montero, si hace falta suspender la campaña electoral de las elecciones vascas y gallegas del 5 de abril. "Lo que está por encima de todo", aseguró la ministra, es la salud de los ciudadanos, y por tanto "ni una campaña electoral" va a estar por encima y se va a imponer a la prioridad, que es contener el avance de la enfermedad.

Illa aseguró que toda esta batería de medidas que están adoptándose —y las que se tomarán en los próximos días, si hace falta— tienen por objetivo proteger la salud pública de todos los españoles y "están encaminadas a no ir al escenario de Italia".

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"Coherencia" y "principio de autoridad"

En ese sentido, si todavía no se ha decidido qué se hará con las Fallas, o con las procesiones de Semana Santa o la Feria de Abril de Sevilla no es por no asumir el coste político de la prohibición. Illa insistió en que se irá valorando según vaya evolucionando el escenario. Subrayó que el ministerio "no va a dejar de tomar decisiones", "cueste lo que cueste", y velando por la salud de los ciudadanos. Sanidad advierte de que los efectos de las medidas se van a "tardar en ver". El cálculo es que los próximos días seguirán registrándose más positivos, pero "en siete u ocho días", según estiman fuentes del Gobierno, se debería percibir una bajada de los casos.

El Gobierno defiende que no ha actuado tarde, y sobre si debió mantener las marchas del 8-M, repite que siempre veló por "proteger la salud pública"

Al Gobierno le persigue la pregunta de por qué permitió la manifestación del 8-M del domingo pasado. Illa volvió a remarcar que la situación de entonces no era igual a la de ayer ni a la del sábado. El escenario, dijo, cambió en la noche del domingo y en la mañana del lunes, con un incremento "muy significativo" de casos, sobre todo en Madrid y en el País Vasco. "No hay ningún otro condicionante que no sea la protección de la salud pública, no hay ningún otro condicionante", reiteró. Illa defendió que el Ejecutivo se ha regido por el criterio de los expertos en todo momento, ha actuado de manera coordinada con las comunidades autónomas y con los socios europeos y con "transparencia informativa". Criterios a los que se suman otros dos: "Coherencia" en las medidas adoptadas y "principio de autoridad", que estas decisiones sean ejecutables. Así, "puede que la situación" del coronavirus sea mañana "diferente a la de hoy", y esto "va a ser así hasta que no venzamos" la enfermedad. El jueves, no obstante, sí deberá rendir cuentas por su gestión en la Comisión de Sanidad del Congreso.

La obsesión es, según el Ejecutivo, no llegar al "escenario de Italia". Y adoptar medidas que son "necesarias" para frenar la expansión del SARS-CoV-2. En ese sentido, señaló el ejemplo de China, que ha logrado reducir el número de casos de manera drástica, aunque con una cuarentena gigantesca en la zona afectada que, hoy por hoy, sería implanteable en España.

Sanidad espera un repunte de casos en los próximos días pero que en una semana, si las medidas son eficaces, comiencen a descender

Este martes por la tarde, tras la reunión del Consejo Europeo por videoconferencia, Sánchez comparece por primera vez en la Moncloa para hablar sobre la situación del coronavirus en España. El jueves, se reunirá con patronal y sindicatos y, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado a continuación, aprobará un plan de choque con medidas que ayuden a mitigar el impacto económico de la epidemia, si bien algunas irán dirigidas a fomentar la conciliación, ahora que los padres de las zonas de riesgo se encuentran con que sus hijos no pueden ir al cole. Montero e Illa también lanzaron un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, porque "no constan" problemas de abastecimiento de alimientos y de productos de higiene en los súper e hipermercados. El ministro de Agricultura, Luis Planas, señaló la titular de Hacienda, está en contacto con las cadenas de distribución y de momento hay suministro y "no hay que hacer ningún acopio".

Salas en los CETI y limitación de acceso a las cárceles

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, también ha establecido que, en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), "se habilite una sala para el supuesto de que fuera necesario proceder al aislamiento de alguna persona, siguiendo las recomendaciones el Ministerio de Sanidad".

Además, según informó la Moncloa en un comunicado, ya se están realizando labores de monitorización de grupos vulnerables a Covid-19 y se ha recomendado "el uso de los protocolos propuestos por Sanidad en los centros gestionados por otras instituciones".

Tras el cambio de escenario (el paso a "contención reforzada"), Instituciones Penitenciarias ha tomado medidas "para limitar los accesos durante 14 días a prisiones y centros de inserción social situados en Madrid, Vitoria y Labastida", los puntos de alta transmisión comunitaria del coronavirus.

Así, se suspenden las comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas y las comunicaciones con letrados y ministros de culto se realizarán "exclusivamente a través de locutorio".

Estas medidas, "que garantizan la protección del personal sanitario penitenciario y de las personas privadas de libertad, consideradas colectivo de alto riesgo, afectarán a las siete prisiones y los tres centros de inserción social de la Comunidad de Madrid, al Centro Penitenciario Araba y al Centro Penitenciario de Logroño", concluyó la Moncloa.