EEUU pide la extradición de un exalto cargo de Chávez: opera en España con testaferros

Una memoria interna de un banco suizo reflejaba en junio de 2013 que Javier Alvarado Ochoa tenía entonces una fortuna que superaba los 20 millones de dólares. Era titular de cuentas en los bancos Great Southern Bank, Davos Bank o Morgan Stanley, según la nota. El jueves pasado, Alvarado Ochoa, fue detenido por orden de la Audiencia Nacional siguiendo una solicitud de extradición de un tribunal de la ciudad tejana de Houston y fue enviado a prisión por el titular del Juzgado Central de Instrucción 4, José Luis Calama.

Este hombre de confianza de algunos mandamases del último Ejecutivo de Hugo Chávez ejerció como viceministro de Desarrollo Eléctrico y ejecutivo de la estatal petrolera PDVSA entre 2010 y 2014, año en que se trasladó a España para residir en Madrid. También está siendo investigado en nuestro país por el caso Duro Felguera, causa por la que se juzga si esta compañía asturiana de ingeniería habría pagado sobornos a altos funcionarios de Venezuela para asegurarse la licitación de un contrato de 1.500 millones para construir una central de ciclo combinado. Parte del dinero que Alvarado Ochoa presuntamente desvió de los caudales públicos los invirtió en España con su nombre y testaferros.

El auto de detención de la Audiencia Nacional traslada las acusaciones de la justicia estadounidense: Alvarado y sus cómplices "blanquearon las ganancias del plan de soborno a través de una serie de transacciones financieras complejas". Subraya que "solicitaron asistencia para abrir cuentas bancarias en bancos suizos y portugueses para canalizar los sobornos desde, hacia y a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final".

"Los pagos de los sobornos se enviaron a varios destinatarios distintos de los directivos de PDVSA previstos, incluidas empresas, intermediarios, familiares, amigos, acreedores y asociados personales cercanos de los directivos de PDVSA así como a empresas controladas por Alvarado con el propósito de ocultar y disfrazar la naturaleza, la fuente y propiedad de los pagos", señala el escrito de orden de detención internacional.

Alvarado Ochoa ha canalizado parte de sus activos en España a través de dos sociedades donde no hay rastro de su nombre

El tribunal de Houston que reclama a España la extradición de Alvarado Ochoa lo investiga a él, a otros cinco altos funcionarios y cargos políticos del chavismo relacionados con la gestión del sector energético de Venezuela y a empresarios afincados en Estados Unidos. Estos últimos, según el escrito de acusación de la corte tejana, pagaron sobornos cifrados en decenas de millones de dólares a los ejecutivos de PDVSA con el fin de lograr la licitación de contratos. El dinero obtenido lo habrían trasladado principalmente a bancos suizos, panameños y estadounidenses por medio de sociedades creadas 'ad hoc' en paraísos fiscales.

Inversión en España y testaferros

Según pasan los años y según se suceden las investigaciones judiciales y periodísticas, se va conociendo que muchas de las personas que han formado parte de los gobiernos chavistas y que se han beneficiado de tramas de corrupción han invertido en España.

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En el caso que nos ocupa, Alvarado Ochoa invirtió en sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria y a actividades de intermediación de operaciones de valores y otros activos, según se observa en el Registro Mercantil.

En septiembre de 2014, ya afincado en España, creó Catalufa Inversiones Inmobiliarias SL, sociedad que fue liquidada en 2017. Nunca tuvo empleados y se registró con un capital social de 3.000 euros.

Durante sus años al mando del sector eléctrico venezolano y cuando presidía Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) entabló una relación muy estrecha con Cecirée Carolina Casanova Rangel (1980), por aquel entonces directora de recursos humanos de esa compañía estatal de Venezuela. Junto a ella, Alvarado Ochoa ha canalizado parte de sus activos a través de dos empresas más: Cocuiza SL y Clavo y Canela 2000 SL, creadas en 2012 y 2013, respectivamente. Ambas empresas tienen como accionista única a la amiga de Alvarado Ochoa. La primera tiene un capital social de 800.000 euros en la actualidad.

Las dos sociedades de Casanova Rangel tienen su domicilio social en la calle Juan Ramón Jiménez de Madrid. La misma dirección fue usada por Catalufa Inversiones Inmobiliarias hasta que se extinguió. Sin embargo, no hay rastro del nombre de Javier Alvarado en Cocuiza y Clavo y Canela.

