España rechaza la extradición a EEUU de un ex alto cargo del Gobierno de Hugo Chávez

La Audiencia Nacional ha denegado la extradición del viceministro de Desarrollo Eléctrico y ejecutivo de la estatal petrolera PDVSA entre 2010 y 2014, Javier Alvarado Ochoa, a Estados Unidos, país donde se le investiga por delitos que según el Código Penal español serían constitutivos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal señalan en el auto que la extradición de Alvarado Ochoa (Caracas, 1955) se rechaza por su doble nacionalidad hispano-venezolana y porque está siendo investigado en España en otra causa donde se le imputan delitos similares. El pasaporte español lo posee desde diciembre de 2017. La propia Audiencia Nacional investiga a Alvarado Ochoa y otros cómplices por supuestamente haber facilitado mediante la aceptación de sobornos la adjudicación a la empresa Duro Felguera de la construcción de una planta eléctrica de ciclo combinado en Venezuela por un valor de 1.500 millones de dólares.

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EFE

Alvarado Ochoa, alias 'Eléctrico', fue detenido en mayo pasado por orden de la Audiencia Nacional siguiendo una solicitud de extradición de un tribunal del Distrito Sur de Texas y fue enviado a prisión por el titular del Juzgado Central de Instrucción 4, José Luis Calama.

El fallo recoge los hechos que constan en la documentación aportada por las autoridades judiciales de Texas, que detallan cómo Alvarado, en unión con otros directivos de entidades pertenecientes a PDVSA, formó un grupo criminal estable ubicado en Estados Unidos, dedicado a obtener sobornos de proveedores de la entidad estatal PDVSA con la finalidad de obtener fraudulentamente grandes sumas de dinero, que en este caso —investigado en un tribunal de Houston— superarían los 50 millones de dólares. La organización criminal habría asegurado varios contratos públicos del sector energético venezolano a otras empresas de Estados Unidos y Europa a cambio del cobro de sustanciosos cohechos. Según los autos de acusación del tribunal de Houston, el dinero conseguido de forma ilícita se habría canalizado a través de sociedades estadounidenses y enviado al extranjero, principalmente a bancos de Suiza.

El escrito de la Audiencia Nacional subraya que los beneficios de la organización criminal habrían sido parcialmente blanqueados en España mediante la adquisición de inmuebles y la creación de sociedades, de lo que ya informó este diario en julio pasado. El fallo explica que esa misma situación se habría replicado en otros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Malta, Suiza, Belice e Isla Mauricio.

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional se manifestó a favor de la extradición de Alvarado Ochoa. Al Ministerio Público le cabe aún la opción de recurrir la decisión ante el pleno de la Sala de lo Penal, como ocurrió el pasado noviembre con el hoy fugado Hugo Armando Carvajal, antiguo jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela.

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El tribunal de Houston que reclama a España la extradición de Alvarado Ochoa lo investiga a él, a otros cinco altos funcionarios y cargos políticos del chavismo relacionados con la gestión del sector energético de Venezuela y a empresarios afincados en Estados Unidos. Estos últimos, según el escrito de acusación de la corte tejana, pagaron sobornos cifrados en decenas de millones de dólares a los ejecutivos de PDVSA con el fin de lograr la licitación de contratos. El dinero obtenido lo habrían trasladado principalmente a bancos suizos, panameños y estadounidenses por medio de sociedades creadas 'ad hoc' en paraísos fiscales.

Una memoria interna del banco suizo Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) reflejaba en junio de 2013 que Javier Alvarado Ochoa tenía entonces una fortuna que superaba los 20 millones de dólares. Era titular de cuentas en los bancos Great Southern Bank, Davos Bank o Morgan Stanley, según la nota.

Este hombre de confianza de algunos mandamases del último Ejecutivo de Hugo Chávez ejerció como viceministro de Desarrollo Eléctrico y ejecutivo de la estatal petrolera PDVSA hasta que se trasladó a España para residir en Madrid desde 2014. También está siendo investigado en nuestro país por el caso Duro Felguera, causa por la que se juzga si esta compañía asturiana de ingeniería habría pagado sobornos a altos funcionarios de Venezuela para asegurarse la licitación de un contrato de 1.500 millones para construir una central de ciclo combinado. Parte del dinero que Alvarado Ochoa presuntamente desvió de los caudales públicos lo invirtió en España con su nombre y testaferros.

El auto de detención de la Audiencia Nacional trasladaba las acusaciones de la Justicia estadounidense: Alvarado y sus cómplices "blanquearon las ganancias del plan de soborno a través de una serie de transacciones financieras complejas". Subraya que "solicitaron asistencia para abrir cuentas bancarias en bancos suizos y portugueses para canalizar los sobornos desde, hacia y a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final".

