Un sector del Gobierno duda de la 'reforma Junqueras' y busca otra vía que sirva a ERC

El Gobierno se ha topado con dificultades técnicas en la reforma de la sedición y algunos de sus miembros han comenzado a dudar de las posibilidades de sacar adelante una iniciativa que sea aplicable a Oriol Junqueras y al resto de presos del 'procés' y que, además, esté dotada de un encaje legal adecuado. Según informan a El Confidencial fuentes gubernamentales y jurídicas, los trabajos sobre el borrador del texto han evidenciado problemas para englobar en una pena baja los delitos por los que se condenó al líder de ERC, incluida la malversación. La idea inicial era ajustar la reforma a la medida de los hechos probados que llevaron a condenarle pero con la mitad de años: un salto de los 13 a los siete. Esta posibilidad no sirve, sin embargo, para exonerar de forma rápida al de Esquerra y, por ello, no cumple las expectativas de su partido, que puso esta modificación penal como condición para el apoyo a la investidura. El Ejecutivo valora, por ello, otras vías que agraden a ERC entre las que se incluye el indulto.

Una de las opciones que barajaba el Ministerio de Justicia desde la puesta en marcha efectiva del Gobierno que lidera Pedro Sánchez era la de hacer prevalecer la proporcionalidad necesaria, el equilibrio con los años por los que se castigan otros delitos, y establecer un cómputo de siete años, articulado a través de un subtipo de la actual sedición que incorporara el uso de fondos públicos para englobar la malversación. No obstante, ese cálculo presentaría desigualdades inasumibles con el delito de malversación a secas: "Provocaría que los políticos condenados por desviar dinero de las arcas para, por ejemplo, sus bolsillos quedaran penados con más años que aquellos que hicieran lo mismo para poner en marcha una sedición", aseguran las fuentes consultadas.

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Pese a ello, el Ejecutivo consideraba que la reforma podía servir para lanzar un gesto. El argumento definitivo de los que dudan contra su puesta en marcha ha sido el cálculo de ERC, que ha perdido la fe en la iniciativa que en un inicio defendió. Primero fue el escollo de la malversación, que se aplicó a su jefe de filas en concurso medial, coartando cualquier rebaja por debajo de los siete años. Después, la concesión de beneficios penitenciarios para prácticamente todos los presos, que ahora ya disfrutan de un régimen de semilibertad. "¿Si la reforma no le sirve a los nuestros a quién le sirve?", se preguntó el partido. La respuesta se encuentra en Bruselas: a Carles Puigdemont y al resto de huidos. Si la sedición baja, serán ellos quienes reciban una condena menor por efecto del ajuste. Y la idea no es del agrado de Esquerra.

El Gobierno ha tenido en cuenta además que, haga lo que haga, no hay garantía alguna de que la reforma le sirva a Junqueras como un traje. Porque no depende del Ejecutivo aplicarla, depende del Tribunal Supremo. La Sala que preside Manuel Marchera revisará de oficio, es decir, sin necesidad que nadie lo reclame, si una modificación de los delitos por los que se condenó a Junqueras y al resto de miembros del Govern y las asociaciones soberanistas es aplicable o no lo es. Será, así, la Sala Segunda quien tenga que interpretar si la reforma que finalmente se implemente es aplicable al caso concreto de los políticos catalanes.

Dentro de la coalición hay quien, sin embargo, continúa defendiendo la reforma. El mantra que se repetía con distintas voces desde el Ejecutivo -la necesidad de adaptar la legislación penal "a los estándares europeos"- tiene especial calado en las filas de Podemos. La parte morada de la formación apoya aún los cambios y lo mismo sucede con algunos de los integrantes socialistas del Ejecutivo. Está por ver si esta diferencia de visión da pie a un nuevo tira y afloja. Una de las opciones que se baraja es la de combinar la modificación de la norma con un indulto parcial que sería previo a la entrada en vigor del nuevo Código Penal, indican las fuentes consultadas.

Esta misma semana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, indicó en el Senado que las penas por sedición que recoge en la actualidad el Código Penal son "inusitadamente altas" y tachó el delito como "decimonónico". "Fue pensado para dar respuesta a una conducta propia de hace dos siglos", manifestó, poniendo el acento en que su origen se remonta al año 1822.

El indulto

Mientras tanto, a falta de efectividad de la reforma, el indulto ha vuelto a ganar fuerza. Es, además, buen colchón para una mesa de diálogo en la que más temprano que tarde se tratará la solución que sí beneficiaría de forma inmediata a los condenados. Y que se abrió este miércoles. Descartada la amnistía, que se considera inconstitucional, queda esta opción de gracia. Junqueras ha indicado en varias entrevistas que no prevé pedirla. Incluso lo ha dicho de forma más bien contundente: "El indulto se lo pueden meter por donde les quepa", aseguró a 'Nació Digital' el octubre pasado. Sin embargo, no es necesario que el afectado lo pida personalmente.

En el caso del indulto, aunque la prerrogativa de concederlo es del Ejecutivo, el Tribunal Supremo se encargaría de revisarlo. También informaría la Fiscalía. La gracia es siempre de carácter excepcional y consiste en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme. Requiere, para su tramitación, de la elaboración de un informe del tribunal sentenciador. En este caso, es más que previsible que ese informe no fuera favorable y que el Ejecutivo tuviera que proceder contra el criterio del TS.

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Además la Sala Tercera del Tribunal Supremo también interviene si se interpone recurso. El margen del tribunal para impugnar indultos es, pese a todo, limitado. La Sala Tercera revisa, en realidad, la corrección en su concesión, es decir, si existen errores en el procedimiento. En el caso de los condenados del 'procés', es previsible que ese informe mencionado no fuera favorable y que el Ejecutivo tuviera que proceder contra su criterio.

Desde lo contencioso se han tumbado varios indultos, cinco en total. El caso más reciente, de 2018, anuló la gracia parcial a una mujer condenada a seis meses de prisión por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre, condenado en su día a 21 meses de prisión por malos tratos. En 2013, se anuló el concedido por el Gobierno de Zapatero al exvicepresidente del Banco Santander Alfredo Sáenz. Ha habido otros casos, aunque quizá el más conocido sea la anulación de la gracia al conocido como kamizake de Valencia, que se tumbó por falta de argumentación.