Reclamado también en Venezuela

Un archivo interno de un banco suizo reza que Alvarado Ochoa "es un cliente cualificado que no representa mayor riesgo", aunque ocupó cargos ejecutivos en empresa públicas como Bariven, una filial de PDVSA, o Corpoelec hasta febrero de 2013. Alvarado Ochoa era una persona políticamente expuesta (PEP) cuando abrió su cuenta el 11 de julio de 2011 en un banco helvético, pero pasó los filtros de la institución financiera sin verse sometidos a un examen detallado.

Estos datos y otros fueron publicados en la investigación Venezuela Leaks, realizada por El Confidencial junto a otros medios de Venezuela ('Armando.info', 'El Pitazo' y 'Runrun.es') en 2018. Los hechos no pasaron desapercibidos par el Tribunal Supremo de Justicia del país caribeño y para su fiscal general, Tarek William Saab. En noviembre de 2018, solicitaron a España la extradición de Javier Alvarado y su presunto cómplice, Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica entre 2002 y 2006. El comunicado del Supremo rezaba que ambos serían "sometidos en territorio venezolano a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación".

Caso Duro Felguera

El escrito de la querella de la Fiscalía Anticorrupción de septiembre de 2017 al que tuvo acceso El Confidencial en exclusiva y las declaraciones hasta ahora realizadas por los acusados desde que comenzara la instrucción en la Audiencia Nacional señalan a Javier Alvarado; Nervis Villalobos y su esposa, Milagros Coromoto; Luis Barrios Melan, supuesto testaferro de Villalobos; Julia Van Den Brule, exabogada del Ministerio de Energía venezolano; y los entonces dirigentes de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle Suárez, consejero delegado, y Juan Carlos Torres Inclán, presidente.

El relato de los hechos es básicamente como sigue: se constituyó la llamada "UTE Termocentro" para construir una central de ciclo combinado que paliara en parte los problemas de crisis eléctrica en Venezuela por un valor de licitación de 1.500 millones. La conformaron en un principio la venezolana Técnicas Reunidas Terca C. A., cuyo presidente era Luis Barrios Melean, y Duro Felguera. Firmaron dos primeros contratos en 2008.

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Un tercer contrato, de abril de 2011, fue firmado por Duro Felguera, Terca e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, C. A. (Ingespre), esta última sociedad propiedad al 50% de Villalobos y su esposa. Terca cedió entonces todos los derechos a Ingespre sin contraprestación alguna, lo que hace sospechar a la Fiscalía Anticorrupción que realmente Barrios Lean era un testaferro de Villalobos y que Terca era controlada por este desde un principio. Solo apareció cuando se habían cumplido los cuatro años de incompatibilidad por haber sido viceministro.

Indica el escrito de la Fiscalía: "Existen varios elementos que permiten concluir que este contrato fue ficticio y solo fue una apariencia jurídica para realizar pagos a Villlalobos para conseguir sus favores e influencias ante las autoridades venezolanas". Añade el escrito: "Entre estas autoridades estaban los querellados Javier Alvarado Ochoa y Julia Van Den Brule, abogada del Ministerio de Energía de Venezuela que recibió, al menos, un pago de 70.000 euros, en 2009".

Concluye la Fiscalía que el investigado Villalobos habría recibido de Duro Felguera para conseguir la licitación más de 105 millones de dólares transferidos a sus cuentas bancarias en Suiza, España y Estados Unidos. Entre las sociedades controladas por él —entre las citadas por la instrucción judicial y las halladas por la investigación— están Kingsway Holdings Overseas Ltd registrada en Islas Vírgenes Británicas, Kingsway Lda. de la isla portuguesa de Madeira, Vamshore Enterprises Limited S.A. de Panamá, Kinsway Europe, SL de España y Auyantepuy, INC de Estados Unidos. Las actividades de todas ellas relacionadas con proyectos especializados en las áreas de electricidad, petróleo y gas.

En sus declaraciones al juez, Villalobos admitió que había firmado una comisión del 5,5 por ciento de la operación, aunque no aceptó ninguna práctica irregular en sus servicios técnicos de consultoría energética. Solo reconoció haber cobrado los 26 millones de dólares del tercer contrato con Ingespre, no los otros 89 hasta los 105 que plantea la Fiscalía.