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"Los pagos de los sobornos se enviaron a varios destinatarios distintos de los directivos de PDVSA previstos, incluidas empresas, intermediarios, familiares, amigos, acreedores y asociados personales cercanos de los directivos de PDVSA así como a empresas controladas por Alvarado, con el propósito de ocultar y disfrazar la naturaleza, la fuente y propiedad de los pagos", señala el escrito de orden de detención internacional.

Caso Duro Felguera

El escrito de la querella de la Fiscalía Anticorrupción de septiembre de 2017 al que tuvo acceso El Confidencial y las declaraciones hasta ahora realizadas por los acusados desde que comenzara la instrucción en la Audiencia Nacional señalan a Javier Alvarado; Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica entre 2002 y 2006, y su esposa, Milagros Coromoto; Luis Barrios Melan, supuesto testaferro de Villalobos; Julia Van Den Brule, exabogada del Ministerio de Energía venezolano, y los entonces dirigentes de Duro Felguera Ángel Antonio del Valle Suárez, consejero delegado, y Juan Carlos Torres Inclán, presidente.

El relato de los hechos es básicamente como sigue: se constituyó la llamada UTE Termocentro para construir una central de ciclo combinado que paliara en parte los problemas de crisis eléctrica en Venezuela por un valor de licitación de 1.500 millones. La conformaron en un principio la venezolana Técnicas Reunidas Terca CA, cuyo presidente era Luis Barrios Melean, y Duro Felguera. Firmaron dos primeros contratos en 2008.

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Un tercer contrato, de abril de 2011, fue firmado por Duro Felguera, Terca e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía CA (Ingespre), esta última sociedad propiedad al 50% de Villalobos y su esposa. Terca cedió entonces todos los derechos a Ingespre sin contraprestación alguna, lo que hace sospechar a la Fiscalía Anticorrupción que realmente Barrios Lean era un testaferro de Villalobos y que Terca era controlada por este desde un principio. Solo apareció cuando se habían cumplido los cuatro años de incompatibilidad por haber sido viceministro. El tribunal de Houston también solicitó la entrega de Villalobos, pero en febrero pasado fue denegada por la Audiencia Nacional para no dilatar la instrucción de la causa de Duro Felguera.

Indica el escrito de la Fiscalía: "Existen varios elementos que permiten concluir que este contrato fue ficticio y solo fue una apariencia jurídica para realizar pagos a Villlalobos para conseguir sus favores e influencias ante las autoridades venezolanas". Añade el escrito: "Entre estas autoridades, estaban los querellados Javier Alvarado Ochoa y Julia Van Den Brule, abogada del Ministerio de Energía de Venezuela, que recibió, al menos, un pago de 70.000 euros, en 2009".

Concluye la Fiscalía que el investigado Villalobos habría recibido de Duro Felguera para conseguir la licitación más de 105 millones de dólares transferidos a sus cuentas bancarias en Suiza, España y Estados Unidos. Entre las sociedades controladas por él —entre las citadas por la instrucción judicial y las halladas por la investigación— están Kingsway Holdings Overseas Ltd, registrada en Islas Vírgenes Británicas, Kingsway Lda, de la isla portuguesa de Madeira, Vamshore Enterprises Limited SA, de Panamá, Kinsway Europe SL, de España, y Auyantepuy INC, de Estados Unidos. Las actividades de todas ellas están relacionadas con proyectos especializados en las áreas de electricidad, petróleo y gas.

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En sus declaraciones al juez, Villalobos admitió que había firmado una comisión del 5,5% de la operación, aunque no aceptó ninguna práctica irregular en sus servicios técnicos de consultoría energética. Solo reconoció haber cobrado los 26 millones de dólares del tercer contrato con Ingespre, no los otros 89 hasta los 105 que plantea la Fiscalía.

Reclamado también en Venezuela

Un archivo interno de un banco suizo reza que Alvarado Ochoa "es un cliente cualificado que no representa mayor riesgo", aunque ocupó cargos ejecutivos en empresas públicas como Bariven, una filial de PDVSA, o Corpoelec, hasta febrero de 2013. Alvarado Ochoa era una persona políticamente expuesta (PEP) cuando abrió su cuenta el 11 de julio de 2011 en un banco helvético, pero pasó los filtros de la institución financiera sin verse sometido a un examen detallado.

Estos datos y otros fueron publicados en la investigación Venezuela Leaks, realizada por El Confidencial junto a otros medios de Venezuela ('Armando.info', 'El Pitazo' y 'Runrun.es') en 2018. Los hechos no pasaron desapercibidos para el Tribunal Supremo de Justicia del país caribeño y para su fiscal general, Tarek William Saab. En noviembre de 2018, solicitaron a España la extradición de Javier Alvarado y su presunto cómplice, Nervis Villalobos. El comunicado del Supremo rezaba que ambos serían "sometidos en territorio venezolano a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación".