Ve indicios de delito

La jueza manda policías a Barajas para que Aena no borre las cintas del Delcygate

Exige conservar las cintas que acreditan la presencia de Delcy en el aeropuerto y su posible acceso a una sala vip, donde permaneció hasta partir a Doha "en contravención de la decisión marco de la UE"

Foto: El ministro de Transportes, José Luis Ábalos. (EFE)
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos. (EFE)

Una jueza de instrucción de Madrid ordenó la tarde del martes a Aena que conserve las imágenes del encuentro que mantuvieron en Barajas el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. La magistrada Susana Trujillano ha atendido la petición del PP, que este mismo martes ha presentado un escrito en el que reclamaba que se evitara de urgencia la destrucción de las imágenes del paso por el aeropuerto de la dos de Nicolás Maduro, el pasado 20 de enero. La jueza llegó a enviar a Barajas a la Policía Nacional con el requerimiento para asegurarse de que el contenido de las cintas no era destruido al cumplirse el mes del encuentro, plazo que expiraba anoche. Aena, dependiente de Fomento, afirmó que ya ha cumplido con el requerimiento.

La jueza manda policías a Barajas para que Aena no borre las cintas del Delcygate

Por la ley de protección de datos, las grabaciones de las cámaras de seguridad deben conservarse durante un mes. Como el encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez fue el 19 de enero por la noche, el plazo estaba a punto de expirar y el PP acudió al juzgado de guardia para evitarlo. Aena depende del Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos y su presidente es el socialista Maurici Lucena. La empresa pública afirmó que ha cumplido el requerimiento.

En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la jueza de instrucción 7 de Madrid pide en concreto que se mantengan las cintas que acreditan la presencia de Delcy en el aeropuerto y su posible acceso a una sala vip, donde permaneció hasta que partió con rumbo a Doha "en contravención de la decisión marco de la UE". Apercibe a Aena de que si no acata su orden incurrirá en un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Reclama las imágenes grabadas a través del circuito de videovigilancia que, según avisaban los populares, se destruyen transcurrido un mes. Fuentes del organismo han asegurado a este diario que cumplirán el requerimiento judicial.

"Lo expuesto podría integrar, a juicio del denunciante, un delito de prevaricación administrativa, castigado con pena de inhabilitación", avisa el auto, que añade que en este caso, de lo expuesto "se desprenden indicios racionales de hecho delictivo". Es por ello que atiende a lo solicitado por la formación que lidera Pablo Casado, ya que las primeras diligencias a practicar ante una sospecha exigen "consignar las pruebas de delito que puedan desaparecer".

La magistrada, que se encontraba de guardia y enviará el asunto a reparto, reproduce lo sucedido durante la madrugada del 20 de enero y, citando declaraciones de Ábalos, indica que este evitó que la policía practicara la deportación de Delcy Rodríguez pese a ser "uno de los 25 dirigentes de la República Bolivariana de Venezuela sancionados, lo que incluye prohibición de viajar al territorio de la UE, los tránsitos o escalas en cualquier terminal y la obligación de cualquier Estado miembro de adoptar las medidas necesarias para evitar que entre o transite por él".

Extracto del auto.
Extracto del auto.

El partido defendía en su denuncia que se omitieron deliberadamente los trámites de ingreso de ciudadanos en el aeropuerto y considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación para el que la existencia de esas grabaciones resultaría clave. El escrito se basa en que no se impidió el tránsito de la aeronave en la que viajaba la dos de Maduro a pesar de lo dispuesto en la normativa europea y se permitió "que transitara por el territorio nacional sin adoptar las medidas a las que obligan las disposiciones europeas". También señala que Delcy Rodríguez no fue sujeta a control de fronteras y documental, que es preceptivo.

En su denuncia, el PP ponía en conocimiento de la jueza de guardia que solicitó el pasado 31 de enero a la Fiscalía que actuara y que, por el momento, no ha tenido noticia de que se hayan llevado a cabo actuaciones para esclarecer lo sucedido. También precisa que el 6 de febrero requirió a Aena, a través de un burofax, que se abstuviera de destruir las imágenes.

Reclamó que se apercibiera al responsable de tratamiento de datos del aeropuerto de que podría incurrir en responsabilidades, incluso penales, si se ordenaba el borrado de las imágenes pese a la existencia de denuncias formales por lo ocurrido. Solicitaba, además, que se pusieran las grabaciones en poder del Ministerio Público. Según explica, las captaciones de cámaras de vigilancia se eliminan transcurrido un mes "salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas".

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